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Sin reajuste y con los beneficios solicitados recortados a la mitad, los funcionarios judiciales optaron por levantar la huelga retomada justamente en protesta por la decisión del Senado de descartar el aumento del 20% y otorgar solo el 50% de los demás beneficios requeridos.
La convocatoria a la medida de fuerza –en principio prevista a llevarse a cabo desde el 2 de noviembre al 20 de diciembre– se realizó con el fin de ejercer la presión necesaria para forzar la concesión de un aumento del 20% para funcionarios, 25% para magistrados, además del pago de bonificación por antigüedad y por grado académico, así como ayuda escolar y aumento de ayuda en concepto de seguro médico.
Específicamente, los sindicalistas habían solicitado una bonificación de G. 500.000 por grado académico; G. 600.000 en concepto de ayuda escolar una vez al año y bonificación por antigüedad en la siguiente escala: G. 200.000 luego de 10 años trabajados; G. 300 .000 por 15 años y G. 500.000 por 20 años.
En medio de la fuerte presión ejercida por gremios de abogados y la advertencia del Viceministerio del Trabajo del incumplimiento de los requisitos previos para la implementación de la huelga, los funcionarios iniciaron la medida de fuerza el 2 de noviembre y la mantuvieron por un día. Ante la promesa de obtener los aumentos y beneficios solicitados, los gremialistas declararon cuarto intermedio.
Molestos por la decisión del Senado de rechazar el aumento y recortar los beneficios, los funcionarios retomaron la huelga el 28 de noviembre último, con la promesa de mantenerla hasta el 20 de diciembre en caso de que sus reclamos no fueran atendidos por Diputados tal como fueron planteados.
Ello no ocurrió, pero aún así la medida de fuerza se suspendió, en coincidencia con el endurecimiento de la postura del Viceministerio del Trabajo, que a través de la resolución N° 1348 del 3 de diciembre pasado, dispuso la suspensión de la huelga por diez días hábiles, por incumplimiento de los requisitos establecidos para la implementación de la medida.
La explicación que dio la sindicalista Porfiria Ocholasky es que si bien no obtuvieron los beneficios por el monto requerido, con la reprogramación de G. 20.000 millones solicitada por la Corte Suprema de Justicia, completarán los 50% que faltan para lograr el 100% de los beneficios referidos.
“Es la primera vez que tendremos estos beneficios sociales y si bien no es por el monto que esperábamos, para nosotros es una victoria, desde el punto de vista de la realización de la medida de fuerza para conseguir dichos aportes”, explicó Melgarejo.
Respecto a la resolución del viceministro del Trabajo, Raúl Mongelós Schneider –cuyo argumento se transcribe en el cuadro que acompaña este material– Ocholasky la calificó de “aberración”. Afirmó que la Ley 1626/00 de la Función Pública en la que se basó, no rige para los funcionarios judiciales en virtud de una acción de inconstitucionalidad promovida por el entonces presidente de la Corte, Carlos Fernández Gadea. Por esta razón, el Sinfujud denunció el caso ante organismos internacionales del trabajo.
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