Juicio en caso Arrom: Presentan alegatos escritos

El Estado responderá esta semana los alegatos escritos en el caso Juan Arrom ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José de Costa Rica. En la audiencia de febrero pasado, el prófugo cayó en notarias contradicciones.

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El procurador general de la República, Sergio Coscia, confirmó que este 8 de marzo se presentarán los alegatos escritos del Estado paraguayo en el caso: “Arrom Suhurt y otros versus Paraguay”, gestionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene su sede en San José de Costa Rica.

La defensa escrita será enviada a través de los canales diplomáticos (vía Cancillería). Coscia señaló que la presentación es mediante un trabajo en conjunto con distintas instituciones del Estado, integradas por la PGR, el Ministerio Público y la Cancillería.

“La defensa escrita requiere de la más alta labor intelectual de los miembros de las instituciones citadas para la elaboración correspondiente de la defensa que ha ser presentada ante el Organismo Internacional, en la fecha anteriormente citada”, expresó el procurador Coscia.

El pasado jueves 7 de febrero se llevó a cabo en Costa Rica la audiencia ante la Corte IDH, a la que asistió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Se trata de la demanda que entablaron los prófugos de la justicia de nuestro país Juan Arrom y Anuncio Martí contra el pueblo paraguayo.

Antes de ingresar a la sala, Marito le alentó a la delegación encabezada por Sergio Coscia, quien lleva la defensa.

Arrom, procesado en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón en el 2001 pero con refugio en el Brasil, se puso nervioso en la audiencia pública en la Corte Interamericana de DD.HH., cuando los jueces le acorralaron con preguntas.

Mediante una videoconferencia desde Brasil participó como demandante de la audiencia y no pudo justificar la millonaria demanda de US$ 63 millones que le reclama al pueblo paraguayo junto a su también procesado compañero Anuncio Martí.

La jueza Elizabeth Odio Benito le preguntó sobre los motivos por los cuales estuvieron privados de su libertad (Arrom y Martí en enero de 2002), a lo que respondió que “el objetivo principal era la autoinculpación y que el hecho criminal (secuestro de María Edith y liberada tras un pago millonario en dólares) formaba parte de un plan de desestabilización del gobierno (de Luis González Macchi)”.

La jueza insistió y le preguntó cómo estaban vinculados el secuestro de María Edith con el supuesto intento de autoinculpación, a lo que Arrom volvió a responder que se trataba de un intento de recabar datos y retener a dirigentes de su movimiento (Patria Libre).

“El objetivo fue la autoinculpación del hecho criminal, involucrando a otros actores políticos, a sectores de la oposición”, dijo,

Luego, Juan Arrom hizo una “rebaja” de su pretensión con Martí de US$ 63 millones a US$ 50 millones. Mientras realizaba su declaración, en las redes sociales le acusaban de “secuestrador”, “mentiroso”, etc. Arrom y Martí están con estatus de refugio en el Brasil desde el 2003.

“Simbólica” indemnización

Solo Juan Arrom solicita US$ 20,5 millones. y sus familiares piden US$ 14 millones (US$ 34,5 millones en total). En tanto, el otro prófugo de la justicia paraguaya, Anuncio Martí, reclama US$ 20,5 millones, y sus familiares, US$ 8 millones (US$ 28,5 millones). En total la suma asciende a US$ 63 millones. Sin embargo, Arrom señaló en la audiencia pública que su reclamo “simbólico” asciende a US$ 50 millones. Supuso que su compañero Martí también reclamaría el mismo monto, con lo cual totalizarían US$ 100 millones.

El vicepresidente de la Corte de DD.HH., Eduardo Vio Grossi, dijo que no es nada “simbólica” la cifra. “Obviamente, pedir US$ 50 millones (...) se aleja de este concepto de simbólico”, expresó.

Juez cuestionó el proceder de CIDH

El juez chileno Vio Grossi, vicepresidente de la Corte IDH, también le cuestionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué dictó medidas cautelares el 5 de febrero de 2002. Preguntó: “¿En qué se basó para dictar esas medidas cautelares?”. La vocera de la Comisión respondió que esas medidas fueron solicitadas por la Coordinadora de DD.HH. del Paraguay (Codehupy) porque Arrom y Martí huyeron del país.

Pero el juez Grossi retrucó: “Quiero que tengan en consideración que el 19 de enero había una orden de detención pública en causa; tuvo que haber consultado al Estado antes de dictar la medida. Aparece una medida cautelar en contra de una orden judicial. Es mi duda”.

A fin de año se resolvería

En noviembre o diciembre de este año se conocería la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la demanda que le entablaron a nuestro país los prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí.

En febrero, ambas partes fueron escuchadas por los integrantes de la Corte IDH.

Este 8 de marzo, el Estado paraguayo y los demandantes deberán presentar sus alegatos finales por escrito y recién a fin de año se conocería la sentencia definitiva.

En Paraguay la justicia acusa a Arrom y Martí de participar en el secuestro, en el 2001, de María Edith Bordón, quien asistió a la audiencia, en febrero, en Costa Rica.

martin.riveros@abc.com.py

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