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El problema se encuentra desde la génesis del proceso de compra hasta la ejecución contractual, inclusive. Es un problema mayor porque cuando la corrupción está presente, ello necesariamente significa mayores e injustificados gastos del Estado.
Es sabido que las necesidades del Estado son interminables, por eso es inconcebible que se derroche el dinero de los contribuyentes (ciudadanos) y vaya a parar inescrupulosamente a manos privadas o administradores públicos.
Las propuestas de solución son múltiples, abarcan tanto la utilización de herramientas informáticas, profesionalización del funcionario público de contrataciones, control y auditorías adecuadas a la ejecución de los contratos, la sanción de leyes que combatan la colusión de empresas oferentes y otras. Todas estas propuestas apuntan directamente a atacar las causas de la corrupción y buscan disminuirla.
Es importante poder medir las políticas públicas destinadas al combate de la corrupción, para poder modificarlas en caso de que las adoptadas resulten ineficaces, por ello se establecen indicadores de medición capaces de informar adecuadamente acerca de la eficacia de las decisiones adoptadas.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
La corrupción se encuentra enquistada en los diferentes tipos de adquisiciones y obras que realiza el Estado (licitaciones públicas nacionales e internacionales, concursos de ofertas, contrataciones directas y contrataciones por vía de la excepción). Tal es así que es como una regla no escrita de los contratos públicos, el hecho de que los oferentes tengan que abonar una especie de “canon” a funcionarios encargados de decidir la suerte de la adjudicación del contrato.
Este “canon” lógicamente se encuentra “presupuestado” por los oferentes, por lo que el Estado termina pagando mucho más de lo razonablemente debido en cada contratación.
Las causas que originan este tipo de prácticas corruptas son múltiples y a modo de ejemplo se pueden mencionar las siguientes:
- Manejo político discrecional del personal clave, encargado de decidir la suerte de las adjudicaciones.
- Ausencia de reproche social ante hechos de corrupción, pues el común de la gente no identifica lo público como algo de todos.
- Falta de controles internos eficientes en las instituciones públicas.
- Alto sentido de impunidad de los actores que realizan prácticas corruptas, que se da por el hecho de que las causas si bien son investigadas generalmente no culminan con sanciones administrativas ni penales ejemplares a los mismos.
- Utilización de los fondos públicos para financiamiento de campañas políticas, y ello se materializa con la adjudicación de jugosos contratos a los “financistas”.
- Falta de preparación profesional de personal encargado de evaluar ofertas.
- Falta de una ética de la función pública.
- Ausencia de alianzas público-privadas para el combate a la corrupción.
- Gobernantes inescrupulosos que muchas veces llegan al poder solo para lucrar en el cargo, olvidándose de la gestión del bien común.
Con relación a las consecuencias en que se traducen las prácticas corruptas, se puede citar las siguientes:
- Encarecimiento injustificado y desproporcionado de los bienes, las obras y servicios contratados por el Estado.
- De pagar lo justo, el Estado tendría más recursos para realizar más inversiones y emprendimientos para satisfacer las necesidades públicas.
- Enriquecimiento de funcionarios a costa del pueblo.
- Competencia desleal que supone la eliminación de aquellas firmas que no tienen la capacidad económica para coimear a los funcionarios encargados de evaluar o adjudicar los contratos.
- Obras, servicios y bienes de mala calidad que se dan ante la falta de controles efectivos.
- Inseguridad ciudadana ante la utilización de las obras públicas construidas o bienes adquiridos por el Estado.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Dada la naturaleza multicausal de los hechos que originan o propician la corrupción, las soluciones también serían variadas. Al respecto se puede pensar como soluciones lo siguiente:
En primer lugar, el funcionario encargado de las compras públicas debe ser un funcionario de carrera y no uno designado coyunturalmente por el administrador político de turno. ¿A qué viene esta propuesta?: La misma viene dada por la recurrente situación en la que los funcionarios públicos, a fin de no ser removidos de sus puestos, se prestan a cualquier requerimiento de los administradores de turno.
Además de lo arriba señalado, el hecho de que los funcionarios encargados de adquisiciones públicas no sean profesionales hace que el Estado compre mal, lo que necesariamente lo obliga a pagar de más por bienes o servicios que a veces no necesita, o ante la corta duración de los bienes originalmente adquiridos se ve también en la necesidad de volver a contratar para volver adquirirlos.
Como si las situaciones planteadas no bastasen, está también la circunstancia de lo que le sale al Estado capacitar al funcionario del área de compras. En ese sentido se puede ver que funcionarios en los que el Estado invierte mucho en capacitación, a nivel nacional e internacional, son fácilmente reemplazados ante el cambio de administración, y el cambio no siempre es para mejor.
En segundo lugar, debe haber leyes estrictas que regulen la competencia a fin de que se inhiba la formación de cárteles o empresas que agrupan en colusión para venderle más caro al Estado.
En tercer lugar, debe instalarse en la ciudadanía en su conjunto la idea de que el presupuesto público no es algo abstracto sino que es algo soportado económicamente por todos con los impuestos. Ello a fin de que aumente el reproche social ante hechos de corrupción.
En cuarto lugar, es de especial trascendencia el hecho que ante la detección de hechos de corrupción los mismos sean perseguidos hasta llegar a condenas ejemplares. Ello para disuadir a los oferentes o contratistas de incurrir en prácticas corruptas.
En quinto lugar es muy importante controlar el efectivo cumplimiento de controles internos dentro de las instituciones del Estado. Es decir, verificar la correcta realización de auditorías institucionales.
En sexto lugar, creo que se debe concienciar a toda la ciudadanía acerca de la importancia de la denuncia de hechos de corrupción. Estas denuncias deben ser canalizadas a través de mecanismos que protejan la identidad de los denunciantes, para los oferentes no sean “marcados” por la convocante.
En séptimo lugar es muy importante que se pasen legislaciones que regulen el financiamiento de las campañas políticas, de tal manera que el gobernante de turno no se sienta compelido a devolver favores con contratos del Estado.
En octavo lugar, resulta imperativo fortalecer los sistemas de transparencia en materia de contrataciones públicas. En ese sentido es muy importante la utilización de herramientas como internet. En el Paraguay contamos con el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En noveno lugar es de especial relevancia incentivar la utilización de sistemas de compras como la subasta a la baja electrónica como medio idóneo para que a través de la competencia se obtengan mejores precios.
Por último, es de trascendental importancia controlar que todos los actores involucrados en los procedimientos y ejecución de los contratos públicos respeten inexcusablemente todas las normas que rigen la materia.
Al respecto, hay que recordar que la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas es el marco normativo que regula los aspectos legales que hacen al contrato administrativo desde la selección del proveedor o contratista hasta la finalización del contrato.
La entrada en vigencia de esta ley, con la clara intención de combatir la corrupción, le significó al país la adopción de un sistema normativo basado en el principio de centralización normativa y descentralización operativa, bajo control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que con mucho esfuerzo supo generar confianza y credibilidad en el sistema.
Esta nueva arquitectura en materia de gestión de contrataciones públicas diseñada para maximizar el bienestar de la sociedad se tradujo en un sistema moderno, avanzado e innovador de contrataciones, en mayor eficacia y eficiencia en el gasto público, en igualdad de oportunidades de acceso a un mercado público competitivo a las empresas nacionales y extranjeras, y sobre todo en un importante grado de transparencia que permite a cualquier ciudadano controlar a través de internet (www.contrataciones.gov.py/) lo que contratan las instituciones públicas, a quién contratan, cómo y por cuánto. Pero lógicamente aun hace falta mucho por hacer.
DIFICULTADES A ENFRENTAR PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Teniendo en consideración que la corrupción en el ámbito de la contratación pública resulta funcional a distintos grupos de poder, la aplicación de cualquier propuesta de solución al flagelo necesariamente generará resistencia de dichos grupos. Dicho de otra manera, como a través de la corrupción muchas personas (físicas o jurídicas) resultan sistemática e ilegítimamente adjudicadas en procesos de contratación, entonces estas personas beneficiadas se opondrían a cualquier cambio en el sistema que las beneficia.
Esta oposición de los grupos de poder, ya sean políticos, gremiales o económicos, sería el mayor obstáculo a sortear para la efectiva implementación de políticas públicas orientadas a atacar frontalmente la corrupción imperante.
Abonando lo señalado, es preciso decir que muchas veces las campañas políticas (poder político) son financiadas por grandes proveedores del Estado (poder económico), por lo que el presidente electo necesaria y lastimosamente se podría ver compelido a devolver favores, generando así un círculo vicioso del que resultaría harto difícil salir.
Sin perjuicio de lo señalado, es importante destacar que el círculo vicioso arriba citado puede convertirse en un círculo virtuoso en el que el poder político administre bien y honestamente los recursos públicos, obligando con ello al poder económico a abstenerse de tentar prácticas corruptas.
La “herramienta” a ser utilizada para afrontar la dificultad evidenciada, a mi juicio, se encontraría en saber elegir a los mejores funcionarios técnicos para los cargos públicos de relevancia, algo así como la “selección nacional” para que administren bien la cosa pública.
En la medida en que los mejores y más honestos hombres del país estén al frente, sería más difícil que otros grupos de poder encuentren acogida favorable a sus escarceos ilegales.
CONCLUSIÓN
A lo largo de la presente columna se ha identificado a la corrupción como un flagelo que se manifiesta de manera recurrente en las contrataciones públicas realizadas por el Estado, corroyendo sus adquisiciones y contratos de obras desde el procedimiento administrativo previo de selección hasta la finalización del contrato. En este punto hay que tener muy presente que no hay educación, salud, seguridad, justicia o cualquier otro tipo de servicio público que pueda funcionar eficazmente sin la obtención oportuna de la infraestructura, los servicios y bienes adecuados.
El flagelo identificado impacta negativamente en el desarrollo del país pues al pagarse por bienes que no se necesitan o sobrefacturar los que sí se necesitan, se dejan de invertir en otras áreas necesitadas de recursos.
Como epílogo de la presente columna resulta aplicable la cita de Fernando García Pulles cuando señala:
“…La corrupción –en cualquier tiempo y en todas sus expresiones– no fue ni es otra cosa que un abuso de poder, pues significa, en síntesis, adueñarse del principio de legalidad y de la prioridad del interés público, sustituyéndolos por el beneficio personal, de una clase o categoría de personas…”.
“Es inconcebible que se derroche el dinero de los contribuyentes (ciudadanos) y que vaya a parar inescrupulosamente a manos privadas o administradores públicos corruptos”.