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La resolución del representante de la Fiscalía General del Estado se basó en las publicaciones de nuestro diario, en las cuales se menciona que los hermanos Arza Huerta iniciaron en el año 2000 un juicio contra la Fuerza Aérea Paraguaya ante el juez Silvino Delvalle, para recuperar ocho mil hectáreas, que durante el gobierno de Alfredo Stroessner despojaron a sus padres.
Indica, siempre según la publicación de ABC, que en el año 2009 un oficial de Justicia y un topógrafo se constituyeron en la sede militar y no pudieron localizar la finca.
Los antecedentes del caso revelan que en el año 2000 Mauri Arza Huerta y María del Carmen Arza Huerta iniciaron un juicio contra la Fuerza Aérea reclamando reivindicación y restitución de la finca Nº 11, padrón 3997 del distrito de Luque, sobre una superficie de casi ocho hectáreas.
El 13 de marzo de 2006 el entonces juez Silvino Delvalle (destituido por el Jurado en otro caso), según sentencia Nº 94, resolvió hacer lugar a la demanda y ordenó al Estado restituir la finca 41.470 a la familia Arza Huerta.
Aquí viene la primera irregularidad: los demandantes reclaman la finca 11 y el juez Silvino Delvalle restituye la finca 41.470 sin expresar la sentencia ninguna justificación por esta maniobra, según la investigación que hizo el periodista Roque González Vera, cuyas publicaciones sirvieron a la Fiscalía para abrir la investigación penal.
La orden del juez Silvino Delvalle no se pudo cumplir por falta de ubicación y determinación geográfica dentro del predio de la Fuerza Aérea. El oficial de justicia no pudo localizar el predio reclamado por la familia Arza Huerta dentro de la propiedad de la Fuerza Aérea.
La intervención tuvo lugar el 3 de junio de 2009, junto con el oficial de justicia estuvo un topógrafo y por más que recorrieron el lugar no localizaron la finca.
El entonces procurador general de la República, Dr. Enrique García, participó de la intervención y al finalizar la comisión judicial se labró un acta en la que consta que la sentencia judicial “es de cumplimiento imposible”. El documento fue firmado por Mauri y María del Carmen Arza Huerta.
Informes técnicos del Ministerio de Obras Públicas, Indert y Dirección de Catastro coincidieron en señalar que no lograron localizar dicha finca. El 20 de febrero de 2013 la Procuraduría, representada por Pedro Valiente Lara, firmó un acuerdo conciliatorio con Mauri y María del Carmen Arza Huerta, en el que se comprometió al Estado a pagar por la tierra inexistente.