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Ante esta situación, el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, recusó a los ministros Blanco, Garay y Bajac, quienes integran la Sala Constitucional en las acciones promovidas por Filizzola ante la Corte y mediante las cuales pretende anular sus dos procesos por el hecho punible de lesión de confianza. Uno de los casos es más conocido como el de los helicópteros, en donde según la acusación del Ministerio Público se causó un perjuicio de G. 50.000 millones al Estado mediante la compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional. El segundo es por sobrefacturación en la reparación de 23 comisarías del área metropolitana.
En el caso de los helicópteros, el exministro del Interior pretende que la Corte declare inconstitucionales las resoluciones de primera y segunda instancia por las cuales se elevó la causa a juicio oral y público. Además de Filizzola están incluidos en el proceso los empresarios españoles Guillermo Casado de Amezua y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, que vendió las máquinas.
El exministro y los empresarios accionaron contra el Auto Interlocutorio N° 711 del 5 de agosto de 2014, dictado por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, por el cual elevó la causa a juicio oral. De igual manera, atacaron el Auto Interlocutorio N° 218 del 1 de octubre del año pasado, dictado por la Cámara de Apelaciones, Primera Sala, por el que se ratificó el juicio oral para los procesados.
Trámite
La sospecha de la fiscalía hacia los recusados comenzó cuando el ministro Blanco en su calidad de presidente de la Sala Constitucional le dio trámite a la acción de los empresarios españoles. Según la jurisprudencia de los tribunales y varios otros fallos firmados por el mismo ministro, la misma debió rechazarse in limine. Esta postura se ve reforzada con el artículo 461 del Código Procesal Penal que dice: “No será recurrible el auto de apertura a juicio”.
Posteriormente, Blanco también le dio trámite a la acción de Filizzola.
En el caso de las comisarías, la Sala Constitucional está presidida por el doctor Garay, quien solicitó el expediente original. Esta situación traba la realización de la audiencia preliminar, en la que la jueza Lisi Sánchez tiene que resolver si envía o no la causa a juicio oral.
Pese a un pedido del fiscal Aldo Cantero para que se hagan copias, el expediente original no es remitido al juzgado.
Estas y otras situaciones son las que hacen sospechar a la Fiscalía de la imparcialidad de los ministros que resolverán las acciones.
Recusación
“Los ministros que integran la Sala Constitucional se encuentran sometidos a juicio político, en el cual la Cámara de Diputados ha formulado, en fecha 10 de diciembre de 2014, acusación ante el Senado por supuesto mal desempeño de funciones”, señaló el fiscal adjunto Espinoza en su escrito ante la Corte Suprema.
El agente del Ministerio Público deja entrever que los tres magistrados se someten a los intereses de los senadores, en cuyas manos está la remoción o no de los mismos.
“Luego de esto, el día siguiente, uno de los representantes del Partido Democrático Progresista habría anunciado que su partido, integrado por tres senadores, entre ellos la senadora Desirée Masi, no acompañarían el juicio político”, cotó.
“Esta situación deviene relevante para la demanda en estudio, puesto que el señor Rafael Filizzola, acusado por comisión del hecho punible de lesión de confianza en dos causas, no solamente es cónyuge de la senadora Desirée Masi, quien tiene derecho al voto en la Cámara de Senadores para que el juicio político contra los recusados sea o no aprobado, sino que además el señor Filizzola es una figura pública que forma parte del Partido Democrático Progresista y que asumió la presidencia de este partido en el año 2008; partido que además tiene tres senadores en la Cámara, que públicamente han manifestado su parecer contrario al juicio político, por lo cual esta situación excede el campo meramente político para convertirse en un aspecto de relevancia que podría influir en una decisión en el ámbito jurisdiccional”, afirmó el titular de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Derechos
“De conformidad con lo expresado, esta representación pública considera que los principios de imparcialidad podrían estar seriamente vulnerados en el caso en cuestión, puesto que los miembros de la Sala Constitucional de la Corte no solamente tendrían interés directo en la presente acción de inconstitucionalidad porque los mismos tienen pendiente un juicio político ante la Cámara de Senadores, donde los procesados tienen apoyo de la senadora Masi, sino además es de público conocimiento que el señor Rafael Filizzola es uno de los fundadores del PDP y fue su primer presidente, partido que cuenta con tres bancas en el Senado y cuyos votos son esenciales para que el juicio político no prospere”, señaló Espinoza en otra parte de la recusación contra los miembros de la Sala Constitucional, que tienen que resolver las acciones.
“Ante esta situación esta representación pública se encuentra con la obligación de precautelar los intereses de la sociedad a la que representa y a los efectos de asegurar un fallo ajustado a derecho, recusa a los tres ministros, por las causales previstas en los incisos b y c del artículo 20 del Código Procesal Civil, en razón de que los recusados tendrían interés en los pleitos que se hallan directamente vinculados a un pleito pendiente que tienen ante la Cámara de Senadores, por lo cual se dan plenamente las causales de recusación en contra de los citados magistrados, que podrían implicar un condicionamiento a su imparcialidad”, agregó el adjunto de la Unidad de Delitos Económicos.
Integración de Sala
En la acción promovida por los empresarios españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso la Sala Constitucional está presidida por el ministro Sindulfo Blanco y los camaristas del fuero penal Antonia López de Gómez y Anselmo Aveiro. En el caso fueron recusados los ministros Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro, quienes luego se apartaron del proceso al igual que los demás miembros de la máxima instancia judicial.
En lo que respecta a la acción de Rafael Filizzola, la Sala Constitucional también está presidida por Sindulfo Blanco e integrada por los ministros César Garay y Raúl Torres Kirmser.
En este caso, el exministro del Interior le hizo patrocinar su escrito al abogado Roberto Améndola, para lograr la inhibición del ministro Antonio Fretes. La doctora Gladys Bareiro, otra integrante de la Sala Constitucional, se apartó de la causa. El ministro César Garay aceptó integrar y solicitó el expediente original, razón por la cual se traba la audiencia preliminar en el juzgado.
Habla de intervención del poder político en juicios en su contra
El exministro Rafael Filizzola señaló que la Fiscalía pretende presionar o dictar mandatos sobre la actuación, en uno u otro sentido, de una de las bancadas del Parlamento que se caracteriza por una férrea oposición al abuso del presidente Horacio Cartes. “Solo con este razonamiento se puede entender que la Fiscalía señale que el partido al que pertenezco tiene tres senadores, ¿pretende la fiscalía proscribir la actividad política del PDP? Esta es una más de las muchas presiones desde el poder a nuestro partido, que se ha negado y lo seguirá haciendo, a participar de tranzas con el cartismo”, señaló Filizzola al referirse a las recusaciones promovidas por la Fiscalía.
“La verdadera rosca que opera hoy en la justicia está liderada por el presidente Horacio Cartes, que interviene en forma directa en las decisiones fiscales y judiciales, por medio de Sergio Godoy, asesor jurídico, y Antonio Fretes, ministro de la Corte. La injerencia de Sergio Godoy la hemos denunciado abiertamente desde el inicio, es de público conocimiento. Sin embargo, nos encontramos con el absoluto silencio de otros actores como fiscales, magistrados, asociaciones, gremios, etc., que conociendo la situación prefieren arrodillarse ante el poder de turno o inventar falsas cortinas de humo para justificar su cobardía o complicidad. Dentro de este esquema montando se ha sumado el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, quien con sus últimas expresiones ha corroborado una vez más la abierta injerencia del presidente Cartes en los expedientes mencionados. Todo esto es público, ha sido denunciado por diferentes actores y sectores políticos, inclusive de forma tímida la prensa se ha hecho eco en alguna oportunidad”, refirió el exministro del Interior.
“La intervención del poder político en los casos en mi contra fue directa y pública desde el principio: el propio Cartes sostuvo que ‘le está haciendo un seguimiento al caso’ publicación; el senador Velázquez (Julio), entonces presidente del Congreso y parte del grupo político de Cartes, recusó a fiscales de la causa. Llegaron al colmo de destituir al fiscal Arregui (Carlos), por no llevar el caso de conformidad con las presiones recibidas”, manifestó Filizzola, entre otras cosas.
Varios condenados admitieron hechos
Por auto interlocutorio N° 711 del 5 de agosto del año pasado, el juez Hugo Sosa Pasmor elevó a juicio oral el proceso por la compra irregular de helicópteros. Además de Rafael Filizzola, la medida afectó a los empresarios españoles Guillermo José Casado y Álvaro Lasso Genova, representantes de la firma proveedora Proibérica, y Aníbal Gerardo Muñoz, exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.
En aquella ocasión el magistrado aceptó la suspensión condicional del procedimiento con relación a la exdirectora de la Unidad Operativa de Contrataciones Andrea Adle Román, el exdirector jurídico Ricardo Lugo, el exdirector financiero Juan Fernández Aguirre y el exdirector administrativo comisario general inspector Tiburcio Abundio Martínez. El exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Fernando Sakoda fue condenado a dos años de prisión, con la suspensión de la condena. Todos ellos admitieron que los helicópteros fueron adquiridos en forma irregular, así como sostiene la fiscalía.
La resolución de Sosa Pasmor fue confirmada por el fallo N° 218 del 1 de octubre de 2014, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal 1ª sala.
Pide a Torres no estudiar acciones
El 12 de agosto pasado el exministro Rafael Filizzola recusó al ministro de la Corte Raúl Torres Kirmser, en los dos procesos abiertos en su contra. El primero, por la compra irregular de helicópteros y el segundo, por sobrefacturación en la reparación de comisarías.
Filizzola no quiere que el magistrado integre la Sala Constitucional, que tiene que resolver las acciones de inconstitucionalidad que promovió en las dos causas penales.
“Considero fundamental hacer uso de mis facultades procesales de recusar al señor ministro Torres Kirmser en razón de que, como ciudadano, tengo derecho de ser juzgado por Tribunales independientes e imparciales conforme lo establece la Constitución Nacional, los artículos 20, 21 y 31 del Código Procesal Civil y 50 del Código Procesal Penal”, señaló Filizzola en una parte de su escrito.
El exministro también le recordó al magistrado que otra causal para que no atienda las acciones es que él había denunciado a todos los integrantes de la máxima instancia judicial que seguían afiliados al Partido Colorado.
Por otro lado, hizo referencia a las recusaciones que presentó el Ministerio Público contra los ministros César Garay, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco.
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