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Resulta que Juan Ernesto Villamayor anunció la semana pasada que van a presentar al Congreso un proyecto para la modificación de la Ley orgánica policial 5757, que de hecho entró en vigencia solo hace un año y medio.
Las reformas que quiere implementar Villamayor, y enhorabuena, consisten en que la dirección general de Justicia Policial y la dirección de Asuntos Internos, ambas instancias encargadas de juzgar a los policías corruptos, pasen ahora a depender directamente del Ministerio del Interior y ya no de la Comandancia.
Estos cambios otorgarían mayor independencia y autonomía a los fiscales y jueces policiales que deben investigar a sus colegas.
En la mayoría de los casos, los fiscales y jueces instructores de sumarios no pueden hacer demasiado porque reciben presiones de sus propios superiores para blanquear a los agentes investigados.
De hecho, en los últimos tres años se redujo bastante el índice de policías dados de baja, pero no porque no se cometan más delitos en la institución, sino por la mora en la resolución de los procesos seguidos por Asuntos Internos y Justicia Policial.
Ante los cada vez más alevosos hechos de corrupción y crímenes cometidos por policías, como por ejemplo el acribillamiento de un transporte escolar en Areguá, resulta ya hasta intolerable que los máximos castigos aplicados sean solo el famoso traslado de una unidad a otra o simplemente la apertura de un sumario interno, que a su vez nunca tiene una resolución definitiva.
Si es que se aprueba el traslado de Asuntos Internos y Justicia Policial al organigrama del Ministerio del Interior, podría constituir el inicio de un verdadero proceso de depuración de la institución, cuya credibilidad ante la ciudadanía está cada vez más gastada.
Imaginamos que si el Ministerio administra estas dependencias policiales, se podría aplicar también mayor celeridad a las investigaciones internas y desempolvar varios casos que duermen desde hace años en los escritorios de los oficiales y suboficiales juzgadores.
Un punto pendiente en la Policía siempre fue la aplicación de la máxima pena, la baja, a los policías condenados por distintos delitos.
La ley orgánica policial vigente dice claramente que un agente con condena firme y ejecutoriada debe ser dado de baja, perder su estado policial y, por ende, el derecho a seguir cobrando su sueldo, que por cierto lo pagamos todos nosotros.
En la Agrupación Especializada, por ejemplo, hay varios policías que cumplen condenas pero que nunca fueron dados de baja, por lo que siguen cobrando cada mes su sueldo como agentes en actividad, simplemente porque tienen amigos o camaradas en Asuntos Internos y Justicia Policial que nunca impulsaron sus expulsiones definitivas.
El único problema con que Asuntos Internos y Justicia Policial pasen a depender del Ministerio del Interior sería que los funcionarios civiles encargados del manejo de ambas instancias utilicen esas atribuciones para seguir sacando beneficios personales o que nuevamente se presten a las manipulaciones de los oficiales superiores u oficiales jefes que quieran favorecer a sus protegidos.
Se supone que si las dos trascendentales unidades policiales son manejadas por una institución civil, esta sería el principal contralor de la gestión de depuración interna.
Ojalá se apruebe el proyecto de modificación de ley y que después no nos llevemos sorpresas desagradables.
Solamente con ideas como esta, realmente, la Policía Nacional podría cambiar su imagen ante la ciudadanía a partir del juzgamiento y el castigo ejemplar a sus miembros corruptos.
Ojalá también que el pomposo anuncio del ministro del Interior no vaya al oparei, tal como nos tiene acostumbrados desde que asumió su cargo en agosto del año pasado.
Este miedo se sustenta justamente en el hecho de que Villamayor, desde que fue designado, se pasó dando más excusas que soluciones.
ileguizamon@abc.com.py