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Representantes de la defensa del excomisario principal Diosnel Catalino Villalba Lugo, los abogados Ramón Méndez Ocampos y Antonio Yegros Benítez, interpusieron un recurso de apelación especial, en contra de la sentencia definitiva N° 247 que fue dictada en fecha 7 de julio de 2017 por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Nilda Giménez Bogarín, quien presidió el colegiado, Alba María González y Gloria Hermosa de Correa.
Entonces con el fin de resolver la apelación, el citado expediente caratulado “Diosnel Catalino Villalba sobre cohecho pasivo” fue estudiado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, que estaba integrado por Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín.
A tal cuestión el Tribunal de Apelación resolvió calificar el hecho punible de cohecho pasivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 300 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo, que establece en su inciso 1° “El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Así como también según el artículo 29 en su inciso 1° prescribe que será castigado como autor el que realice el hecho por sí mismo o se valga de otro para ello.
Por último, el órgano confirmó la sentencia para el exjefe policial consistente en 1 año y 8 meses de pena privativa de libertad, que deberá cumplir en la Penitenciaría Regional de Emboscada.
Así y de acuerdo con el cómputo realizado por los jueces, Diosnel Villalba tendrá por compurgada su condena en fecha 7 de marzo de 2019.
Los antecedentes
Diosnel Villalba fue hallado culpable del cobro de coimas a cambio de ofrecer guardias privadas a comercios de Limpio, entre el 14 de junio de 2011 y el 3 de enero de 2012, tiempo en el que era jefe de la comisaría 9ª Central de esa ciudad.
La comisaría limpeña quedó bajo la lupa de la fiscalía desde agosto de 2011, cuando personas innominadas denunciaron que debieron pagar una cierta suma de dinero a los uniformados para poder retirar sus motocicletas de la repartición.
Posteriormente, el 3 de enero de 2012 la dependencia policial fue intervenida por una comitiva fiscal, encabezada por el entonces agente Arnaldo Giuzzio. En la oportunidad halló una lista de supermercados, bancos, financieras, cooperativas y otras casas comerciales, con sus respectivos policías designados para la guardia.
Así también, dinero en efectivo, equipos informáticos y bidones de combustible, que estaban en el dormitorio del jefe Villalba. Luego el Ministerio Público solicitó informes a Contraloría, sobre los bienes de Villalba y el extracto de llamadas de su teléfono a tres telefónicas.
Ya en marzo de ese año, Giuzzio imputó por cohecho pasivo (coima) y pidió que se prohíba el ingreso de Villalba a la comisaría de Limpio.
Evidencias significaron su baja
En mayo de 2012 fue dado de baja el exjefe de la comisaría 9ª Central de Limpio, comisario principal Diosnel Villalba, el subjefe y un oficial inspector.
En 2017, Diosnel Villalba enfrentaba juicio oral y público por el hecho que se le acusaba. Esta vez, la causa era sustentada por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez.
Según la acusación, Villalba solicitó y aceptó sumas de dinero y hasta vales de combustible de negocios de la zona a cambio de asignar agentes a su cargo a la vigilancia de dichos locales.
El Tribunal de Sentencia argumentó que quedó acreditado que el dinero recibido en efectivo era de G. 1 millón a G. 1.200.000. Plenamente corroborado por los recibos ingresados en el juicio oral, expedidos por el Supermercado LT, Cooperativa Ñanemba’e, Supermercado La Nona, las estaciones de servicio Petrobras (Zusa SACI), Barcos y Rodados, en los cuales se consignaba el monto y el concepto. El destino de los montos era la Comisaría 9ª Central.
Destituido por venganza
El exjefe de la comisaría 9ª Central de Limpio, Diosnel Catalino Villalba Lugo, en medio su juicio oral declaró que su baja se dio como consecuencia de haber chocado con la familia más poderosa de Limpio, los Gómez Verlangieri.
Villalba Lugo relató que cuando quedó a cargo de la comisaría local, varios parientes del clan Gómez Verlangieri que estaban en la dependencia no usaban uniformes y tampoco cumplían horarios, por lo que acabó con esa práctica.
Además, contó que recibió pedidos del propio senador Ramón Gómez Verlangieri, entre ellos, el de liberación de motocicletas de personas infractoras. A todo esto, señaló que desde su último pedido, ni siquiera había transcurrido un mes para que lo sacaran de la jefatura de la repartición policial con la excusa de las guardias privadas.
En otro momento indicó que en su administración fueron detenidos muchos “motochorros”. Con relación a la práctica del cobro por ofrecer guardias privadas en locales comerciales de la ciudad de Limpio, negó haber recibido el dinero, sin embargo dijo que mantuvo el mismo esquema que encontró antes de ingresar a la comisaría 9ª Central.
“Había ya una resolución que ordena los lugares que se tenían que cubrir desde antes que yo suba”, refirió el comisario Diosnel Villalba durante su testimonio.
Entregaban dinero y vales
En el marco del juicio oral y público se recogieron las versiones de los afectados por las guardias privadas. Entre ellas el testimonio del empresario de estaciones de servicio, Víctor Rivas, quien dijo pedían ayuda a la comisaría 9ª Central y “a veces recibíamos y nos pedían colaboración [...] venían cada tanto a pedir combustible, yo personalmente con Diosnel no tuve ni un contacto, pero eran personales de policía. [...] En una oportunidad entregamos una suma de dinero y después ya vales de 300.000 guaraníes de combustible. Entregué esa vez 1.200.000 guaraníes”.
Por su parte, el agente policial Blas Luciano Cubas, dijo a la Fiscalía: “Cuando estaba a su cargo, en el 2010, estuve 6 años en Limpio, a partir del 2005 hasta 2011 [...] A las 8:00 de la mañana nos presentamos en la comisaría, que era cambio de turno, en la formación el jefe designaba donde cada uno se va. [...] La verdad no sabemos si se cobraba o no dinero, pero se nos daba un sobre para llevar al superior, nuestro jefe a Villalba [...] a veces escribían por el sobre 1.000.000 guaraníes, eso figuraba en el libro de novedades”.
El uniformado manifestó que no entregaban los sobres directamente al jefe sino al oficial de patrulla. A este también se le habían mostrado varios documentos firmados sobre el recibo de dinero y en varios de ellos figuraba su firma.
1. Alberto Ramón Careaga
Coordinador de estaciones de servicio.
Manifestó que se desempeñaba como gerente de operaciones de la empresa Zusa SACI. Dijo que un compañero suyo fue hasta la comisaría a pedir cobertura. Respondieron que no había problema, pero se debía pagar G. 1.200.000.
2. Ramón Quintana
Dirigente de la cooperativa Ñanemba’e Ltda.:
–“Para nosotros no es nada raro, estaba presupuestado el servicio de guardia”.
–“El monto era de G. 1.000.000 mensual. Sí, eran personales policiales y existen recibos que incautaron en la intervención”.
3. Guido Ayala
Suboficial 1° de Policía.
En 2011 fue convocado para cumplir función de acompañar una comitiva de la Fiscalía y periodistas para investigar las guardias en supermercados y cooperativas. Labraba acta de lo observado y luego las firmaba para entregarlas al fiscal.