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La cuestión se vuelve espesa cuando dicha actividad es captada a través de imágenes y sonidos, se los retransmiten por esos adminículos que tienen la capacidad de archivar imágenes, videos, textos, etc. conocidos como teléfonos celulares.
Y cuando la actividad penetra el espacio virtual a través de cualquier medio la pregunta es ¿la persona al retransmitir dichas imágenes voluntariamente no está cediendo su derecho a la intimidad?
En estos casos se trata, una vez más, de encontrar el delicado punto de equilibrio entre el derecho de informar que tienen los medios de comunicación, el derecho a ser informado que tiene el público en general, el debido resguardo de la intimidad y el honor de las personas.
En Argentina se recuerda un caso relacionado a Ricardo Balbín –emblemático líder radical fallecido– cuya imagen fue captada sin autorización de la familia cuando este se hallaba postrado en una camilla.
La gráfica fue difundida por una revista perteneciente a la Editorial Atlántida, la más poderosa de ese país, y motivó una demanda contra la misma.
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina ordenó el pago de una indemnización a la familia Balbín por la publicación no autorizada de las tomas fotográficas.
Comprensible el dolor que causa ver al ser querido enfermo cuya imagen se publica sin que ningún familiar lo haya autorizado.
Sin embargo en nuestro medio debe ser motivo de riguroso análisis lo que implica el derecho a la intimidad, el resguardo a la imagen, libertad de expresión con el uso de los espacios virtuales, cuando se trata de imágenes captadas en forma voluntaria y retransmitidas de la misma forma por sus protagonistas.
A veces no se trata precisamente de imágenes que captan el dolor de uno… sino todo lo contrario
Un medio de comunicación de carácter usual, llámese revistas, periódicos, radio y televisión, cuenta con dirección responsable en todos los casos y tiene la capacidad de discernir en difundir una información de interés público y de la que no lo es.
Estos medios son radicalmente diferentes a los llamados espacios virtuales. Los medios de comunicación tradicionales arriesgan al difundir una información, demandas judiciales, persecución de sus periodistas y hasta la muerte de los mismos en forma violenta en cumplimiento de sus deberes profesionales.
Los que difunden información por medio de la red, lo hacen libre e irresponsablemente en la mayoría de los casos.
En nuestro medio, estos son prácticamente incontrolables, cualquiera puede crear un perfil falso y a través de una webpage, difundir imágenes, videos, etc., intervenir en foros, comentar informaciones en forma inapropiada, procaz y hasta grotesca sin que uno lo pueda impedir, incluso se crean periódicos digitales cuya dirección resulta ignota, hecho para determinada ocasión y que luego desaparecen del espectro electromagnético.
Aclaremos, las redes sociales pueden ser de gran utilidad ciudadana. Usualmente lo son, cuando las mismas son creadas para agrupar a personas con un interés común o acceder a espacios de difusión que pueda interesar a la ciudadanía, pero fácilmente manipulables por personas que bastardeando el acceso y el derecho a difundir información, no tienen ningún miramiento en distorsionar hechos, atacar la imagen y la honorabilidad de las personas, tal vez porque no les caiga bien o vaya saber a qué intereses responden.
Si el lector desea saber el alcance de los innumerables abusos que a diario se perpetran a través de los espacios virtuales, basta simplemente seguir los comentarios de los medios digitales en donde los internautas con nombres tan “identificables” como Luna, Yeruti, Amapola, etc. no tienen ningún empacho en atacar hasta si se quiere en forma indecente a las personas que son mencionadas en la información.
En campañas electorales la cuestión sube de tono y basta simplemente recordar las últimas elecciones presidenciales y municipales en donde los calificativos y hechos inventados “adornaban” los comentarios de quienes accediendo a los medios digitales, sin ningún obstáculo desplegaban su vocabulario soez sin que obviamente los afectados pudieran acallarlos.
El nuestro tal vez sea el único país donde una persona de nombre, perfil e imagen inventada pueda crearse una cuenta, acceder a los diarios digitales e irresponsablemente comentar en forma desmesurada una información.
Algunos en determinadas redes sociales, crean espacios como las que existen en la actualidad y en forma sistemática etiquetan de manera atroz a personas y entidades sobre todo las que tienen alguna membresía pública.
¿Se puede detener esta anomalía de las redes sociales? claro, pero los trámites son por demás engorrosos; se tendrá que solicitar informes a los buscadores cuyas oficinas usualmente se encuentras en Palo Alto, California y por los conductos correspondientes intentar identificar a los responsables de los perfiles falsos para luego pensar en una acción judicial.
El mal uso de las redes sociales hasta la fecha no provoca ninguna molestia en nuestro medio a sus malos usuarios.
La legislación con la que contamos es inexistente o deficiente; nuestros legisladores deberían dimensionar el problema, no se trata simplemente del agravio que pudiera ocasionársele a una persona pública o no, sino el día de mañana no faltarán quienes sin dificultad inicien campañas contra empresas, productos e instituciones.
Resulta obvio que estamos a la distancia de un clic en un mundo globalizado; internet es una poderosa y útil herramienta de difusión, de hecho en nuestro medio, todas las empresas e instituciones privadas y públicas cuentan con su portal digital.
A esta última por la ley de acceso a las informaciones se permite acceder y controlar el uso de los bienes ciudadanos confiados a los administradores; indudablemente un paso de gigante en favor de la transparencia.
En cuanto al uso de los teléfonos celulares y sus aplicaciones que facilitan la comunicación, así como el uso de la red está por lejos de ser privado; todo queda registrado en algún lugar, y la advertencia que se suele escuchar en los foros internacionales es “no existen filtros que valgan para los malintencionados”.
* Juez Penal, doctor en Ciencias Jurídicas y máster en Ciencias Políticas.