Cargando...
Los fiscales de Delitos Económicos Josefina Aghemo y Martín Cabrera ampliaron la imputación contra Peralta, por lesión de confianza. Asimismo, por ese hecho punible, se incluyó al exdecano de Veterinaria Juan Gualberto Caballero.
Del escrito de imputación se desprende:
“En ese sentido consideramos que existen suficientes elementos de sospecha de la participación del señor Froilán Enrique Peralta Torres en razón de que el mismo como ordenador de gastos y responsable de la institución, en el tiempo que le tocó desempeñarse como decano de la Facultad de Veterinaria y posteriormente como rector de la Universidad Nacional de Asunción, institución que estaba obligado a proteger, fue quien dispuso que los imputados sean beneficiados con rubros de docentes sin que los mismos cuenten con el perfil y en otros casos sin que siquiera presten algún servicio en la institución a su cargo, causando con dichos nombramientos un perjuicio patrimonial a la Universidad Nacional de Asunción, teniendo en cuenta las erogaciones realizadas en concepto de sueldos, sin que haya habido una contraprestación real y efectiva acorde con el desembolso. ...Tenía pleno conocimiento de las circunstancias de las designaciones realizadas, teniendo la calidad de máxima autoridad institucional, tolerando que los por él designados perciban indebidamente remuneraciones en carácter de docentes universitarios, sin cumplir con los presupuestos legales citados.
Como ordenador de gastos y responsable de la institución, ordenó y dispuso el desembolso de dinero en concepto de sueldos, dinero perteneciente al erario de la Universidad Nacional de Asunción, sin que haya habido como ya mencionamos la contraprestación legal por dichos desembolsos, que fundamenta la sospecha de perjuicio patrimonial ocasionado a la Universidad Nacional de Asunción”.
Sobre el exdecano
La fiscalía indica con relación a la conducta del exdecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias Juan Gualberto Caballero Rodríguez cuanto sigue: “El mismo como decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias tenía pleno conocimiento de la irregularidad de los comisionamientos de las personas con rubros de docentes, en primer lugar en contravención a los Art. 129 Inc. C y 130 del Decreto 2929/15 y tampoco consta dentro de las documentaciones incautadas que las mismas hayan sido comisionadas para prestar servicios, función o actividad que de alguna manera sea equiparada a la actividad docente, es decir que el mismo teniendo la obligación de proteger el patrimonio público, en este caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias, dispuso que funcionarios con rubros docentes sean comisionados a instituciones que no realizan de modo alguno actividad afín a la educación, en algunos casos y en otros como ser los casos de rubros administrativos, tampoco hizo efectivo el cese del comisionamiento de los funcionarios que no cumplieron con la disposición legal que ordena la remisión de informe mensual del registro de asistencia a la institución de origen, Facultad de Ciencias Veterinarias, perdiéndose el control sobre la situación laboral de dichos funcionarios, que en algunos de los casos ni siquiera tenían planillas de asistencia, conforme a la documentación incautada del Municipio de Lambaré, lo que evidencia que la Facultad de Veterinaria seguía pagando sumas de dinero en concepto de sueldo o salario a personas que no prestaban servicios ni en la Facultad de Veterinaria ni en la Municipalidad de Lambaré (donde supuestamente fueron comisionados)”.
Los fiscales Aghemo y Cabrera pidieron que Froilán continúe privado de su libertad en Tacumbú, atendiendo que la nueva expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel, y no solo 2 años como en el delito imputado primeramente, inducción a cometer hecho punible.
Con relación a Caballero, ordenaron su detención para que sea puesto a disposición del juez penal de garantías Alcides Corbeta.
Utilizaron “comisionamientos”
Según la imputación por cobro indebido de honorarios, la exsecretaria de Froilán Peralta, Cristina Violeta Raquel Mongelós Ibarra, no cuenta con título universitario y aparece con rubro de “profesor” en la Facultad de Veterinaria, por lo que sería “planillera”.
De los demás imputados, el Ministerio Público indica: Francisco Benito González Benítez es un estudiante de la carrera de Ciencias Económicas y cuenta con dos rubros de profesor; Alfredo Nester Sotelo Cogliolo es estudiante de la carrera de Comercio Internacional y cuenta también con dos rubros de profesor; Olga Carolina Méndez cuenta con título de bachiller y tiene dos rubros de profesor; Delia Marizza Martínez Méndez es estudiante de la carrera de Administración de Empresas y tiene tres rubros de profesor; Elvis Javier Franco Gavilán cuenta con título de bachiller y tiene dos rubros de profesor; Mauricio Manuel Miranda Franco cuenta con título de bachiller y tiene dos rubros de profesor; Andrés Wilfrido Cáceres Delgado cuenta con título de bachiller y tiene rubro de profesor; Mirian Rossana Martínez Cabrera es estudiante de la carrera de Administración de Empresas y cuenta con rubro de profesor; Jesús María Roa Cantero es actualmente estudiante de la carrera de Ciencias Veterinarias y cuenta con dos rubros de profesor; Felipe Nery Mongelós tiene rubro de Técnico Especializado, pero nunca concurrió a la institución; al igual que su esposa Petronila Ibarra de Mongelós cuenta con rubro de personal de servicios y no hay registro de asistencia. Ambos son padres de Cristina Violeta Mongelós.
La lista de imputados continúa con Juan Carlos González Núñez, quien está comisionado según el sitio web de la Facultad de Veterinaria a la Cámara de Diputados y esto fue descartado. Igualmente, se descartó que fuera comisionado a la Municipalidad de Lambaré, ya que en el lugar solo consta notas de pedidos de comisionamiento, sin que existan planillas de asistencia; Gladys Beatriz Benítez Caballero supuestamente fue comisionada a la Municipalidad de Lambaré y en el lugar se constató que no existen resoluciones de aceptación de los comisionamientos, solo existían las notas de pedidos. Tampoco obran planillas de asistencia de la misma al lugar de trabajo, pese a ser obligatorio según disposiciones legales; Carlos Juan Damián Ocampos también supuestamente fue comisionado a la Municipalidad de Lambaré y en la sede se constató que no existía resolución de aceptación del comisionamiento, solo había notas de dicho pedido y tampoco aparece en las planillas de asistencia. A esto se suma que cuenta con rubro de “docente técnico” en Veterinaria.
El Ministerio Público, a su vez, imputó a Lucio Ramón Agüero González, quien tiene un rubro de docente y fue “comisionado” a la Municipalidad de Lambaré, lo que fue descartado por una comitiva fiscal. En esta misma situación está Bilfia Aria Villasboa, quien aparece como comisionada falsamente a la Municipalidad de Lambaré, donde se constató que no existe resolución de aceptación del comisionamiento, solo había notas de dicho pedido; Óscar Víctor Benítez también aparece como “comisionado” en la comuna lambareña, donde solo hay nota de pedido y no resolución de comisionamiento; y Silvia Carolina Brítez Riveros aparece como “comisionada” a la Municipalidad de Lambaré, donde no hay resolución de aceptación y la planilla de asistencia nunca fue remitida a la UNA, pese a que allí tiene rubro de “docente técnico”.
En la Municipalidad de Lambaré
Los fiscales Martín Cabrera y Josefina
Aghemo explican el esquema de supuestos comisionamientos que crearon en la Facultad de Veterinaria de la UNA para intentar “tapar” a los “planilleros”.
Para el efecto, utilizaron a la Cámara de Diputados, donde el diputado liberal Dionisio Amarilla admitió que pidió “comisionamientos” de cinco personas, pero no les hizo el “seguimiento”. Ellos son: Nelson Benítez Ayala, Ramón Benítez González, Perla López Villalba, Carlos Ocampos y Gustavo Fernando Rufinelli López.
El mismo sistema se utilizó con la Municipalidad de Lambaré, donde se hacían llegar los pedidos de comisionamientos pero nunca se expedían las respectivas resoluciones. Además, la Comuna tampoco remitía las planillas de asistencia a la UNA, causal de cese de comisionamiento.
Es ese sentido se pone como ejemplo el caso de Carlos Javier Carrasco Galvez, comisionado supuestamente a la Municipalidad de Lambaré con un rubro de “profesor” en la Facultad de Veterinaria. En la Comuna se constató que solo había nota de pedido de comisionamiento, no así la resolución. Además, las planillas de asistencias originales de enero a agosto de este año no fueron remitidas a la UNA, “en abierta violación a las disposiciones legales que exigen esto”.
En esta misma situación se encuentran: Leónida Castillo Duarte, cuyo “comisionamiento” a la Comuna lambareña es igual de irregular. La misma cuenta con rubro de “docente técnico”; Jorge Antonio Marc Insfrán, cuyo antecedente de comisionamiento en la Municipalidad de Lambaré también viola disposiciones legales; al igual que Bartolomé Martínez Cabrera, Vicente Núñez Vera, Nery Alberto Patiño, Hugo Ricardo Portillo Rodríguez, Osvaldo Javier Guido Rufinelli López, Cristina Concepción Sánchez Villalba (quien tiene rubro de “docente investigador” en Veterinaria) y Luisa Elizabeth Torres Mendieta.
“Todas estas personas no reúnen los requisitos exigidos legalmente para acceder al cargo de docente, a más de existir sospechas de que algunos de ellos ni siquiera cumplían con horarios laborales. Han accedido a rubros docentes y otras equiparadas a la misma en la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, sin contar con la idoneidad requerida para desempeñar dichos cargos, ni mediando concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes”.
griselda@abc.com.py