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“En el marco de la investigación en la presente causa, esta representación fiscal ha tomado conocimiento de que en fecha 5 de junio de 2007 se presentó ante el Consejo de Administración de la Cajubi el señor Ismael Pérez en representación del First Canadian Group Of Companies a fin de ofrecer un producto caracterizado como Notas sobre Activos Duros (NSAD), consistentes en una inversión estructurada, cuyos fondos se asignan a propiedades de exploración de commodities”, menciona la acusación.
Explica que el proponente mencionó que la inversión de Commodities se clasifican en energéticos, mineros y agrícolas. También afirmó que First Canadian es un Banco de Inversión regulado por la Comisión de Valores de Ontario ubicado en Toronto.
“El referido representante manifestó igualmente que los activos subyacentes son de rápida plusvalía y generan ganancias significativas que se distribuyen entre el cliente y el banco”, mencionaba el escrito.
La propuesta consistía en la inversión en importantes sectores de la economía canadiense, tales como el medio ambiente, salud, infraestructura, biociencias y tecnología.
Sin embargo, como en todos los casos resultó una estafa, aunque algo se pudo recuperar.
“En cuanto al resultado de las inversiones, es importante destacar que de los CAD 3.000.000 (dólares canadienses tres millones) que fueran invertidos, se recuperó la suma CAD 1.288.957, es decir que existió un perjuicio patrimonial de CAD 1.711.043 (dólares canadienses un millón setecientos once mil cuarenta y tres).
La fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupcion cita que llamativamente intervinieron tres empresas, (de las cuales no se tenían informes) para un producto que solo fue ofrecido por una de ellas.
“El producto fue ofrecido por la empresa denominada First Canadian Group of Companies, luego los documentos fueron emitidos por otra empresa de nombre First Canadian Capital Markets Limited, y finalmente los actos jurídicos fueron celebrados con un representante de otra empresa, el First Canadian Int Corp., cuyos demás datos se desconocen, puesto que no existen en los registros de la Cajubi documentos que permitan conocer siquiera la identidad de la persona que firmó los acuerdos con los acusados”, refiere la acusación.