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En la primera sesión, el único ausente fue el vicepresidente del Jurado, Jorge Ávalos Mariño.
Tomaron las decisiones el presidente Adrián Salas y los miembros Gladys Bareiro de Módica, José Torres Kirmser, Adolfo Ferreiro, Óscar González Daher, Enrique Riera y Óscar Tuma.
El caso más cuestionado fue la entrega de 252 kilos de cocaína.
Por este hecho fueron enjuiciados y suspendidos el juez Luis Benítez, además de las fiscalas Camila Rojas y Katia Uemura. Todos ejercen sus funciones en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
“Con relación a la agente fiscal Katia Uemura Montenegro, la misma habría delegado funciones inherentes de un agente fiscal a un funcionario –asistente fiscal– al momento de la realización del procedimiento de incautación de evidencias y posterior comunicación del inicio de la investigación al juez penal de garantías, además de haber sido realizada dicha comunicación fuera del plazo establecido a través del artículo 290 del CPP”, refiere el Jurado.
Sigue manifestando el órgano juzgador. “Con relación a la entonces agente fiscal Camila Rojas, la misma también habría delegado sus funciones inherentes de agente fiscal a un funcionario –asistente fiscal– al momento de haber solicitado como anticipo jurisdiccional de prueba la incineración de las evidencias incautadas”.
En cuanto al magistrado señala: “Con relación al juez Luis Alberto Benítez Noguera, el mismo habría ordenado la incineración de las evidencias –específicamente 250 (doscientos cincuenta) kilogramos de cocaína– fuera del plazo establecido por la ley especial, pese a haber sido requerido por el Ministerio Público con antelación”.
El cargamento fue descubierto el sábado 10 de enero al pie de un cerro en la estancia Kamba Kua (cuyo dueño sería un brasileño), en la colonia Fortuna Guasu, distrito de Zanja Pytã, a 16 kilómetros al sureste de Pedro Juan Caballero.
La carga fue robada de la Jefatura de Policía del departamento de Amambay en la madrugada del 17 de enero.
Por la forma en que ocurrió el hecho y el sitio donde se registró, el suceso fue considerado una entrega.
En su confesión, el oficial de guardia de la Jefatura de Policía en el momento del robo de la evidencia, el suboficial 2º Luciano Valenzuela, dijo haber sido encarado cerca de la 1:30 del sábado por el custodio del segundo turno, el suboficial 1º Santiago Ferreira Coronel, quien le indicó que estuviera atento porque habría “buena plata” por un “trabajo”.
Siempre según el testimonio del agente ahora utilizado como testigo, minutos después apareció en el sitio el suboficial mayor Lucio Natividad Recalde Melgarejo, quien junto con el suboficial Santiago Ferreira Coronel sacaron las seis bolsas, las transportaron hacia el patio de la Gobernación y las arrojaron sobre la muralla.
La carpeta fiscal también menciona la participación del suboficial 1º Celso Fleitas, quien era el encargado de la armería y suministró una copia de la llave para la “devolución” de la droga confiscada.
El comisario Víctor Barúa, destituido a consecuencia del hecho, relató que luego de la incautación de la droga, sugirió a la asistente fiscal María Mirtha Martínez de Benítez, quien acompañó el procedimiento, que la carga fuera remitida al depósito del Ministerio Público o a la oficina regional de la Senad.
Sin embargo, según consta en el acta de procedimiento, por instrucciones de la fiscala Camila Rojas la droga fue trasladada a la Jefatura de Policía de Amambay, con sede en Pedro Juan Caballero.
Otro fiscal que tomó intervención, Juan Carlos Blanco, después también solicitó al juez Luis Alberto Benítez Noguera la autorización para la destrucción inmediata de la evidencia, justamente para evitar cualquier intento de rescate, pero las seis bolsas repletas de cocaína permanecieron guardadas en la armería de la Jefatura, según los antecedentes.
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