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La fiscala Beckelmann se opuso tajantemente a que dejen el penal los condenados por el vaciamiento de nada menos que G. 120.000 millones.
Reinaldo Barreto Medina, Édgar Ramón Escobar Riveros, Miguel Benítez y Juan Alberto Martínez obtuvieron libertad condicional con leves reglas de conductas y exiguas donaciones a entidades de beneficencia, dispuesto por el juez.
El siguiente en beneficiarse con la excarcelación fue Bruno Garcete, condenado a 10 años, y a Balbina Rafaela Maciel se le otorgó el compurgamiento de toda su pena (10 años).
El expresidente del BNT Sindulfo Ramírez Reichert (10 años de pena) también logró su libertad condicional solo con un periodo de 3 años y 6 meses de prueba, la donación mensual de G. 350.000 y la exigua fianza personal de G. 100 millones de su abogada.
Beckelmann declaró que se opuso a todas las libertades que tramitó y resolvió Medina, e inclusive las apeló ante la Cámara.
La agente, en su último escrito de apelación, cuestionó que Medina oficie la libertad a Tacumbú y que esta sea ejecutada sin que sea notificado el Ministerio Público, por lo que el fallo no estaba firme.
La maniobra en la causa se evidenció con la recusación planteada contra la jueza Llanes, quien no cedió ante las presiones políticas y el poder económico, que están detrás del caso.
Según fuentes judiciales, hubo mucha presión para que los vaciadores sean liberados.
Llamativamente, la Corte Suprema ni siquiera auditó la gestión de Medina ante las sospechas de la maniobra, para que los vaciadores salgan en libertad.
El Jurado de Enjuiciamiento tampoco tomó cartas en el asunto.
La Cámara de Apelaciones, la semana pasada revocó la libertad de Ramírez Reichert, con lo se fortalece aún más la sospecha de negociado.
Criterio de Cámara
La indolencia judicial con los vaciadores del BNT, evidenciada por las mínimas penas impuestas a sindicalistas implicados en el fraude, fue criticada por la Cámara de Apelación, cuando rechazó la excarcelación bajo libertad condicional del exgremialista Florencio Florentín.
Los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Mirtha González de Caballero y Basilicio García habían ratificado una resolución de la jueza Llanes, que denegó la libertad condicional.
Martínez Prieto no ahorró reparos contra los vaciadores que pretenden impolutos volver a deambular por las calles. “Una libertad condicional que implica no cumplir la totalidad de la condena y la que se cumplió se desarrolló mayoritariamente en forma domiciliaria, no cumpliría los fines de la prevención general;... una minúscula condena y luego a disfrutar de los frutos malhabidos”, señaló en su voto.
El Ministerio Público se opuso a todos los planteamientos de libertades condicionales de vaciadores del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), y, pese a ello y al descomunal perjuicio patrimonial, el juez Medina optó por liberar a los sentenciados.
De esta forma, los condenados encontraron un juez a medida, que es lo que estaban buscando con la recusación contra Llanes.
En la causa tendría que haberse incluido a más personas, atendiendo que se conformó una verdadera banda para delinquir. La rosca también estuvo integrada por políticos, que lograron eludir a la fiscalía y al Poder Judicial.
La insistencia de los gremios sindicales y las publicaciones periodísticas fueron claves para el colosal robo no quede impune. De lo contrario los involucrados se habrían quedado sin castigo, ya que el Ministerio Público y la justicia siempre se mostraron muy complacientes.
Ahora, los vaciadores podrían volver a prisión con la postura expresada por la Cámara de Apelaciones, que revocó la libertad condicional de Ramírez Reichert.
LOS CONDENADOS POR EL FRAUDE
El Tribunal de Apelación integrado por Tomás Damián Cárdenas, Arnaldo Martínez Prieto y Natividad Mercedes Meza (removida por el Jurado por otro caso) ratificó el 5 de junio de 2009, la sentencia dictada en primera instancia en el proceso abierto por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, que condenó a penas de 4 a 10 años de prisión a 23 personas, entre exdirectivos, exfuncionarios y sindicalistas.
La Cámara dejó sin efecto la absolución del empresario Faustino Fleitas, a quien impuso una condena de 7 años de prisión. Recurrió a una revisión, a la cual hizo lugar la Sala Penal de la Corte.
Los expresidentes del ente obrero Édgar Cataldi Casal Ribeiro, Sindulfo Ramírez Reichert y Mario Luján Melgarejo fueron sentenciados a 10 años de prisión, al igual que los demás directivos Cecilio Rojas, Aureliano Rojas, Andrés Pedrozo, Alcibiades Ledesma, Miguel Benítez, Bruno Garcete, Gladys García, Balbina Maciel y Carlos Ferreira, y los exfuncionarios Juan Carlos Ovelar, Luis Fernando Leguizamón, Édgar Escobar y Juan Martínez.
Los sindicalistas Alan Flores, Jerónimo López, Ronald Orrego y Fidel Báez fueron condenados a 7 años de cárcel.
Los gremialistas Florencio Florentín y Reinaldo Barreto fueron condenados a 4 años de penitenciaría.
La indolencia judicial con los vaciadores del Banco Nacional de Trabajadores, evidenciada por las mínimas penas impuestas a sindicalistas implicados en el fraude, fue criticada por la Cámara de Apelación, en la resolución que confirma el rechazo de la libertad condicional del exgremialista Florencio Florentín.
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