Fue irregular la compra de cuatro helicópteros, dicen

Tras la imputación inicial de los fiscales Martín Cabrera y Victoria Acuña, en el caso de los helicópteros para la Policía Nacional, los fiscales José dos Santos, René Fernández y Yolanda Portillo formularon una acusación formal afirmando que la compra de los autogiros fue irregular y que causó un perjuicio superior a G. 50.000 millones. Los acusadores dijeron que cometieron delito de lesión de confianza el exministro Rafael Filizzola, los españoles Guillermo José Casado y Álvaro Lasso y otras personas.

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Las otras personas acusadas por los fiscales fueron los siguientes funcionarios del Ministerio del Interior: Aníbal Muñoz, exdirector general de Administración y Finanzas; Víctor Flor, exdirector de Equipamiento de la Policía; Fernando Sakoda, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Darío Amarilla Villalba, ex administrador general.

Todos ellos perpetraron el delito de lesión de confianza en la compra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional, afirmaron los representantes del Ministerio Público.

En una anterior imputación, el fiscal Martín Cabrera y su colega Victoria Acuña coincidieron en señalar que uno de los principales responsables de la irregularidad en la adquisición de helicópteros fue el entonces ministro del Interior Rafael Filizzola.

En su escrito de acusación, los fiscales Fernández, Dos Santos y Portillo dijeron por su parte que la compra irregular de los helicópteros causó un perjuicio de un total de 50.062.368.788 guaraníes.

Los representantes acusadores del Ministerio Público afirmaron que cuando Rafael Filizzola se desempeñaba como ministro del Interior, durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, la secretaría de Estado pagó a la empresa Proibérica G. 20.713.243.257.

Agregó que el 12 de octubre de 2011, ya durante la administración de Carlos Filizzola, quien reemplazó en el cargo a su primo Rafael Filizzola, el Ministerio del Interior desembolsó 20.382.567.558 guaraníes, cancelando de esa forma el pago por los cuatro helicópteros.

Los fiscales acusadores dijeron que los cuatro helicópteros fueron adquiridos por la administración de Rafael Filizzola a pesar de irregularidades registradas en el proceso de licitación.

“Con la autorización del ministro Rafael Filizzola, el Comité recomendó la adjudicación a la firma Proibérica a pesar de que esta no cumplía con los requisitos del pliego de bases y condiciones”, dice el escrito de la acusación presentada en su momento por los fiscales que presentaron la acusación.

Al formular detalles de los cuestionamientos detectados en el proceso de licitación de las aeronaves, la acusación afirmó que la empresa vendedora, Proibérica, tampoco cumplió con requisitos elementales.

“Por ejemplo, la firma Proibérica no presentó el certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial o subdistribuidor oficial en Paraguay (de insumos, repuestos y partes) y tampoco presentó el certificado de potencial de horas de cada aeronave, emitido por el fabricante”, afirmaron los acusadores.

La acusación agregó: “Además, varias de las documentaciones presentadas se encontraban en idioma extranjero, lo cual no estaba permitido ni por el pliego de bases y condiciones ni por la convocante. Asimismo, la documentación presentada no concordaba con las afirmaciones de la oferente”.

Al seguir hablando de las irregularidades atribuidas a la empresa Proibérica, los fiscales dijeron en su acusación que tampoco se cumplieron con normas básicas relacionadas a los motores de los helicópteros”.

“Con respecto al certificado de potencial de horas, el cual debía de ser acompañado con la oferta, la firma Proibérica manifestó que a las aeronaves les serían realizadas el Overhaul por la firma ENAER y que recién con la entrega de las aeronaves se acompañaría el certificado de potencial de horas (el motor debía tener 2.400 horas de remanente y la estructura debía tener 2.500 horas de remanente”, enfatizó el escrito de la acusación de los fiscales.

Garzón vino al país y accionó a favor de dos españoles

El exjuez español Baltasar Garzón llegó a Asunción para promover una acción ante la Corte Suprema a favor de dos compatriotas suyos que fueron incluidos en el juicio por la presunta compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional. El exmagistrado Garzón dijo que los españoles Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Génova siguen siendo víctimas de violaciones de sus derechos humanos en un proceso arbitrario e ilegal porque fueron acusados en papeles simples o “en borrador”.

Estas dos personas (los ciudadanos españoles Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Génova), que estaban en España, vinieron voluntariamente al Paraguay, se presentaron y desde entonces tienen prohibida su salida”, expresó Garzón.

Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Génova son representantes de la firma Proibérica que vendió cuatro helicópteros para la Policía Nacional en una operación que fue cuestionada por el Ministerio Público local y que motivó la apertura de un proceso en el cual fueron incluidos los citados ciudadanos españoles, los exministros del Interior Rafael y Carlos Filizzola y numerosos funcionarios del Ministerio del Interior.

El exmagistrado español, que ahora trabaja como abogado y jurista consultor internacional de derecho, según confesó, dijo que el proceso abierto por el caso de los cuatro helicópteros adolece de vicios formales y legales.

El proceso se inició con base en un papel simple, “un borrador” que no reúne los requisitos mínimos de formalidad ni legalidad, sostuvo el exmagistrado español.

Dijo que a pesar de haberse presentado voluntariamente en el proceso, sus dos paisanos nunca fueron llamados a declarar y que tienen prohibido salir de Paraguay, hasta donde llegaron para afrontar el proceso.

Garzón dijo que por la situación que soportan, Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Génova son víctimas de indefensión y de graves violaciones de sus derechos humanos.

Tras señalar que el caso “ha tenido impacto en España”, Garzón dijo que “como defensor de derechos me preocupa la seguridad jurídica de aquellos que van a invertir y trabajar”.

Insiste en que es “severamente cuestionable” el proceso al que son sometidos sus compatriotas y que por ello llegó a Asunción, directamente de Madrid.

Asegura que decidió intervenir en el caso por medio de la figura “Amicus Curiae”, expresión latina que significa “amigo de la Corte” y que permite que una persona de reconocido prestigio, ajena a las partes en litigio, pueda presentar su opinión sobre un caso judicial. Esta figura está habilitada por la Corte Suprema de Justicia paraguaya, indica, razón por la cual el exmagistrado Garzón presentó su escrito ante la máxima instancia judicial guaraní.

En la presentación que hizo ante la Corte Suprema local, Garzón dijo haber observado irregularidades procesales y graves arbitrariedades en perjuicio de sus compatriotas.

Al ser consultado cómo se enteró del caso y qué le motivó a venir a Paraguay para atender el caso, Garzón dijo haberse interesado del proceso después de realizar investigaciones por internet luego de leer un libro que habla sobre el caso de los cuatro helicópteros.

Dijo que decidió venir al país tras confirmar que en el expediente del proceso se encontraban dos ciudadanos españoles y entender haberse registrado en el proceso violaciones de derechos humanos.

Un defensor de los DD.HH. no puede estar ajeno a este tipo de situaciones, sostuvo Garzón, y afirmó que estaba “asombrado” por el hecho de que sus dos compatriotas nunca fueron llamados a declarar y tener prohibido salir de Paraguay a pesar de haber sido acusado por medio de un “borrador” o escrito informal que no reúne ningún requisito legal ni formal.

“Luchar por la justicia, por la transparencia, apoyar y defender a las víctimas, esa es la obligación de cualquier jurista”, manifestó Garzón al justificar su intervención en el caso.

Afirma que nunca conoció a los paisanos suyos afectados por este caso y que recién pudo conversar con ellos un par de horas después de haber arribado a nuestro país.

“El interés, el punto de conexión es que se trata de dos compatriotas empresarios que hace tiempo están relacionados en Paraguay, han invertido aquí sus recursos y están trabajando el país, pero no pueden salir”, manifiesta el exjuez español.

Tras reiterar estar sorprendido porque la acusación contra sus compatriotas se realizó en un “borrador” o papel sin ningún tipo de membrete ni otras características formales, el jurista dijo que en ningún país del mundo, ni siquiera en Paraguay, la legislación permite una acusación en un papel informal.

Dice además no poder entender que, según los documentos, el proceso y las acusaciones se formulan después de que se hayan recibido y aceptado los cuatro helicópteros por parte del Ministerio del Interior.

“La sorpresa ha sido mayor porque hace un par de horas he conocido un informe del señor ministro del Interior con el aval y la ratificación del Presidente de la República en el que se dice y ratifica que el documento que se presenta, en el que sustenta la acusación, es un borrador”, agregó.

Dijo además que le llamaba la atención el hecho de que en el caso haya sido sobreseído Carlos Filizzola, quien cuando fue ministro del Interior fue la persona que canceló la cuenta por los helicópteros. Afirma que ante todos esos elementos, la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de estudiar y expedirse rápidamente sobre el caso porque a medida que pasa el tiempo, aumenta el perjuicio para sus compatriotas.

Al ser consultado qué pasos quedarían en caso que la Corte Suprema de Justicia ignore o rechace el planteamiento que realizó, Garzón dice que para eso está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la que debe recurrir.

“Yo preferiría sinceramente que se resolviera aquí, porque la justicia paraguaya tiene que tener la capacidad de resolverlo”, confiesa, y señaló que espera una pronta resolución de la máxima instancia judicial en donde hace rato se encuentra trabado el caso.

eruizdiaz@abc.com.py

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