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El fiscal Delfino había remitido un memorando a Díaz Verón, en la cual pretendía hacer creer la falta de indicios de la comisión de delitos.
Según Delfino no se habría violado ninguna legislación vigente.
Sin embargo, para Díaz Verón “es fundamental contar con datos exactos y concretos en cuanto a las características de las municiones, específicamente si se tratan o no de municiones de uso privativo de los órganos de defensa y seguridad del Estado. Para ese efecto, deberá ordenar una pericia a cargo de un experto en la materia e igualmente deberán arbitrarse los mecanismos pertinentes para la remisión de un pedido de informe a la empresa fabricante, a fin de que determine si son o no de municiones de guerra o de uso exclusivo de las fuerzas públicas”.
Para el fiscal general, también se debe convocar al asesor jurídico de Dimabel a fin de que aclare los parámetros utilizados para concluir que dichas municiones podrían ser vendidas a particulares. Igualmente, se tiene que determinar si la firma Comtecpar cuenta o no con un depósito y establecer el lugar donde se encuentran efectivamente las municiones restantes, tras la venta a la Corte y particulares (aproximadamente 3.600 municiones según el memorando del fiscal interviniente).
La causa tomó estado público luego de la denuncia que presentó Rubén González, en pleito judicial con su socio Carlos León, ante la Corte, de que municiones que fueron importadas para la máxima instancia judicial se vendían en comercios particulares.
Los antecedentes fueron remitidos de inmediato a la fiscalía general del Estado, ateniendo la gravedad de la denuncia.
Díaz Verón conformó un equipo de fiscales, integrado por Delfino, Quiñónez y Ayala, bajo la supervisión del fiscal adjunto, Alejo Vera, para investigar la posible comisión de delitos.
Sin embargo, llamativamente, hasta ahora los agentes del Ministerio Público no imputan a nadie y, al parece, habría intención de blanquear la causa.
Delfino es el que más tiene a su cargo la investigación y se habría limitado a investigar solo la provisión a la Corte. Sin embargo, Comtecpar, por vía de la excepción, fue adjudicada para proveer armas y municiones de guerra al Estado por sumas millonarias. Se presume que todo habría sido amañado.
Por otro lado, el Jurado resolvió la semana pasa archivar la causa abierta contra los fiscales, atendiendo que existen diligencias pendientes.