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En la práctica, cuando el ente de control solicita las documentaciones a las instituciones públicas beneficiadas por la Corte, estas contestan que todo fue remitido a la citada dependencia del Poder Judicial.
A esto se suma el hecho de que el Tribunal puede colapsar, al contar con pocos funcionarios y técnicos para realizar los trabajos.
Asimismo, es sabido que el Tribunal de Cuentas realiza el análisis sobre documentos, sin comprobar la veracidad de los mismos, y sus resoluciones en materia judicial “generan estado” como “cosa juzgada”.
El contralor general, Óscar Rubén Velázquez, admitió que otro problema por el que atraviesan es que los entes que rinden cuentas al Tribunal luego aducen “doble juzgamiento”, para que la CGR no pueda ya emitir su dictamen.
“Existe este tipo de traba para que nosotros podamos ejercer cabal y efectivamente nuestro trabajo de control. Eso queremos atacar; estamos en un proceso de acercamiento con la Corte, a los efectos de poder subsanar esto. Ellos (los ministros) dicen que nunca se prohibió que la Contraloría haga su trabajo de control, pero la institución que está sujeta a control, cuando los auditores van a querer realizar el trabajo muestra la acción de inconstitucionalidad a su favor sobre ese proceso de rendición de cuentas”, había referido el contralor.
Asimismo, Velázquez indicó que la tarea a realizar será la de proponer un cambio, si se llega a dar una reforma de la Constitución Nacional, para que la Contraloría tenga un poder sancionatorio administrativo y civil.
La normativa atacada eliminó la competencia atribuida de la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, respecto a juzgar las cuentas.