Imputan por compra irregular de fármacos

La fiscala Fátima Capurro decidió imputar por lesión de confianza a Édgar Giménez, exviceministro de Salud del gobierno de Fernando Lugo, por supuestas compras irregulares de medicamentos e insumos oncológicos para el Instituto Nacional del Cáncer, por la suma de G. 11.000 millones. Se indica la adquisición de fármacos superiores al consumo anual. Otras cuatro personas fueron procesadas también por el mismo delito. La agente solicitó al juez Hugo Sosa Pasmor cinco meses de plazo para investigar.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2059

Cargando...

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción indagó la denuncia que presentó el actual ministro de Salud, Antonio Arbo, en agosto del año pasado.

Capurro, además de imputar al exviceministro Giménez, decide procesar a Laura Marisa Duarte, exdirectora general de la Gestión de Insumos Estratégicos; María del Rocío Bogado, encargada de la Dirección de Planificación; José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de la Gestión de Insumos Estratégicos, y Federico Fabián Gill Ramírez, administrador de la misma dirección.

De acuerdo al acta de imputación, vía licitación pública y por instrucción del entonces viceministro se ordenaron las compras de medicamentos oncológicos y de soporte, e insumos esenciales. Las empresas adjudicadas fueron Fusa SA, que proporcionó por un total de G. 2.061.768.178, y Farmacéutica Paraguaya SA, que facturó nada menos que G. 9.367.405.172.

En el escrito se consignan los siguientes antecedentes: “En fecha 26 de abril de 2011, la doctora Laura Marisa Duarte, directora general de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, remitió un memorándum en el que se consigna a la doctora Rocío Bogado, encargada de la Dirección de Planificación, el listado de bienes a ser adquiridos por el Banco de Drogas, el cual incluye medicamentos oncológicos, medicamentos de soporte e insumos esenciales; igualmente, dicho memorándum hace mención de manera especial que el mismo llamado debía hacerse a través del Instituto Nacional del Cáncer, pero por instrucciones del viceministro en ese entonces, doctor Édgar Giménez, debía llevarse a cabo a través de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud del MSPBS”.

Como consecuencia, dice Capurro, se inició el proceso de llamado a licitación pública nacional N° 15/2011 con base en el listado remitido en dicho memorando. Finalmente, fueron adjudicadas las empresas Fusa SA y Farmacéutica Paraguaya. La firmas debían entregar el 30% de los medicamentos en el plazo de 20 días, contados a partir de la firma de contrato; la segunda entrega del 20% en un plazo de 60 días y la tercera entrega, el 50%, entre los 60 y 360 días, según orden de compra, que debían ser remitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, conforme a la necesidad del Instituto Nacional del Cáncer.

Posteriormente, el director general de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, doctor José María Ruiz Díaz, y el administrador de la misma dirección, abogado Federico Gill, emitieron órdenes de compras a favor de ambas empresas.

“Conforme a lo establecido en el contrato, el cual fue suscripto conforme a la modalidad abierta, las terceras órdenes de compra debían ser emitidas a pedido exclusivo de las autoridades del Instituto Nacional del Cáncer, según necesidad del mismo; sin embargo, no existe requerimiento alguno del Instituto Nacional del Cáncer, contrario censu, puede verse que el director general del Instituto Nacional del Cáncer por medio de la Nota N° 0555/11 de fecha 1 de noviembre de 2011 y Nota N° 319 de fecha 2 de agosto del año 2012, solicita la anulación de las órdenes de compra correspondientes a la tercera entrega; sin embargo, las mismas fueron confeccionadas y los insumos entregados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Cabe mencionar expresamente, que por memorándum N° 29/2012 del Banco de Drogas, se puede notar que fueron licitadas y adjudicadas cantidades muy superiores al consumo anual del Instituto Nacional del Cáncer, y como consecuencia de ello, los medicamentos adquiridos se encuentran a la fecha vencidos o próximos a vencer, teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento según el pliego de bases y condiciones, debía ser de una vigencia no menor de 12 meses a partir de la fecha de recepción de los mismos”, concluye la investigadora en su acta de imputación penal.

griselda@abc.com.py

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...