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Juan Manuel Ortiz Martínez era estudiante del segundo año de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y tenía un futuro prometedor en la vida. Sin embargo, todo quedó truncado esa noche, cuando iba camino a su casa, ubicada en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo, poco después de descender de un ómnibus de la Línea 12 que lo trajo del “Campus” universitario, como todas las noches.
De acuerdo con los datos, faltaban siete cuadras para llegar a su vivienda cuando en la intersección de la calle Coronel Machuca y Tupoi fue abordado por dos jóvenes, quienes bajo amenaza de arma blanca le intimaron a entregarle su mochila y otras pertenencias de valor. Pero el estudiante se resistió al asalto y fue entonces que uno de los malvivientes, ofuscado, le asestó una puñalada en el pecho.
El joven cayó al suelo y los atacantes huyeron del lugar desesperados y sin llevarse ninguna pertenencia, dejándolo morir desangrado.
Conocidos delincuentes
Tras el asesinato de Juan Manuel Ortiz Martínez, los investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía de San Lorenzo iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer el deleznable crimen, mientras la ciudadanía reclamaba más seguridad en las calles, principalmente en horas de la noche.
Los datos brindados por los testigos revelaron la identidad de los miembros de la gavilla, que resultaron ser peligrosos delincuentes que operaban en la zona.
Dos de ellos cayeron en la mañana del martes 23 de octubre, durante un operativo efectuado en la Villa 24 de Junio, cerca de la casa de la víctima, que estuvo cargo de agentes de la comisaría 53ª Central y de Investigaciones de la Policía del departamento Central.
Los apresados fueron Francisco Miguel Caballero Villalba y Ángel Antonio Paredes. El primero de los mencionados contaba con antecedentes por robo. En horas de la tarde cayó David Peralta, cuñado de Paredes, tras entregarse voluntariamente ante las autoridades.
De acuerdo a las informaciones manejadas por los investigadores, los sospechosos fueron vistos por testigos cuando asesinaron de una estocada en el pecho al estudiante universitario, después de que este se resistiera a ser asaltado y peleara con ellos.
En el operativo, los agentes policiales se incautaron del estoque que habría sido utilizado para perpetrar el crimen, así como otras evidencias incriminatorias.
Francisco Miguel Caballero Villalba y Ángel Antonio Paredes negaron ante la Policía los cargos que pesaban en su contra y afirmaron que se encontraban en su vivienda en el momento en que ocurrió el crimen.
Sin embargo, basados en los datos de testigos y las pruebas recolectadas, los investigadores aseguraban que se trataba de los responsables del asesinato.
Coartada favorable
La agente fiscal Dora Nohl imputó a los tres detenidos por homicidio doloso y solicitó también la prisión preventiva de los mismos mientras continuaban las investigaciones del caso.
No obstante, David Peralta había manifestado que esa misma noche estuvo trabajando en una lomitería en San Bernardino. Para ello presentó como prueba la filmación de un vídeo de circuito cerrado de su lugar de trabajo que muestra cuando él se encontraba allí a la hora en que se produjo el asesinato de Ortiz Martínez.
La fiscala Nohl presentó el video como una coartada por el acusado y tras analizar la filmación se corroboró que efectivamente se encontraba en la lomitería esa misma noche y, por tanto, fue desvinculado del caso y recuperó su libertad.
Juicio y severas condenas
Transcurrieron más de tres años del crimen del estudiante y la detención de los principales sospechosos, cuando la Justicia decidió abrir un juicio contra ellos y emitir una sentencia.
Durante el desarrollo del proceso judicial, la fiscala Dora Nohl presentó numerosas evidencias que pesaban contra Paredes y Caballero, como una declaración testifical, un acta de allanamiento y la prueba laboratorial del arma blanca usada para la materialización del homicidio. También se comprobó que fue el primero de los citados el autor material del homicidio.
Luego de escuchar la exposición de la fiscala Dohl como los argumentos de la defensa de los acusados, el 7 de febrero de 2016 el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Leticia Frachi e integrado por los magistrados Rolando Dure y Liz Ramírez, condenó a 22 años de pena privativa de libertad a Ángel Antonio Paredes y a 15 años a Francisco Miguel Caballero Villalba.
Los dos maleantes actualmente se encuentran purgando la pena en la penitenciaría de Tacumbú. Sin embargo, la ola de inseguridad no se detuvo y los homicidios con fines de asalto continúan.