Juicio por plagio: Alegatos en el caso Arlan

El juicio oral y público a Alcides Oviedo empezó con la acusación de instigación al secuestro de Arlan Fick entre otros delitos, pero de las pruebas ofrecidas en juicio su situación varió y ahora, la defensa debe responder también por supuesta autoría moral. Los alegatos finales se presentan este martes 11 y para el miércoles, se conocería la sentencia.

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Luego de que el Tribunal de Sentencia presidido por Fulvio Salinas hiciera la advertencia del artículo 400 del Código Procesal Penal, la defensa de Alcides Oviedo debe prepararse para refutar la acusación de secuestro, en grado de autoría, además de las de apología del delito, frustración de la persecución y ejecución penal, terrorismo y asociación terrorista.

Entre las pruebas presentadas en el transcurso del juicio oral y público iniciado el 2 de mayo pasado, está un manuscrito de 17 páginas requisado de la celda que el autoproclamado líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ocupa en la Agrupación Especializada, el 31 de mayo de 2016.

Instructivo

Se trata de una suerte de instructivo, en el cual Oviedo se refiere a la estructura de la organización del EPP, a la “experiencia revolucionaria” que supuestamente desarrolla el grupo criminal EPP en nuestro país y habla de la “actividad. En una parte incluso anhela la venida de “alguien de afuera” para poder ayudar a superar las dificultades existentes y así, desarrolla el “laborioso proceso de crecimiento de las batallas hasta llegar a constituir poderosas unidades de combate, ágiles para la maniobra, firmes para la defensa y arrolladoras en el ataque”.

El texto es como una especie de instructivo ideológico que, aparentemente, debía llegar a los militantes del EPP que controlan gran parte de los montes de los departamentos de Concepción, San Pedro y, últimamente, también una porción de Amambay.

Canje

Otra de las pruebas ofrecidas por los fiscales Joel Cazal y Javier Ibarra es la nota entregada por el acusado al político Nils Candia Gini, mediante la cual condicionó la libertad de Arlan a la liberación de los miembros del grupo criminal.

En su declaración en juicio, Candia Gini explicó que visitó a Oviedo en su lugar de reclusión en el año 2014, en su carácter de miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El testigo explicó que lo hizo con otros miembros de la organización, para entregar una carta en la que pedían la libertad del joven Arlan Fick. Afirmó que presenció el momento en que Oviedo redactó la nota de puño y letra, ofrecida como respuesta a su petición.

“(...) En lo que concierne a mí, no habrá ninguna orden de liberación si eso no implica, como contrapartida, una orden de liberación de todos los epepistas que sufren en las cárceles del gobierno (...)”, dice la nota entregada por Oviedo y que también forma parte de las pruebas producidas en juicio.

El adolescente Arlan fue secuestrado en Paso Tuyá, distrito de Azotey, el 2 de abril del 2014 por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y liberado en la noche del 25 de diciembre de ese mismo año. La familia Fick Breem pagó 500.000 dólares en efectivo y repartió víveres por valor de 50.000 dólares, a cambio de la liberación del joven.

La expectativa de pena para Alcides Oviedo es de 30 años de cárcel en esta causa. El acusado cumple una condena de 18 años por el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi, que fue secuestrada el 16 de noviembre de 2001, del parque Ñu Guasu. Tras permanecer 64 días en cautiverio, “Nika” fue liberada el 19 de enero del 2002 previo pago de un rescate de 1 millón de dólares, en el 2001.

Oviedo aprovechó el juicio para referirse a cuestiones que no tienen relación alguna con los hechos por los cuales está acusado.

“El monto pagado por Antonio Debernardi fue de 2.250.000 dólares en dos entregas: la primera, de 900.000 dólares, y la segunda, de 1.350.000 dólares”, afirmó Oviedo en juicio, reavivando así la polémica sobre el monto pagado en concepto de rescate por María Edith, que motivó inclusive discrepancias entre los miembros del grupo armado, confirmando la revelación hecha por el testigo Dionisio Olazar en la época.

En su segunda declaración ante el Tribunal de Sentencia, Oviedo responsabilizó al fiscal Joel Cazal de la muerte del Capitán Enrique Piñánez. Piñánez falleció en noviembre de 2014, cuando estalló un explosivo que transportaban en el móvil de la FTC en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

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