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En el año 2011 se fundó la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Trabajo, Consumo, Producción y Servicios Padre Juan Antonio de la Vega (Copajav), para que los presos de La Esperanza, quienes no pueden poseer dinero dentro del recinto penitenciario, guarden el 30 por ciento de las ganancias obtenidas a través de las ventas de los productos que elaboraban.
Primeramente parte de sus ganancias se depositaban en el Banco Nacional de Fomento (BNF), sin embargo, tras la conformación de la cooperativa el Ministerio de Justicia firmó un convenio con la misma para que los bienes financieros de los reclusos se transfieran a la sociedad.
A partir de ahí se iniciaron unas series de irregularidades que un interno descubrió tras recibir su libertad. A él se sumaron otras 20 personas, 17 de ellas en situación de encierro todavía.
El representante legal de los afectados, abogado Salustiano Ortiz, manifestó que tomó conocimiento del hecho hace poco más de 15 días, luego de que uno de los internos “haya solicitado al juzgado de ejecución, donde está su causa, que a través del juzgado le devuelvan su ahorro, porque tenía sospechas de que habían irregularidades en la cooperativa. Pues habían internos que pidieron sus ahorros y no se les entregó”.
Depósitos canalizados
Ortiz comentó que el agente fiscal Blas Imas, socio fundador y presidente de la cooperativa, le manifestó que “quedó solo y no pudo mantener” la institución, razón por la que quebró.
Luego de eso, el letrado dialogó con sus clientes y les consultó sobre si sabían de la situación de la sociedad, a lo que ellos respondieron que nadie les informó de aquello. “Siempre pidieron información en el Penal Esperanza”, pero nunca les facilitaron datos.
Añadió que los reclusos le informaron que el 30% del dinero, producto de la venta de sus artículos, era depositado a la cooperativa por el funcionario José María Martínez, en una cuenta que estaba a su nombre. Pero, ni siquiera sabían la suma que tenían ahorrada, solo uno de los privados de libertad –el que descubrió las irregularidades– tuvo conocimiento de que su ahorro era de G. 15 millones.
Cambio de entidad
Según la información que le dieron los internos al abogado Ortiz, la suma que era descontada de sus ganancias a los internos siempre se depositó en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a modo de que cuando el mismo recupere su libertad pueda retirar su plata. Pero, tras la fundación de la cooperativa en 2011, el Ministerio de Justicia firmó un convenio con la entidad financiera y los ahorros fueron transferidos, sin consultar a los afectados. Ante esta situación, los convictos solicitaron la copia del documento, “pero nunca lo remitieron, incluso uno de ellos hizo el pedido a través de su abogado”, señaló Ortiz.
El caso ya fue denunciado al Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. La investigación está a cargo de la fiscal Mercedes Caniza, quien tomará declaración a los 21 presos afectados por la quiebra de la cooperativa, a modo de que se ratifiquen en su denuncia.
La entidad quebró a mediados de 2016 y esto recién les fue informado en 2018, dijo Ortiz.
“No tuvimos acompañamiento”
Uno de los fundadores y titular de la Copajev, agente fiscal Blas Imas, comentó que la institución, desde sus inicios, posibilitó el ahorro a los privados de libertad y también brindó créditos. Así “las dificultades comenzaron cuando se hacían los traslados, porque el cobro de deudas ya era difícil de hacer”, dijo. De esta forma “aguantamos más o menos cinco años, hasta que tuvimos un déficit considerable” y en medio de ello tuvieron que pagar gerentes y contadores.
Ya en esa situación avisaron al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que intervino la cooperativa, que poco tiempo después se declaró en quiebra. Ello provocó que los 21 internos perdieran la suma total de G. 100 millones en ahorros, mientras que la deuda al ente por parte de los reclusos es de G. 200 millones.
Imas expresó que luego de lo ocurrido la comisión directiva de la cooperativa llamó a una asamblea en la cual declararon el statu quo, solo que los datos no llegaron hasta los ahorristas. “Nosotros le enviábamos los documentos y los directivos de los recintos debían destinar esa información a los internos”, explicó.
En otro momento Imas dijo “nosotros ni un centavo hemos recibido a nivel estatal por parte del Ministerio de Justicia, que no nos hizo un acompañamiento. Se le dio crédito a muchísima gente, pero no pudimos avanzar por falta de acompañamiento”.
La cooperativa, durante su funcionamiento, contaba con cerca de 800 socios, de los cuales el 60% eran internos, mientras que el 40% eran personas que estaban fuera del sistema penal. Los mismos debían abonar mensualmente la suma de G. 10.000 en cuestión de aporte y G. 5.000 en concepto de solidaridad.
Imas dijo también que se está auditando la cooperativa por parte del Instituto Nacional del Cooperativismo.
Añadió que los pagarés con que se cuentan están para ser ejecutados.
El fiscal reconoció que hubo una falta de comunicación.