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Uno de los casos de negligencia o directamente de complicidad de la ahora dirección general de Justicia Policial beneficia directamente al grupo de agentes condenado por el robo de G. 1.850 millones de la empresa Prosegur, botín que le fue sustraído a su vez por los uniformados del chofer de la firma, Carlos González, luego de que este dejara abandonado su camión y escapara con el dinero.
El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2013, en Asunción.
Al año siguiente, fueron condenados por este “doble robo” los comisarios principales José Dolores Amarilla Jara y Osvaldo Gregorio Ayala Meza, así como el subcomisario Joni Alberto Díaz Aranda, quienes recibieron una pena de 15 años de cárcel.
En tanto que a 10 años de penitenciaría fueron sentenciados los oficiales primero Hernán Javier Zelaya Meza y Yoni David Mereles Martínez, además del suboficial mayor Antonio Ramón Alcaraz Barreto, el suboficial primero Pablo Daniel Díaz Cuevas y el suboficial segundo Hugo Alfredo Vigneaux Torres.
Pese a que estas condenas ya fueron confirmadas en todas las instancias, la Policía nunca dio de baja a los agentes asaltantes, la mayoría de los cuales siguen recluidos en la Agrupación Especializada.
Según datos, en Justicia Policial duerme desde hace varios años un dictamen que recomienda la baja del grupo implicado en el caso Prosegur, pero todos los comandantes que pasaron, y también el actual, comisario general Luis Rojas, nunca se animaron a ejecutar.
¿Qué implica la baja deshonrosa?
Entre otras cosas, los efectivos con condenas firmes y ejecutoriadas deben ser dados de baja y perder su estado policial. Es decir, pasan a ser expolicías. Además, pierden el privilegio de seguir cobrando sus salarios como policías, aunque pueden pedir el reembolso de sus aportes durante los años de servicio.
En varios casos, la Policía sacó de baja a numerosos oficiales y suboficiales antes que se expidiera incluso la justicia ordinaria, pero en este hecho puntual, evidentemente hay cierto tufo a protección.
Robó a su propia institución
Otro caso particular es el del comisario general inspector retirado Hermes García Balmaceda, quien llegó a ser director administrativo de la Policía y presidente de la cooperativa 8 de Marzo, pero que actualmente ocupa una de las celdas de la cárcel de Tacumbú.
El exjefe policial soporta una condena de 12 años de cárcel y de pena patrimonial de G. 2.000 millones (que en teoría tendría que haber devuelto), por enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Su esposa también fue sentenciada en la misma causa.
Paralelamente, García Balmaceda tiene otra condena de 9 años de cárcel por lesión de confianza, ya que simuló la compra de 180.438 kilos de carne para la Policía, de los 204.880 kilos adquiridos en el año 2003. La acusación determinó que el perjuicio causado al Estado fue de G. 1.249 millones.
Aunque los procesos de este uniformado datan de hace una década, sigue figurando oficialmente como policía, ya que su baja nunca siquiera fue analizada por Justicia Policial.
Ahora es un comisario general
El polémico Enrique Darío Isasi Galeno, actual director de Policía de San Pedro, debió haber sido dado de baja hace varios años. Pero, por el contrario, nunca fue apartado de las filas policiales y ahora incluso es todo un comisario general inspector y miembro de la cúpula del comandante Luis Rojas.
Isasi y otros tres efectivos fueron sentenciados en el 2001, por un asesinato ocurrido en Coronel Oviedo, en un operativo policial irregular. El ahora comisario general recibió una pena carcelaria de cuatro años y tres meses e incluso llegó a estar recluido por un par de años en la Jefatura de Policía de Caaguazú y después en la Agrupación Especializada.
Paradójicamente, después llegó a ser jefe de la Agrupación Especializada y director de Apoyo Táctico, de donde fue destituido hace un par de meses por una presunta protección al capo narco Jarvis Chimenes Pavão. El caso de Isasi es otro de los tantos que demuestra que la Justicia Policial es implacable con unos, y complaciente con otros.