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La imputación de la fiscala Portillo Espínola revela cómo Rodríguez amparaba a su exasesor, mediante su firma en la planilla de asistencia, pese a que el mismo no acudía a trabajar, según los indicios con que cuenta la agente del Ministerio Público. El español, supuestamente, se encontraba trabajando en el momento en que estaba fuera del país.
La exdiputada y exdirectora del área social de la Municipalidad de Asunción se encuentra con medidas alternativas a la prisión preventiva, que le otorgó el juez Hugo Sosa Pasmor, a pedido de la fiscala que investiga el hecho.
En el caso de Valencia, el magistrado decretó la rebeldía y ordenó su captura ya que no se presentó a la audiencia de imposición de medidas.
Lo que dice la fiscalía
La imputación fiscal dice que Lino Xavier Valencia Montes fue nombrado como funcionario en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, según resolución número 847 del 10 de setiembre de 2012, como asesor del TSJE con categoría A31 con vigencia desde el 1 de setiembre del mismo año. Debía cumplir un horario laboral de 7:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la obligación de acreditar asistencia a través del sistema de firma diaria de planilla de registro de entrada y salida.
Sin embargo, aparentemente sin haberse presentado a trabajar, el mismo habría percibido todos los meses desde su ingreso la suma de G. 5.575.500, más G. 200.000.
Además, habría registrado su asistencia en las planillas diarias desde su ingreso a la institución, desde el 3 de setiembre del 2012 hasta el 19 de octubre del año 2015, ya que luego presentó renuncia al cargo, el 1 de diciembre del mismo año.
Cabe acotar la situación llamativa de la fecha de la firma de la resolución de nombramiento (10 de setiembre de 2012) y la entrada en vigencia del mismo (1 de setiembre de 2012), siendo que Lino Xavier Valencia Montes arribó al país recién el 21 de setiembre de 2012, sumado a que la planilla de dicho mes se encuentra firmada en su totalidad sin registro de horario, y habría percibido el sueldo íntegro de ese mes, por haber trabajado supuestamente.
Desde la fecha de su nombramiento, el 18 de octubre de 2013, estaba afectado a la Dirección General de Administración y Finanzas del TSJE y a partir del 21 de octubre de 2013 hasta la fecha de su renuncia estuvo comisionado en la Cámara de Diputados a cargo de la entonces diputada Karina Rodríguez, quien desde ese momento avaló la asistencia del mismo, estampando su firma al pie de cada planilla.
Conforme a la misma resolución del TSJE N° 528/2013, que autorizó el comisionamiento y las sucesivas resoluciones que la iban prorrogando, se establecía responsabilizar a la institución solicitante el exclusivo control de asistencia y la asignación de tareas y funciones que serían desempeñadas por el mismo. Ello habría estado a cargo de la entonces diputada, ya que desde el mismo pedido de comisionamiento por parte del entonces presidente de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez, expresamente menciona que el comisionado estaría “a disposición de la diputada Karina Rodríguez”.
En cuanto a la conducta de Karina Rodríguez, la misma habría avalado la supuesta asistencia de Lino Valencia con su firma y sello en las planillas de registro de asistencia, desde la fecha de su comisionamiento hasta la salida del mismo de la institución.
Con ello consintió que el ciudadano español percibiera honorarios por servicios no prestados en algunos días y meses de los años 2013-2014 y 2015, pese a que el mismo no habría asistido al lugar de trabajo en ese tiempo.
Incluso en algunas fechas habría estado fuera del país y de igual manera registraba asistencia como si lo estuviere, irregularidad amparada por Karina Rodríguez, quien rubricaba cada planilla.
Depositó dinero
El abogado Álvaro Arias, quien asumió la defensa de la exdiputada Karina Rodríguez y exdirectora de Área Social de la Municipalidad de Asunción, informó que se depositó en escribanía la suma de G. 12 millones, en calidad de reposición de la suma cobrada en forma irregular por el asesor español Lino Valencia.
La suma equivale a los 45 días que Valencia no estuvo en el país, pero se registró su asistencia aún así.
Sin embargo, el Ministerio Público continúa con la investigación para luego llegar a una conclusión definitiva con respecto a la conducta de Rodríguez y su exasesor.
Los hechos punibles por los que están procesados los imputados prevén penas de hasta 2 años de cárcel o multa, según el Código Penal.
La imputación del Ministerio Público obligó a Rodríguez a renunciar de la dirección del Área Social de la Municipalidad de Asunción.
LO QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PENAL
La exdiputada Karina Rodríguez está procesada por la comisión de dos hechos punibles: expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
El artículo 313 del Código Penal se refiere al “Cobro indebido de honorarios” y señala: 1º El funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
En cuanto a este delito, la fiscalía le atribuye a Karina Rodríguez la complicidad.
La misma disposición legal en su artículo 257 hace mención a la “Expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso” y puntualiza que “el funcionario público que expidiera un certificado falso sobre méritos o servicios de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”. La autoría de este delito se atribuye a la exlegisladora.
En el caso de Lino Valencia, la fiscalía le atribuye la comisión de cobro indebido de honorarios, atendiendo que percibió su sueldo pese a que no acudió a trabajar. Sin embargo, su presunta asistencia a la Cámara fue avalada por Rodríguez.
Juez decretó la rebeldía y ordenó la captura
El juez Sosa Pasmor por Auto Interlocutorio N° 87 del 2 de febrero pasado, declaró rebelde y contumaz al imputado Lino Xavier Valencia Montes, por no comparecer a su audiencia indagatoria ante el Ministerio Público y a su audiencia de imposición de medidas ante el juzgado a su cargo.
Las fiscalas Liz Nadine Portillo y Yolanda Portillo informaron que Valencia Montes fue notificado el 21 de enero pasado para su audiencia indagatoria, en su domicilio ubicado en O’Leary 976, de nuestra capital. Sin embargo el ujier notificador informó que el español ni otra persona se encontraban en la referida dirección.
Luego de recibir el informe y el pedido fiscal, el juez Sosa Pasmor declaró la rebeldía y ordenó la captura del español.
Según el abogado Álvaro Arias, Valencia se encontraría enfermo, pero no acercó al juzgado ni a la fiscalía ningún documento que acredite esta situación.
Arias intentó asumir la defensa de Valencia, pero defectos formales en el escrito hicieron que no se reconozca su personería.
Arias ejerce la defensa técnica de la exdiputada Karina Andrea Rodríguez Carámbula, procesada por cobro indebido de honorarios (cómplice) y por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso (autor).
La justicia ahora deberá analizar la posibilidad de ordenar la captura internacional de Valencia, para que se proceda a su detención a los efectos de someterse a los mandatos de la justicia de nuestro país, en donde cuenta con el proceso penal por cobro indebido de honorarios.
Según el Ministerio Público, Karina habría avalado la supuesta asistencia de Valencia con su firma y sello en las planillas de registro de asistencia desde la fecha de su comisionamiento a la Cámara de Diputados, hasta la salida del mismo de esta institución.
La imputación de la fiscalía está sustentada en los documentos que fueron firmados por la legisladora y el exasesor.
cbenitez@abc.com.py