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La fiscala Liliana Zayas, de Unidad de Derechos Humanos, explicó que cuentan con más de diez denuncias por lesiones sufridas por personas antes de la aprehensión masiva desatada en la noche del 31 de enero, como la sufrida por el diputado Edgar Acosta –quien recibió un tiro en el rostro que le destrozó la boca– y otras relacionadas con las detenciones a mansalva, tal como la del abogado Roberto Rojas, detenido por el solo hecho de filmar el accionar policial, desde una estación de servicio.
Por otro lado, el Mecanismo de Prevención de la Tortura presentó una denuncia que engloba varios abusos cometidos por la Policía en perjuicio de numerosas personas, por lo que se realiza un cruzamiento de la misma con los nombres que figuran en las denuncias presentadas por particulares. Esta denuncia también refiere la violencia de género sufrida por 21 mujeres aprehendidas, que fueron desnudadas en las instalaciones de la Agrupación y sometidas a una inspección vejatoria.
Por otro lado, el fiscal Ricardo Merlo comentó que el equipo del Ministerio Público que se constituyó en la Agrupación Especializada en la mañana del sábado 1 de abril tomó declaraciones a los 211 reclusos, varios de los cuales coincidieron en afirmar que recibieron golpizas y fueron despojados de dinero por los agentes intervinientes. Médicos forenses de la Fiscalía dejaron constancia de las lesiones y ahora corresponde llamar a las víctimas para ratificarse en sus denuncias y dar inicio a las testificales.
Merlo explicó que actualmente están en la etapa de recolección de vídeos de las cámaras de seguridad de los diferentes locales y viviendas ubicadas en los lugares de los hechos, así como las filmaciones y tomas fotográficas captadas por los distintos medios periodísticos.
Perdió un ojo
Asimismo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció ante la Fiscalía el caso del universitario José Emmanuel Alarcón Espínola, quien perdió un ojo al recibir un balín de goma disparado por la Policía durante la represión a los manifestantes, en las inmediaciones de la plaza Uruguaya.
Un joven que realizaba trabajo de delivery y otro que se dirigía a su trabajo en un local de comidas rápidas ubicado en la calle Palma son algunas de las personas aprehendidas en forma arbitraria por la Policía, denunció la abogada Kattya González, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, al igual que muchos letrados, acudieron a prestar asistencia jurídica gratuita a los detenidos.
Hábeas corpus
La jueza Rosarito Montanía rechazó tres hábeas corpus presentados a favor de las personas detenidas durante las manifestaciones del 31 de marzo pasado. Uno de ellos se presentó a favor del joven Isaías Von Lucken; otro a favor del abogado Roberto Rojas; y un tercero a favor de 208 aprehendidos.
Jueza pidió informes
La jueza penal de garantías de turno Rosarito Montanía requirió informes a la Policía Nacional sobre las aprehensiones y cuando se disponía a tomar las audiencias correspondientes, fue informada de la liberación de la mayoría, ya en horas de la tarde, motivo por el cual la acción quedó sin efecto.
Repudio de gremio
El Colegio de Abogados del Paraguay, presidido por Rubén Galeano, condenó los sucesos del 31 de marzo e instó a las autoridades a dejar de lado sus intereses sectoriales y cumplir con sus funciones. Afirma que el hastío de la ciudadanía crece, mientras la clase política no renuncia a sus ambiciones ni asume posturas a favor del país.
Semana clave para la Corte y para el país
Con la aceptación de ocho de sus nueve ministros, a la Corte Suprema de Justicia le falta solamente un miembro para integrar la Sala Constitucional ampliada que estudiará la acción de inconstitucionalidad promovida por los catorce senadores encabezados por el presidente del Senado, Robert Acevedo (PLRA), contra la sesión “mau” del 28 de marzo pasado.
La presentación, radicada el jueves de la semana pasada, solicita como medida de urgencia a la Corte que declare sin efecto lo resuelto en la sesión por 25 senadores liderados por el vicepresidente segundo del Senado, Julio Velázquez, mientras se estudia el fondo de la cuestión.
Además del presidente de la sala Antonio Fretes y Miryam Peña, han confirmado su decisión de integrar la sala los ministros Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, José Raúl Torres Kirmser, César Garay, Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta de Correa. Ahora resta buscar la integración con un camarista en lo civil y comercial, en reemplazo de la doctora Gladys Bareiro de Módica.
El jueves último, tras el fracaso de la mesa de diálogo, los accionantes urgieron por segunda vez una decisión respecto a la medida cautelar.
“(...) Nos encontramos ante una situación más grave de dimensiones de encrucijada histórica que puede volcar la historia en la Rca. del Paraguay hacia la correcta interpretación y defensa de la Constitución Nacional o hacia el atropello de la legalidad, dejando a la ciudadanía indefensa ante cualquier atropello en atención al quiebre del estado de derecho”, señala el escrito.
Una vez integrada la sala y superada la etapa en que las partes pueden recusar a no a sus miembros, la Corte deberá expedirse respecto a la admisibilidad de la acción, la viabilidad o no de la medida cautelar requerida y, finalmente, si conceden o no lo solicitado.
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