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Ambos fallecidos eran adictos. En el primer caso, era un joven que se había fugado unos días antes y “rescatado” por la Policía para luego ser regresado al centro de rehabilitación Transformando Vidas (CTV), que no solo no estaba habilitado ni registrado por el Ministerio de Salud, sino que, además, tenía una recomendación de clausura por parte del Mecanismo de Prevención de Torturas (MNP).
En el segundo caso, al advertir que el joven salió con el auto de la hermana, el hecho fue denunciado como robo para que se pudiera impartir la orden de búsqueda del vehículo. Lo que pasó después en Puerto Botánico es ahora objeto de un proceso penal.
Son numerosas las órdenes de internación para desintoxicación que no se cumplen por la inexistencia de un local adecuado para el efecto. Precisamente la gran mayoría de los 38 pacientes del centro de rehabilitación ahora clausurado, estaban allí por orden judicial. La intervención constató que personal del puesto policial N° 1 del barrio Kennedy realizaba aprehensiones de los pacientes “fugados” y hasta los retenían en las celdas si se ponían violentos, “por seguridad”.
“Debe quedar claro que ningún establecimiento que no sea penitenciario o policial es un centro de privación de libertad y aunque existiera una disposición judicial de sometimiento a un tratamiento, ni las responsables de la entidad ni de la Policía Nacional están facultados a obligar a una persona a permanecer y menos aún utilizar medios coactivos ante el deseo o intento de salida por medios propios. El CTV debería únicamente comunicar al juzgado interviniente, y es este el que dispondrá lo que considere”, señala el informe del MNP, cuyos comisionados advirtieron una serie de irregularidades (ver cuadros).
Los juzgados de paz y los juzgados penales, tanto de adultos como penal adolescente, están saturados de procesos que tienen la adicción como factor común, ya sea con adictos como víctimas o como victimarios, pues es sabido que muchos crímenes, asaltos y casos de violencia familiar son perpetrados bajo efectos de drogas.
Ante la notoria incapacidad del Estado para cubrir la cada vez mayor demanda de pacientes en situación de adicción, sus desesperados familiares se ven obligados a recurrir a las más variadas opciones en busca de una solución que pueda al menos paliar el problema.
Es precisamente por esta ausencia estatal que se producen tragedias como las que cobraron dos jóvenes vidas el mes pasado. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que se pueda instalar una política pública con un enfoque integral del problema de adicciones?
Informe de intervención
El MNP destaca que el personal de seguridad del CTV no es entrenado ni cuenta con protocolo de actuación en situación de crisis. “El consentimiento, tanto de las personas ingresadas voluntariamente como de familiares habilitados legalmente o de autoridades judiciales, no habilita la aplicación de métodos que provocan sufrimientos o dolores, que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Prácticas de contención
- Contención física o mecánica por parte de los guardias; maniatar o inmovilizar a la persona con precintas de plástico o esposas de metal.
- Contención química (sedación) en los casos de ingresos involuntarios y en los rescates.
- La aplicación de castigos como cavar pozos en el fondo del establecimiento hasta que acepten “colaborar” con el tratamiento o las normas del centro.
Tipos de sanciones
- La negación del derecho a decidir en qué momento abandonar el tratamiento.
- Aislamiento de 45 días, en total estado de incomunicación.
- Prohibición de visitas y de recibir alimentos o insumos a través de las visitas.
- Baños fríos, esposamiento u otros métodos, según información proporcionada por psiquiatra que acompañó la visita de comisionados del MNP.
Dos auditores para el país
El Ministerio de Salud tiene solamente dos inspectores para realizar el control de todos los establecimientos que ofrecen servicio de salud –hospitales, sanatorios, clínicas, laboratorios, consultorios y centros de rehabilitación– de todo el país, reveló el licenciado Gustavo Cristaldo.
“Esta es la realidad de la Superintendencia de Salud: tenemos un médico y una enfermera para cubrir todo el Paraguay para esa tarea, entonces solamente dos para hacer la auditoría en todo el país, para todo en general. Esto es dramático, la necesidad de que se dote de recursos humanos a la Superintendencia es urgente. Con dos personas obviamente que no vamos a dar abasto”, expresó.
Destacó que falta un instrumento rector para establecer las reglas de funcionamiento para centros de rehabilitación, pero aclaró que existen reglas básicas de cumplimiento obligatorio. En el caso específico del centro de rehabilitación Transformando Vidas, Cristaldo explicó que se dispuso la clausura definitiva porque no observaron las recomendaciones.
“Hubo una denuncia de la Comisión de la Tortura sobre casos de torturas que ellos encontraron ahí, eso nosotros corroboramos y como producto de eso, ya tomamos la decisión de cerrar definitivamente, porque ya habíamos dado las recomendaciones para que mejores, que tengan un psiquiatra a tiempo completo, tengan psicólogos, una serie de recomendaciones le fuimos haciendo, hemos cumplido con esta parte pero cuando se detectan casos de violencia, de tortura, entonces se toma esta determinación.
“Lo más específico en este sector especialmente según criterio de los especialistas es el tema del encadenamiento, eso es lo más común que se lo encadena porque está muy agresivo, no pueden con él, se los esposa porque no tienen un elemento de contención, el tema de la medicación también, esto es más grave porque esta gente está medicada y quién controla las reacciones adversas que puedan tener en este sentido”, acotó el funcionario.
CNCA, con 30 plazas para desintoxicar
El Centro Nacional de Control de Adicciones, con dos unidades de desintoxicación (una para adultos y otra para niños y adolescentes) con 15 plazas cada una para todo el país, se encuentra rebasado en su capacidad de atención.
El doctor Manuel Fresco, director del CNCA, explicó que hay una imposibilidad material de dar cabida a todas las personas que tienen orden judicial de internación para desintoxicación, por lo que son muchos los que quedan en lista de espera.
Refirió que con la reactivación de la construcción de la tercera unidad de desintoxicación, con capacidad para 15 plazas más, tiene previsto destinar a adolescentes, que son la gran mayoría de los pacientes, por lo que urge que la obra termine. Mientras, se capacita a personal de las Unidades de Salud Familiar para que puedan realizar asistencia en los barrios, de manera a descentralizar la atención, pues muchos casos se puede hacer tratamientos ambulatorios.
El profesional confirmó el notorio aumento de casos de adicción, lo cual se refleja en la demanda existente y en la gran concurrencia de pacientes nuevos. El periodo de internación para desintoxicación en las Unidades de Desintoxicación Programada es de 20 días y siempre están al tope de pacientes y la lista de espera va en aumento.
En el año 2012, el consultorio de psiquiatría registró 4.051 consultas, y el de psicología, 4.295. En el 2016, en psiquiatría se registraron 6.025 consultas, y en psicología, 4.662.
El doctor Fresco integra el equipo de trabajo conformado para elaborar un informe sobre lo ocurrido en el Centro de rehabilitación Transformando Vidas, previa verificación de la situación de cada uno de los internos. La directora del Hospital Neurosiquiátrico, Dra. Mirtha Rodríguez; los abogados Nicodemus Benítez y José Ocampos, de la Dirección General Jurídica y del CNCA, son los demás miembros del equipo.
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