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Introducción
En los últimos años hubo un aumento de los hechos punibles donde se ven involucrados menores de edad, y ante esta realidad, así como en los países vecinos, se ha presentado en el año 2012, un proyecto donde en la misma norma se plantea una modificación en la Ley Penal proponiendo la baja en la edad de imputabilidad que rige actualmente en nuestro país.
Esta tendencia punitiva contra los más chicos no reúne en lo mínimo estudios contundentes y datos empíricos que permitan un análisis serio, reflexivo, no especulativo o coyuntural.
La edad en que los chicos deben ser juzgados penalmente vuelve a ponerse como tema central de debate para la sociedad, vuelve a presentarse de parte de las fuerzas hegemónicas políticas y mediáticas, como “EL TEMA QUE MÁS PREOCUPA A LA GENTE”.
Y se lo hace nuevamente con un nivel mediocre de argumentos y a base de datos mentirosos. Lo que se busca es encender nuevamente la alarma social que sostiene que los chicos pobres urbanos son los peligrosos, que de ellos hay que defenderse y que la mejor resolución es encerrarlos cada vez más temprano.
Lo mencionado en el párrafo anterior es una falacia, se le está mintiendo a la sociedad construyendo discursos agoreros de mano dura para evitar que los chicos “entren por una puerta y salgan por otra”; chicos que sin ser encontrados efectivamente responsables de ningún delito, viven un nuevo golpe del Estado contra ellos, el que se suma y pondera todas las otras vulneraciones que el Estado no atendió previamente.
Como se plantean los hechos el tema propuesto es: neutralizar a los jóvenes pobres, cómo ponerlos dentro de muros donde no se los vea, desde donde no puedan salir a atentar contra la propiedad privada de los que tienen algo que perder.
Ante esta realidad llevando esto a un debate espurio que invierte los términos de la ecuación que se proponía, cuando menos a nivel declarado, la sanción del régimen penal: más castigo y menos “garantías”.
Un debate que estratégicamente soslaya qué implica la imputabilidad en términos materiales –hoy, ahora– para los jóvenes: la captura violenta y selectiva de una población que solo es alcanzada por el brazo punitivo del Estado, lejos de la “promoción y protección” postulada discursivamente.
Un debate que en vez de atender la responsabilidad del Estado en la situación de (sobre) vida de los niños y las niñas de nuestro país, propone correrlos de la escena ofreciéndoles esa materialidad penal.
Ciencias auxiliares que estudian la criminalidad deben valerse de otras como la Sociología Jurídica, que ante los hechos mencionados se plantea las siguientes interrogantes:
Ante el crecimiento de la delincuencia juvenil se debe realizar las siguientes interrogantes conforme a los métodos de los cuales se aferra esta ciencia para dilucidar y verter una luz ante tanta oscuridad que encierra la situación de que cada vez más corta es la edad en que los jóvenes, casi niños se ven involucrados en hechos antijurídicos reprochables a todas luces.
¿Cuál es el perfil del menor que llega a cometer un acto jurídicamente reprochable? Según una estadística el común de los casos las edades de estos jóvenes oscilan entre 13 y 16 años, fueron expulsados de sus hogares por tema de hambre y pobreza, en sus hogares la figura paterna está ausente. Esto es el retrato de un joven con problemas sociales.
¿Cuál es la edad en que los jóvenes o niños salen o abandonan sus hogares frente a los problemas que enfrentan? Los chicos buscan hacer vida de calle desde los 8, 9 y 10 años, esto no solo es una estadística, se puede constatar viéndolos caminando en grupos, o agrupados en una esquina, buscándose la vida diariamente.
Son estos chicos quienes van tener posteriormente y con mayor frecuencia, una incidencia mayor en la comisión de delitos.
¿Esta agrupación de chicos es el paso previo antes de la comisión de un delito? Esta agrupación se toma como una manifestación del desarrollo de la personalidad en aquellos adolescentes que no han tenido una buena formación a nivel familiar.
Esto no quiere decir que todos aquellos jóvenes que vemos por las calles en grupos o solo en algunos casos, conformaran parte en un futuro cercano de la población de internos de alguna penitenciaria de la república.
Esto más bien quiere decir que como Estado no estamos atacando el fondo de la problemática, que va mucho mas allá de una norma coercitiva y del encierro.
Instituciones penitenciarias
Al mencionar los reclusorios, que es el lugar donde quienes cometen delitos van a pagar sus deudas con la sociedad, no debemos olvidar como ejemplo lo mencionado por la Unicef en unos de sus informes, que guardan relación con las penitenciarías en el Brasil y Paraguay; y sobre la violencia en las mismas.
En el Brasil la violencia policial es notoria y públicamente conocida, no solo se restringe al interior de un establecimiento de custodia, sino que se comete a vista de todo el mundo.
Sus víctimas son normalmente hombres jóvenes, negros o morenos, residentes en la periferia de las grandes ciudades.
Aunque en todos los países de la región está prohibida la pena de muerte, el asesinato de adolescentes en barrios de pobreza en los cuales se denuncia la presencia de policías es mucho más frecuente de lo que informan los medios de comunicación, y ni qué hablar de los lugares donde deberían estar recluidos a los efectos de una vez cumplidos sus penas reinsertarse en la sociedad.
En el Paraguay, un monitoreo por las cárceles señala que, en el 2001, un 81% de detenidos declaró haber sido sometido a tortura durante su internamiento.
Aunque la cifra bajó a 56% en el 2004, la situación para los adolescentes sigue siendo peligrosa. La realidad al 2014 no varió en demasía.
Si lo que pretendemos como Estado es de una vez por todas cumplir las normas que rigen estas cuestiones, apuntando que la persona que incumple una disposición legal, cumpla una pena, pero conforme a la ley penitenciaria, que ese tiempo que se encuentra privado de libertad, sirva al individuo no como un curso acelerado de cómo volver a la comunidad y realizar cosas peores en ella, sino como Estado responsable de quienes habitan este territorio dotarles las herramientas para que una vez que pague su deuda con la sociedad puedan volver a la comunidad como hombres dignos, teniendo la posibilidad de comenzar de nuevo, pero para ello, no por una negatividad sino conociendo la realidad, estamos aún muy lejos.
(*) Abogado y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ocupó cargos de director general y director de Asesorías Jurídicas de distintas entidades públicas, también fue asesor jurídico en empresas privadas, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la (UNA), de la Universidad de la Integración de las Américas (Unida), tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales, Niñez y Adolescencia, Políticas Públicas, Narcotráfico, entre otros.