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Villamayor explicó que la Cámara de Senadores creó una comisión especial para estudiar un volumen importante de denuncias que se han producido en torno a una causa identificada con el número 73 y caratulada como Rafael Filizzola Serra y otros s/ lesión de confianza, y en la que se investiga a los inversores españoles Álvaro Lasso y Guillermo Casado.
“El origen es en realidad la respuesta del Poder Ejecutivo a un pedido de informes del mismo cuerpo, y en el que se afirma una vez más que efectivamente, la documentación empleada en la imputación a los empresarios no se corresponde con el contrato suscrito con el Estado Paraguayo. Es decir el documento empleado por la fiscalía y suministrado a la misma por el Poder Ejecutivo es falso. Y agrega el informe que la totalidad de la documentación ya no se encuentra en el Poder Ejecutivo. Es decir que a esta altura debe considerarse todo desaparecido. Debemos reconocer que este hecho es extremadamente grave”, dijo.
Afirmó que “la fiscalía por su parte sostiene que para investigar el presunto incumplimiento de un contrato, el hecho de que el contrato sea verdadero o falso resulta irrelevante. Esto lo han dicho los agentes fiscales en conferencia de prensa. Podemos hasta aquí coincidir en que el hecho es de una gravedad extrema. Pero falta más. La defensa no accedió hasta hoy, y a pesar de múltiples requerimientos, a la totalidad de las carpetas fiscales, que a tenor de lo expresado en la acusación superan los 69 tomos. Tampoco hemos accedido a las carpetas administrativas”.
“Ambos empresarios españoles no han prestado declaración indagatoria. Uno de ellos ni siquiera ha recibido notificación para esto. Así las cosas tenemos un documento falso como base de la imputación, el impedimento de acceder a las carpetas y la falta de declaración indagatoria. Estos solo elementos deberían haber servido para anular todas las actuaciones fiscales”, manifestó el abogado al referirse al caso.
“¿Como se sostiene el proceso? Por orden superior. Y analicemos los distintos momentos en que se materializa la injerencia política:
1.- El entonces presidente del Congreso Nacional, Dr. Julio César Velázquez, en su carácter de tal, es decir como presidente del Congreso se presenta ante el fiscal general del Estado a recusar fiscales. Yo denuncio esta situación a la Cámara de Apelaciones. A mi denuncia no se le da trámite. A la presentación del presidente del Congreso, que nada tiene que ver con la causa, sí. Entrevistado el presidente del Congreso manifestó que había retirado ya el pedido, y surge de la entrevista que suscribió la nota porque se la llevó el secretario de Horacio Cartes. Esto está íntegramente descripto y publicado con respaldo documental en mi libro: Helicópteros.
2.- En la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia aparece un memorándum en el que se imparten instrucciones a los ministros sobre el tratamiento que debe tener este caso ordenando que la acción de inconstitucionalidad planteada por expresas violaciones a garantías constitucionales sea rechazada in límine. El contenido del memo fue protocolizado y agregado al expediente. Como consecuencia un ministro de la Corte se inhibió de entender en la causa, quedando, en la acción presentada por los inversores españoles solo un ministro y un camarista, faltando integrar la sala.
3.- El representante de Horacio Cartes y presidente del Consejo de la Magistratura, e integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Riera, realiza una supuesta denuncia sobre la existencia de roscas judiciales y cita expresamente este caso y otro de mi estudio, argumentando que lo hace desde sus fueros para evitar ser procesado por estas manifestaciones y sosteniendo que la base de su razonamiento es mi defensa del Movimiento Colorado Añetete, que postulaba a la Junta de Gobierno al senador Mario Abdo Benítez”, manifestó el abogado, quien de esta manera brindó su postura con respecto a las publicaciones hechas en la edición anterior del Semanario Judicial.
Para Villamayor “queda meridianamente claro que pasé a ser considerado enemigo del Gobierno, y que en consecuencia mis expedientes deben ser rechazados. No existe otra lectura posible de esas manifestaciones, máxime cuando el mismo Enrique Riera manifiesta no tener prueba alguna de lo que afirma, y que sus manifestaciones son el resultado de un razonamiento de unir con flechas. Sin embargo el mensaje es claro, y está dirigido a los camaristas que se encuentran bajo su competencia. El miembro del Jurado está advirtiendo sobre decisiones que aún no se han tomado y en causas que se encuentran en trámite”.
“Y ahora cabe la pregunta: ¿de dónde viene la injerencia política en esta causa? ¿El problema es que los senadores hayan constatado la existencia de múltiples irregularidades? Es decir, ¿cuando los senadores preguntan es injerencia? ¿Y cuando el poder presiona es actuación independiente? ¿Por qué el doble rasero?”, enfatizó el profesional.
Agregó: “Sin dejar de tener en cuenta que se han presentado al expediente, y lo han visto muchos hombres de derecho de nivel internacional y todos sin excepción han concluido que jamás han visto tanta violación a derechos humanos y normas de debido proceso como las que se encuentran en esta causa, y todo debido a la existencia de una orden superior que se va a cumplir inexorablemente, ya que hay articuladores de la misma dentro del Poder Judicial. ¿O alguien cree en serio que el mismo es independiente? En la medición del Foro Económico Mundial y en materia de independencia judicial Paraguay se encuentra en el número 146 de 148 posibles. Eso pinta la situación de cuerpo entero”.
El caso
En agosto del año pasado, el juez Hugo Sosa Pasmor había dispuesto que Rafael Filizzola, los españoles Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Genova, representantes de la firma proveedora Proibérica, y Aníbal Gerardo Muñoz, exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, afronten juicio oral.
Asimismo, resolvió aceptar la suspensión condicional del procedimiento con relación a la exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones Andrea Adle Román, el exdirector jurídico Ricardo Lugo, el exdirector financiero Juan Fernández Aguirre y el exdirector administrativo comisario general inspector Tiburcio Abundio Martínez. El exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Fernando Sakoda fue condenado a dos años de prisión, con suspensión de la condena. Todos admitieron que hubo irregularidades. La fiscalía habla de un perjuicio de G. 50.062.368.788. Hasta ahora no se fijó fecha de juicio, porque están pendientes de resolución en la Corte, las acciones de inconstitucionalidad que promovieron los empresarios españoles y Filizzola.
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