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En sus alegatos finales, Piñánez también solicitó penas de 2 años y medio para los exadministradores Blas Pereira Rodi, de Puerto Falcón; Carlos Villamayor (Pedro Juan Caballero), Arsenio Erico Giménez (Algesa), Édgar Serafini (Ciudad del Este), Carlos Sosa (Villeta) y Celso Cabrera (Encarnación).
La pena de 2 años y tres meses de cárcel pidió el representante del Ministerio Público para José Martínez, exadministrador del puerto Campestre del Km 10 de Ciudad del Este, y para Julio Silva, del puerto de Itá Enramada.
Las condenas más benignas de 2 años de prisión las solicitó el agente fiscal para Julio Ibarrola, del puerto de Salto del Guairá, y para Wladimir González, del puerto de Sajonia. Ambos solo entregaron unos G. 500.000 al entonces titular de Puertos, según se aclaró.
Piñánez explicó en sus alegados finales que el hecho punible de soborno agravado tiene una expectativa de hasta 3 años de penitenciaría, de acuerdo al artículo 303 del Código Penal que dice: “1º. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años”.
Por otra parte, los defensores de los acusados habían solicitado la absolución de los acusados, que fue concedida por los jueces.