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Silvio Cesar Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), y Ricardo Arias Arca afrontan desde la semana pasada un juicio oral y público en el cual deben rendir cuentas del uso que se dio a más de G. 68.000 millones que debieron ser destinados a productores.
En el primer día de juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Víctor Alfieri y Elio Ovelar rechazó los incidentes de nulidad de acusación planteados por Arias y Piccardo.
Este proceso es por el descomunal fraude en que se convirtió la “ayuda” a 188 comités de productores frutihortícolas, por un total de G. 68.265.418.419. La acusación revela el manejo poco prolijo de los recursos proveídos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Fenaprofhp entre los años 2011 y 2012, para su distribución a pequeños productores para impulsar el desarrollo de distintos proyectos.
Facturas falsas, rendiciones ficticias y sobrefacturaciones son algunas de las irregularidades detectadas por la investigación fiscal y que sirvieron de base para la acusación.
La investigación realizada por el Ministerio Público permitió detectar las distintas estrategias para materializar el desvío, una de las cuales –detallada en la acusación correspondiente– se detalla a continuación: “Eligio Centurión justificó las compras de mercaderías supuestamente luego vendidas a Local SA con las facturas Nº 001-001-007001 por la suma de G. 350.746.443; factura Nº 001-001-0007004 por la suma de G. 27.433.068; factura Nº 001-001-0007010 por la suma de G. 75.155.040 atribuidas a Casa Achi Comercial e Industrial, y con la factura Nº 001-001-0008329 por la suma de G. 409.898.400 atribuida a la firma “Depósitos de Materiales de Construcción Trinidad”.
Sin embargo, el Dpto. de Investigación Financiera del Ministerio de Hacienda obtuvo las copias autenticadas de la facturas realmente expedidas por Casa Achi Comercial e Industrial, de lo que resulta que la factura Nº 70001 en realidad fue emitida al Supermercado Guaraní SRL por G. 215.000, la factura Nº 7004 realmente fue emitida a José Palermo por G. 300.000 y la factura Nº 7010 fue emitida a la firma San Jorge, por G. 110.000.
Inocencio Achinelli, de casa de depósito Achi, quien trajo las facturas originales emitidas al Supermercado Guaraní SRL por G. 215.000, a José Palermo por G. 300.000 y a la firma San Jorge por G. 110.000, dijo que las facturas presentadas por Eligio Centurión no corresponden a las emitidas por su negocio, aclara que su negocio no vende lo descripto en la factura, excepto la varilla para construcción, pero jamás tuvo esa cantidad que se menciona”.
Operaciones fraguadas como esta hay varias detalladas en la acusación y ahora es el momento en que los acusados deberán explicar dónde fue a parar la millonaria suma que debió financiar programas de cultivo de pequeños productores.
Más de mil testigos
Un total de 1.500 testigos han sido propuestos por las partes para prestar declaración en el juicio oral y público a los exdirectivos de la Fenaprofhp. En una gran mayoría son integrantes de los 188 comités supuestamente favorecidos con las ayudas monetarias que en muchos casos no llegaron a destino o llegaron en cantidad inferior a la declarada.
Documentos
La carpeta fiscal tiene 155 tomos de documentos varios referentes a las operaciones realizadas, mientras que el expediente judicial está conformado por 15 tomos. De las 36 personas procesadas por estafa y otros delitos al inicio de la investigación, siete han sido desvinculadas del caso por la vía del sobreseimiento definitivo.
Suspensión del procedimiento
Más de diez acusados fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento. Se trata de personas que cobraron cheques a pedido de dirigentes de la Fenaprofhp, a los que entregaron dicho dinero y que emitieron facturas en blanco, luego utilizadas para maquillar desembolsos irregulares de dinero.
Alegatos iniciales, a partir del miércoles
El juicio oral y público a los exdirectivos de la Fenaprofhp prosigue este miércoles, con la presentación de los alegatos iniciales por parte del Ministerio Público. En la ocasión, el fiscal Igor Cáceres expondrá brevemente los principales argumentos que sostienen la acusación. Posteriormente, harán lo propio los representantes legales de los cinco acusados, que posteriormente podrán prestar declaración indagatoria si así lo desean.
En el escrito de acusación, la Fiscalía de Delitos Económicos detalla que los precios que figuran en las notas de presupuestos no corresponden a la realidad.
“Tampoco corresponde a la realidad las actas de entrega de insumos en las cantidades allí consignadas y en definitiva los pocos insumos realmente entregados a los comités para cubrir el destino real del dinero desembolsado, tampoco sirven para los fines que debían destinarse”.
Según la Fiscalía, las facturas que acompañan la rendición y los documentos presentados por Fenaprofhp a modo de comprobantes de la utilización de los recursos, en realidad fueron elaborados por Luis Piccardo quien era el que se los solicitaba a los supuestos proveedores para cubrir y ajustarlos a los montos de los desembolsos.
Exministros acusados, los grandes ausentes
Los exministros de Agricultura Enzo Cardozo, actual senador liberal y su sucesor al frente de dicha cartera Rody Godoy, también han sido acusados en el mismo escrito en el cual se pidió juicio oral y público para los exdirectivos de la Fenaprofhp –presentado el 6 de setiembre del 2014– pero hoy son los grandes ausentes de este juicio. Idéntica situación se da con la exdirectora de Administración y Finanzas del ente, Maristela Azuaga.
Las reiteradas chicanas promovidas por la defensa –léase recursos de reposición, casación, acción de inconstitucionalidad, entre otros– así como la excesiva demora de las autoridades de resolverlas, son los responsables de que ni siquiera se haya podido realizar la audiencia preliminar para estas personas. Esta causa está a cargo del juez Gustavo Amarilla.
Según los datos, sólo el recurso de casación permanece sin resolución. Las otras chicanas han sido rechazadas recientemente.
Plata sin proyectos
La Fiscalía sostiene que Cardozo y Godoy no solo autorizaron el desembolso de dinero para la producción frutihortícola sin un estudio de mercado, sino que dispusieron el desembolso pese a que no había proyecto alguno.
Al respecto, tanto la ley como las resoluciones dictadas por el propio Ministerio disponen que para cada desembolso deben presentarse previamente proyectos específicos que en cada hoja deben estar firmados por los representantes del comité y con el sello del mismo. Irregularidades
La Fiscalía sostiene que según los elementos de convicción recabados en la investigación, no sólo las rendiciones de cuentas sino que los documentos que debían ser presentados antes de los desembolsos fueron entregados con posterioridad y ajustados para cubrir el real destino que se le dio al dinero.
Respecto a las rendiciones de cuentas presentadas por la Fenaprofhp, la Fiscalía sostiene que lo consignado en las mismas es patentemente falso y sin embargo los ministros Cardozo y Godoy no realizaron ni dispusieron la realización de acción alguna para recuperar el dinero perdido, es más pese a la inconsistencia de las rendiciones de cuentas siguieron disponiendo del dinero del MAG en los desembolsos correspondientes.
Proceso paralelo
En un proceso paralelo, el 23 de marzo del 2015 los exministros Cardozo y Godoy han sido acusados con otras personas por un desvío de G. 3.700 millones, que debieron ser aplicados a proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y del Frente Combatiente contra la Pobreza.
La acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle afirma que en 2011 y 2012, durante la administración de Cardozo en el MAG, fueron desviados G. 1.219 millones, que debían ser destinados a ocho comités de diversos puntos del país, en el marco del Pronafope.
Asimismo, la fiscalía sostiene que durante la gestión de Godoy se desviaron G. 2.500 millones con la ONG Frente Combatiente contra la Pobreza.
En esta causa, a cargo del juez Humberto Otazú, está pendiente de realización la audiencia preliminar, en la que el magistrados debe resolver si los acusados afrontarán o no un juicio oral y público por estafa, lesión de confianza y otros delitos.
Al igual que la causa anteriormente citada, esta tampoco avanza debido a las reiteradas chicanas promovida por las defensas. Además de los distintos recursos interpuestos contra la imputación, cada vez que convoca a preliminar, el juez es recusado por una de las defensas. Esta estrategia ha sido utilizada en dos ocasiones y en ambas la recusación ha sido descartada por el Tribunal de Apelación, por carecer de fundamento.
Todos los acusados
Además de los exministros y de Azuaga, también están acusados en esta causa Víctor Llano, Ana Galeano, Enrique Hamann Bugs, Flavia Rotela, Ronald Guerrero, Susan del Puerto, Víctor Llano, Bernardino Centurión, Carmelo Centurión, Eusquicio Meza, Marcelo Centeno, Katia Fernández, Esteban Guerrero, Diana Galeano y Nora Narváez.
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