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Una denuncia ante la Corte reveló el caso.
Rubén González, socio de la firma y en disputa judicial con León, denunció que en comercios particulares se vendían municiones 5.56, que fueron importadas a nombre de la Corte.
En el caso de la Corte, la empresa Comtecpar fue adjudicada en el 2010, para la provisión de 3.000 municiones calibre 5.56 y 15 fusiles de asalto, entre otros materiales.
Sin embargo, la empresa con autorización de la Dimabel y con base en una orden de compra firmada por la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte, Fátima Insfrán, importó 12.500 balas y 20 fusiles.
Así, de las 9.500 municiones que se importaron de más a nombre de la Corte, 3.500 fueron a parar a manos de Hugo Cañete, funcionario de transporte de Copaco. Cañete pagó casi G. 27 millones por las balas y dijo a ABC que es para su uso.
El inciso “h” del artículo 16 de la Ley 4036 de armas es categórico al señalar que está prohibido para los civiles el uso de material bélico importado para los órganos de seguridad del Estado paraguayo.
El caso que afecta a la Corte sería apenas una muestra del negociado, en su mayor parte se daría en las Fuerzas Armadas, ya que Comtecpar fue adjudicada por el Ejército para la provisión de armas y municiones de grueso calibre.
La investigación está a cargo de los fiscales de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez, Federico Delfino y Francisco Ayala, bajo la supervisión del fiscal adjunto, Alejo Vera.
Llamativamente, hasta ahora no hay un solo imputado en la causa, pese a los numerosos indicios de la comisión de hechos punibles.
La investigación la lleva más Delfino, que como representante de la sociedad tiene la obligación legal de profundizar las averiguaciones, que al parecer se busca “mutilar” para no procesar a civiles y militares involucrados en el caso.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ante la gravedad de la denuncia había conformado el equipo, cuyo trabajo hasta ahora no tuvo resultado. Es una vergüenza.