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La falta de habilitación no fue un obstáculo para que el Abrigo Refugio La Compasión abriera sus puertas en 5 de febrero del 2004, en la ciudad de Limpio. El objetivo del local, según descripción realizada en el portal tupatrocinio.com –a través de la cual dice beneficiar de 100 a 5.000 personas y solicita patrocinio de un mínimo de 600 euros– es brindar asistencia a menores en extremo estado de peligro y pobreza de la ciudad de Limpio.
El referido portal presenta la actividad como una obra social de la Iglesia Cristiana Betesda, dice mantenerse con la autogestión y carecer de asistencia estatal y refiere que, además del abrigo refugio, llevan adelante otros proyectos como el centro médico Betesda, un hogar de rehabilitación para adictos y otro para ancianos.
Si bien en algún momento el abrigo tuvo a su cargo algunos chicos internados por orden judicial –única vía legal para la internación de un niño en un abrigo–, la directora general, la funcionaria policial Damaris González, implementó una nueva modalidad de captar chicos.
Específicamente, ella firmaba un contrato con los padres del niño, mediante el cual se comprometían a respetar el reglamento interno del local y a colaborar con la donación de alimentos no perecederos o dinero.
De acuerdo con uno de los “contratos de colaboración obligatoria en forma voluntaria”, tal como se titula el documento incautado por las autoridades intervinientes, por cada niño sus padres deben realizar aportes de arroz, fideo, locro, azúcar, poroto, harina, yerba, sal fina y jabón en polvo, además de leche, aceite, salsa de tomate, lavandina, detergente y desodorante de ambiente, en la cantidad de 5 litros cada ítem, así como 20 unidades de jabón de tocador y la misma cantidad de jabón en pan, en fechas a ser indicadas por la directora.
Al momento de la intervención, el hogar tenía catorce niños. Llamativamente, en una visita realizada el 10 de abril pasado, la trabajadora social Nedda Toro de Orrego, observó que se cocinaba una cantidad muy reducida de comida para la cantidad de chicos y hasta advirtió que una de las niña presentaba un aspecto compatible con condiciones de desnutrición, entre otras situaciones anómalas.
Concretamente, la intervención judicial realizada a partir de la denuncia de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, detectó que el hogar no contaba con personal de limpieza ni para la elaboración de los alimentos, motivo por el cual dichas tareas eran realizadas por los propios internos. Asimismo, hay referencia de los que chicos eran utilizados para realizar trabajos en la huerta y también para vender panchos para recaudar fondos, actividades suspendidas ante las denuncias de vecinos.
Este año, la fiscalía abrió dos investigaciones por maltrato. Sin embargo, son varias las denuncias de maltratos psicológicos y castigos físicos referidos por los chicos, en denuncias ante la SNNA o en entrevistas con psicólogas y trabajadoras sociales, que nunca tuvieron eco.
De hecho, la propia SNNA cuenta con informes negativos sobre el hogar desde el año 2008 e incluso una recomendación de clausura en el 2012, pero recién ahora “reaccionó”.
rferre@abc.com.py