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Los jueces no creyeron en la versión de la acusada, pero dejaron en claro que sí corresponde que también sea investigada Blanca Martínez.
Llamativamente, el fiscal Francisco de Vargas, actual ministro de la Senad, quien tuvo a su cargo la investigación, no indagó a Martínez.
Las manifestaciones de Ladislaa no son descabelladas, sobre todo teniendo en cuenta que Blanca Martínez es hermano del otro condenado, Rubén Martínez, a cuyo nombre se envió la cocaína desde Bolivia.
El documento de Ladislaa fue usado para reenviar la “mercadería” a otro destino.
La investigación “mutilada” perjudica a la hoy condenada, ya que si el fiscal De Vargas hubiera indagado a fondo a Blanca Martínez se iba a saber si Ladislaa miente o no.
Es esencial que el Ministerio Público realice una buena investigación en este y en cualquier otro proceso. Si los agentes actúan en forma arbitraria pueden ocasionar perjuicios o daños irreparables.
El fiscal Marcelo Pecci fue el que participó del juicio oral y público en representación de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público.
En declaraciones a nuestro diario afirmó que su pedido de condena se encuadra dentro del marco legal.
Este punto no es discutido, ya que la ley es muy dura en los casos de droga.
Lo que el fiscal y los jueces tienen que entender es que en todos los casos se tiene que aplicar una pena justa, si se comprueba la implicancia de la persona indagada por la comisión de un hecho punible.
El Ministerio Público tiene la obligación de tener en cuenta las pruebas de cargo y de descargo. En este caso específico, la fiscalía no tuvo en cuenta las afirmaciones de Ladislaa de que habría sido usada por su vecina. El fiscal entonces encargado de la investigación, Francisco de Vargas, debió indagar a Blanca Martínez, atendiendo sobre todo que la “mercadería” fue enviada desde Bolivia a nombre de su hermano, Rubén Martínez, también condenado a catorce años de penitenciaría.