Justicia independiente

Se le notó bastante sincero al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando dijo: “Yo no quiero un juez amigo”. Dio la impresión de que se salió del libreto cuando se refirió al actual estado del Poder Judicial, seriamente cuestionado por amplios sectores sociales de nuestro país.

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Tuvo el suficiente tino al afirmar que el Poder Judicial no era independiente y dio un mensaje esperanzador al indicar que ayudaría a construir consensos para una justicia independiente; y como lo venimos diciendo hace tiempo, la responsabilidad de diseñar un sistema judicial en un país corresponde a la clase política.

En otros países, la justicia resplandece por su independencia diseñada por políticos con estatura de estadistas; establecieron un sistema de justicia donde los conflictos se resuelven a través de las normas con magistrados no solo debidamente capacitados, sino éticamente formados con las cualidades de Ulises: capaces de resistir todo tipo de encantos y sugerencias.

Una de las razones por las que nuestra justicia se muestra implacable con el débil y afable con el poderoso es que tenemos un sistema penal que solo recepta a los pobres, excluidos y olvidados de la Nación. Merece mayor sanción el que roba un celular con violencia al que vacía una entidad financiera; tipos penales de un marco de sanción inocua con relación al enorme perjuicio que causan en el plano económico.

La complacencia que demuestran algunos operadores del sistema obedece a múltiples factores.

En muchos casos, hay magistrados que necesitan el aval de determinadas élites partidarias, y eso los condiciona a ser buen juez o fiscal dependiendo de quiénes le hayan apoyado en ese proceso.

En ese contexto, devolver favores muchas veces implica un guiño complaciente en favor de la “impunidad”.

La extensión patrimonialista en el servicio de justicia de los partidos políticos ha sido el énfasis en estos tiempos de democracia, donde los liderazgos políticos, más de las veces coyunturales, marcan una fuerte presencia en los nombramientos, en los que poco importan los años de servicios o los méritos acumulados por el operador del sistema, sino su capacidad de desarrollar ciertas habilidades de relacionamiento, de cortesía, que el que se dedica a su despacho o a su permanente capacitación no tiene, o no cuenta con el tiempo para hacerlo.

Construir una justicia independiente en un país donde las asimetrías sociales se notan a pocos metros del Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional, no va resultar sencilla.

La inequidad social o jurídica no es de ahora, sino de siempre, pero las transformaciones basadas en la equidad y en la inclusión social en países como el nuestro necesitan de liderazgo morales.

La prédica con el ejemplo , la austeridad y la honestidad en la administración de la cosa pública serán un claro mensaje de lo que deben hacer los que cumplen funciones para el Estado.

El juez amigo encuentra complacencia en el mismo sistema, sin ley de carrera judicial, sin posibilidades de ningún progreso en sus carreras. Muchos jueces y fiscales saben que van camino a petrificarse en sus cargos. De nada sirve ser considerado como el faro que ilumina la oscuridad jurídica en su medio o ser calificado como el más transparente; permanecer dentro del sistema o intentar un ascenso implica golpear las puertas de los políticos de turno con el enorme riesgo de prendar su independencia.

En el interior del servicio de justicia, muchos estamos hartos de esto, de los bajos salarios, de estar socialmente mal visibilizados, de ver el “progreso ” de quienes con el debido aval político son la extensión de los liderazgos patrimonialistas, antes que la exhibición de solvencia profesional.

Tal vez el Señor Presidente recordó la declaración de principio de su partido del año 1967: la de establecer una efectiva justicia para la convivencia ciudadana como sinónimo de la paz.

Ese consenso implica construir un Poder Judicial con un sistema normativo que proteja y acompañe al juez y al fiscal que desean servir con honor a su patria, y que castigue a quienes deshonran su misión.

Construir un sistema normativo que implique enviar un fuerte mensaje de que la ley –como lo decía el Reglamento Provisorio de Justicia de 1842, de Carlos Antonio López– es “igual para el poderoso como para el menesteroso”.

El devenir de los años dirá que ese consenso fue liderado por quien quiere ser recordado como un estadista que pensó en las próximas generaciones y no la del típico político que solo pensó en las próximas elecciones.

Juez penal. Doctor en Ciencias Jurídicas, máster en Ciencias Políticas.

maguirrerodas@hotmail.com

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