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Se cumplió la cuarta semana de audiencia pública para el cargo de fiscal general y ya expusieron 51 de los 101 postulantes.
Los candidatos se esmeraron por causar la mejor impresión ante el Consejo, el tribunal de honor y la ciudadanía ya que la televisión del Estado transmite íntegramente estas audiencias.
Las ponencias se extenderán hasta el 13 de junio, luego se pasará a la etapa de análisis de los documentos y el resultado del perfil sicotécnico para finalmente, llegar al momento cumbre previsto finales de junio y principios de julio.
Será el momento de conformar la terna para lo cual se requerirá de una mayoría simple. Es decir 4 votos de siete.
Y allí ya cambiará la cuestión porque a los méritos demostrados en este concurso, se deberá sumar el apoyo político.
El cargo de fiscal general constitucionalmente es autónomo, pero en el ámbito político es considerado, tácitamente, como privativo del presidente.
Esto es porque la misma Carta Magna establece que el presidente es el que elige de la terna al fiscal general y para la confirmación requiere del acuerdo del Senado.
Ese también es el momento que se desvirtúa el proceso porque a la hora de la conformación de la terna priman los intereses políticos, en donde el más interesado es el Ejecutivo que busca una terna afín a sus intereses, o que por lo menos el “elegido” esté en el ella.
Hasta antes de nombrar al fiscal general, el presidente Horacio Cartes tenía una cómoda mayoría en el Consejo.
La Justicia, a través de los senadores cartistas impidió que el disidente Enrique Bacchetta asuma como representante del Senado ante el Consejo. Es el motivo por el cual el Consejo funciona con siete de los ocho miembros que establece la Constitución Nacional.
El único ligado a la disidencia era Claudio Bacchetta, representante del gremio de los abogados ante el Consejo y hermano del senador Bacchetta.
Pero con el anuncio del retiro de Hugo Velázquez de la carpa oficialista, el oficialismo del Consejo pierde un voto: el del diputado Julio Javier Ríos, muy ligado al presidente de la Cámara Baja.
De esta forma Ríos y Velázquez pasarían a conformar un minibloque.
De todas formas, la mayoría oficialista aún sigue, pero estará ligada a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si Cartes respalda al senador Óscar González Daher, provocará el retiro del oficialismo de Adrián Salas (representante del gremio de los abogados y de Cristian Kriskovich (Derecho UC).
Los dos son representantes del Consejo de la Magistratura ante el Jurado.
Con esto el oficialismo solo contaría en el Consejo con el voto del su titular Osvaldo González (Derecha UNA), Luis María Benítez Riera (Corte Suprema de Justicia) y Carlos Raúl Cabrera, representante del Poder Ejecutivo.
Con este nuevo escenario político tiende a tratarse la conformación de la terna para fiscal general.
Algunos postulantes se adelantaron en señalar en la misma audiencia pública que no serán electos porque no tiene padrinos políticos o no les conoce el mismo presidente de la República.
Si este va a ser el escenario en el cual se resolverá la terna es poco lo que podemos esperar.
La ciudadanía tiene que hacer sentir al Consejo de que el peso del mérito es superior al político. La terna no debe ser conformada para el agrado del político de turno, sino para potenciar a un Ministerio Público al que se le reclama con fuerza una postura vehemente contra la corrupción que está enraizada en los poderes fácticos.
ocaceres@abc.com.py