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Las Comisiones Nacionales de Reforma Penal y Judicial del Congreso iniciaron el estudio del paquete de 11 proyectos de leyes presentados por el Poder Ejecutivo con el fin de impedir que Paraguay regrese a la “lista gris” de países lavadores de dinero.
Los legisladores expresaron los temores de que estas normas puedan usarse como instrumento de persecución política por otorgarle facultades extraordinarias a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados (Senabico).
Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial iniciaron el lunes pasado las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno transnacional”.
Entre las voces que cuestionaron la leyes se mencionan las de los senadores Desirée Masi (PDP), Víctor Ríos (PLRA), Fernando Lugo (FG), Dionisio Amarilla (PLRA) y Fidel Zavala (PQ), entre otros. Estos parlamentarios pidieron precisiones sobre los alcances de las leyes.
El senador Ríos aseveró que, por ser estas leyes parte de una agenda de exigencia regional, deberán ser aprobadas, pero destacó la necesidad de que se eviten los abusos y se adapten a la realidad política y económica de nuestro país.
El lunes pasado, la mesa que es presidida por los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Ramón Romero Roa (ANR), solo pudo estudiar parcialmente un proyecto de ley a lo largo de la mañana y la tarde.
Los senadores y jueces fueron los principales críticos de las propuestas calificadas de “enlatadas”; “llena de ambigüedades” y “subjetivas” que estarán sujetas a la “interpretación” y no a la “realidad del país”.
Los magistrados presentaron propuestas paralelas que serán estudiadas ante el pleno de la Cámara de Senadores el 7 de mayo próximo.
El punto más temido por el empresariado era eliminar la “Prejudicialidad” sobre la evasión de impuestos, que finalmente fue excluido del paquete de proyectos de leyes.
El exdiputado Eber Ovelar (ANR), representante del Poder Ejecutivo, visiblemente frustrado pidió avanzar en el debate. Tras cabildeos, acordaron una agenda más estricta y una metodología de debate más disciplinada para este lunes, en la prosecución de reunión conjunta.
La senadora Masi cuestionó que las normas a ser analizadas incluirían como precedente de lavado de dinero a cualquier delito y repudió que las propuestas no tengan exposición de motivos. “Respeten a este poder del Estado, queremos saber quién escribió esto”, manifestó. Criticó a Eber Ovelar por no reconocer que en el Ejecutivo “se equivocaron”.
La jueza María Mercedes Buongermini expresó su temor a la terminología que, a su criterio, parecía una mala traducción de leyes y acuerdos de otros países. Ella fue la encargada de presentar propuestas más puntuales.
El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) cuestionó que se desconozca quién realmente elaboró y presentó estos proyectos de leyes. El senador Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) advirtió que con este tipo de debate las comisiones nacionales no tendrían dictámenes listos para el 7 de mayo, fecha en que el pleno del Senado debe analizar el paquete de normativas.
El senador Jorge Querey (Frente Guasu) advirtió que esta redacción traerá una discrecionalidad peligrosa para aplicar la ley. En tanto, la diputada Rocío Vallejo ratificó que las normas deben ser aplicables y no un “garrote”.
Pretende evitar caer en lista gris
El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que los proyectos antilavado son complejos que implican cambios radicales en la legislación actual, por lo que deben ser analizados a profundidad.
“Es un tema que vamos a discutir, no es algo que se presenta y ya sale, es decir, debemos presentar, discutir y convencer”, expresó. El Gobierno advierte que si estas leyes no son aprobadas, organismos internacionales aplazarán al Paraguay y el país entrará en la “lista gris”, lo cual traerá consecuencias económicas.
Los proyectos surgen de numerosas recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo al Paraguay para que no ingresemos en la mencionada “lista gris”, integrada por países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero. López explicó que la GAFI inicia este setiembre los cuestionarios y las preguntas a las autoridades.
Eliminaron la prejudicialidad
La presidenta de la comisión de Reforma Penal, diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), recordó que el listado remitido por el Poder Ejecutivo es el que debe ser tratado por la Cámara de Senadores el 7 de mayo, y en él se excluye el proyecto de analizar la derogación de la prejudicialidad, la cual actualmente está establecida en el artículo 3 de la Ley N° 4673. Dicha norma establece que nadie puede ser acusado de evasión de impuestos sin que antes la autoridad administrativa dicte una resolución y de que la misma haya sido ratificada en instancias judiciales.
El sector empresarial manifestó en su momento que está en contra de la derogación de la figura de la prejudicialidad. La Cámara de Anunciantes (CAP) señaló que eliminar la prejudicialidad administrativa será dejar al ciudadano particular o corporativo a merced de acusadores, que podrían imputar y afectar gravemente sin el debido proceso legal.
martin.riveros@abc.com.py