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En la plenaria del martes pasado, los miembros resolvieron archivar la denuncia del defensor adjunto del Pueblo, Édgar Villalba. El mismo solicitó el enjuiciamiento de los fiscales Soledad Quiñónez, Jorge Kronawetter y Jalil Rachid. Los mismos pidieron permiso para ocupar cargo de ministra Anticorrupción, director de Migraciones y viceministro de Seguridad, respectivamente.
La denuncia incluyó a la magistrada Carla Bacigalupo, quien consiguió autorización de la Corte Suprema para ejercer el cargo de ministra de Justicia.
En el informe de prensa remitido a los medios de comunicación, el Jurado informó que los miembros no encontraron indicios de mal desempeño y por eso se resolvió archivar la denuncia. Hasta ahora, se desconoce el argumento esgrimido y también quiénes son los integrantes que apoyaron esta postura.
El único miembro que expresó su desacuerdo fue el senador Adolfo Ferreiro.
Además de Ferreiro, el Jurado presidido por Adrián Salas, está integrado por el senador Óscar González Daher; los diputados Óscar Tuma y Jorge Ávalos Mariño; los miembros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro de Módica y el abogado Enrique Riera, quien representa al Consejo de la Magistratura, en donde fue designado por el Poder Ejecutivo.
Lo grave del caso es que el Jurado ignoró un dictamen de su propia asesoría jurídica, que dice que los jueces y fiscales que solicitaron permiso para ocupar cargos en el Gobierno violan claras disposiciones constitucionales. (Ver infografía).
En octubre de 2013, el Jurado presidido entonces por el senador Óscar González Daher había convocado al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ya con base en el dictamen que ahora se ignoró.
Durante aquella reunión, Díaz Verón expuso su criterio y entregó a cada miembro un dictamen de la directora jurídica de la fiscalía, Patricia Rivarola.
El representante del Ejecutivo, Enrique Riera, coincidió con Díaz Verón, pero con otros argumentos, según el archivo de nuestro diario.
Sin embargo, el diputado Óscar Tuma se ratificó en que es inconstitucional el permiso a los fiscales.
Adolfo Ferreiro dijo que es el momento de replantear la situación de los comisionamientos en la esfera del Estado y en particular de la Fiscalía.
Para concluir, la reunión del 1 de octubre de 2013, el entonces titular del Jurado, Óscar González Daher, advirtió a Díaz Verón que no siga otorgando permiso.
El fiscal general respondió que esta situación que se planteó es nueva y que inclusive habría que revisar la ley orgánica del Ministerio Público –que le habilitada para los permisos– aunque dejó en claro que si los criterios siguen contrapuestos lo deberá resolver la Corte Suprema.
Según fuentes, este argumento habría sido utilizado por la mayoría de los miembros del Jurado. Es decir, se lavaron las manos y dejaron a cargo de la Corte la “interpretación” de la Constitución Nacional, que es muy clara en cuanto a las incompatibilidades de los magistrados (incluidos jueces y fiscales).
Dictamen de Mendonca
Un dictamen del doctor Daniel Mendonca, realizado a pedido de la Asociación de Agentes Fiscales, señala que el permiso a los agentes para ocupar otros cargos no viola la Constitución.
El dictamen establece –a modo de ejemplo– que la Constitución Nacional admite la vía del permiso para aceptar cargos de ministros del Poder Ejecutivo o cargos diplomáticos.
Para tal efecto, se pide la autorización a la Cámara respectiva, a la cual puede incorporarse una vez culminadas las funciones diplomáticas o ejecutivas asignadas.
Indica que en el caso de los fiscales el régimen del permiso se halla establecido en el reglamento interno del Ministerio Público. Se contrapone al dictamen del Jurado que se ignoró.
Se blanqueó caso de 359 kilos de cocaína
El Jurado de Enjuiciamiento también archivó la investigación abierta a los jueces Elio Ovelar, María Luz Martínez y Daniel Ferro, quien fueron acusados de dictar un fallo complaciente con el crimen organizado, en un caso de 359 kilos de cocaína. El órgano juzgador ni siquiera procesó a los magistrados, y señaló que no encontró indicios de mal desempeño.
“Evaluando la integralidad de los actos trasegados, se puede concluir con fuerza conviccional objetiva que no se visualizan elementos o indicios razonables de un mal desempeño de funciones”, dice parte de la resolución por la cual el Jurado blanqueó el caso.
En juicio oral, fueron condenados Gilberto Domínguez a 15 años de pena privativa de libertad por tenencia de sustancias estupefacientes y asociación criminal; en calidad de autor, Jaime Andrés Franco Mendoza, a 11 años de pena privativa de libertad; Celestino Godoy Sanabria, a 11 años de cárcel, y Marcos Ariel Mendoza Marín a 4 años de pena privativa de penitenciería.
El fiscal Marcelo Pecci también los había acusado por tráfico de droga, que tiene una pena mucho mayor. Sin embargo, esta calificación fue descartada por el tribunal con un argumento absurdo, en un fallo carente de fundamento.
Para descartar la figura del tráfico, los jueces señalaron en su fallo que “en dicho tinglado (donde se halló la droga) no se encontraba ninguna avioneta, lancha o moto sky para transportar y remitir al extranjero y comercializar dicha sustancia, no quedando configurado el art. 26 de la Ley Nº 1340 y sus modificatorias”.
Hasta ahora se desconoce quiénes fueron los miembros que avalaron este vergonzoso blanqueo, ya que aún no se dio a conocer la resolución.
La medida se contradice al discurso de las autoridades del Jurado, quienes no pierden la oportunidad para resaltar una supuesta lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando hay grandes intereses todo queda en la nada.
Destacaron lucha contra la corrupción en sistema judicial
El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, y el titular del Jurado de Enjuiciamiento, Adrián Salas, se reunieron la semana pasada con el consejero político y económico de la embajada de los Estados Unidos, Albert Kraaimoore. En la oportunidad conversaron sobre el trabajo “arduo y tenaz” de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, según el informe de prensa del Consejo, remitido a los medios de comunicación.
Sin embargo, contradictoriamente el órgano juzgador de magistrados, hace quince días blanqueó a los jueces que dictaron una sentencia reducida a favor de acusados por tráfico de droga. El argumento utilizado por el Jurado es menos creíble que el que usaron los miembros del Tribunal de Sentencia que sacaron el “fallo complaciente con el crimen organizado”, según el fiscal Marcelo Pecci.
Con el archivamiento de las denuncias contra jueces y fiscales es muy difícil combatir la corrupción. Se debe por lo menos impulsar el procesamiento de los acusados.
El doctor Riera, según el informe de prensa, explicó al visitante que algunas veces en el Jurado no se cuenta con los votos necesarios para remover a jueces envueltos en casos de corrupción y en especial del flagelo del narcotráfico.
cbenitez@abc.com.py