Cargando...
En un Estado de derecho sólido y verdadero prevalecen la transparencia, la previsibilidad y la generalidad de las leyes. Estas características facilitan las relaciones entre los integrantes de la sociedad y permiten la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos que naturalmente existen en las comunidades.
Un aspecto no menor es que a través de actos de gobierno transparentes, previsibles y que sean dictados sobre la base del principio de igualdad se contribuye con el desarrollo económico sostenible y la paz social de una nación.
En síntesis el Estado de derecho necesita para ser efectivo:
1) EL IMPERIO DE LA LEY: el derecho debe ser el principal instrumento de gobierno;
2) VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY EN LA SOCIEDAD: que la ley sea capaz de guiar la conducta humana de gobernantes y gobernados; y
3) UN PODER JUDICIAL QUE IMPACTE SOCIALMENTE: es decir, que el órgano jurisdiccional sancione los abusos y atropellos cometidos contra la Constitución Nacional y las leyes ejerciendo su rol con independencia, imparcialidad y con una perspectiva de combate a la impunidad.
En este orden de ideas nos preguntamos: ¿El Poder Judicial en el Paraguay ayuda con el fortalecimiento del Estado de derecho? Y la respuesta es NO. La debilidad institucional de nuestro Poder Judicial es alarmante. La Corte Suprema de Justicia (integrada más por rufianes que ministros) como institución ha opacado el imperio de la ley e instaurado una cultura clientelar y mercantilista en la justicia paraguaya.
Las excepciones son simplemente personas, buenos funcionarios que no tienen el peso institucional que se requiere para modificar este estado de cosas. La herencia de esta administración de justicia es la falta de institucionalidad acompañada con nulas políticas de Estado que nos ofrezcan la esperanza de un futuro mejor.
El presupuesto del Poder Judicial ha aumentado en cuatro años más del ciento seis por ciento. Y la cantidad de jueces supera por mucho el nivel de conflictividad de nuestro país y el promedio de funcionarios y magistrados que poseen otros países como Chile, Brasil, Uruguay y EE.UU. cuyas administraciones de justicia son más eficientes y generan mayor confianza en la ciudadanía.
Necesitamos –por las buenas o por las malas– sacar a estos ministros de Corte que violando la Constitución Nacional se han declarado dictadores perpetuos de la República del Paraguay. Necesitamos nuevas reglas de juego democrático que aspiren a humanizar el Poder Judicial.
Necesitamos combatir la impunidad que con un “efecto derrame” desolador es operativizada y efectivizada desde las más altas esferas del Poder Judicial.
Necesitamos diseñar la carrera judicial que contemple la capacitación de los funcionarios judiciales, en general, y de los magistrados, en particular, como un derecho ciudadano, un derecho humano que no puede seguir siendo objeto de negación y postergación.
Hoy, solo quería reflexionar y gritar a través de esta pluma libertaria que ¡NECESITAMOS UNA REVOLUCIÓN JUDICIAL!
(*) Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.