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En enero pasado se confirmó por parte del Ministerio Público que las planillas que presentaron los representantes de la ANR con firmas de personas que pedían la reelección presidencial estaban plagada de personas que ya habían fallecido.
Al desatarse el escándalo, con la intervención de los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez, se logró encontrar a 1.142 muertos que aparecían como firmantes en el pedido para lograr que Horacio Cartes vuelva a hacer el “rekutu” presidencial.
Como era de esperarse se abrió una investigación y el fiscal Centurión solicitó la declaración de varios referentes del Partido Colorado. Eso fue en febrero pasado y Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, presentó una recusación contra el agente del Ministerio Público. Mientras que el fiscal Ramírez fue suspendido por el Jurado, por otro caso. De esta manera el caso “firmatón” quedó parado.
El 1 de noviembre pasado, luego de ocho meses, la Corte Suprema de Justicia confirmó como fiscal del caso a Fabián Centurión. La resolución fue firmada por los ministros de Corte Sindulfo Blanco, Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta.
El 10 de noviembre, una vez que quedó firme la competencia del fiscal Centurión, el mismo señaló que iba a presentar un requerimiento a la Justicia Electoral para que le informe de qué manera aparecieron los nombres de los difuntos y sus firmas en las planillas en las cuales se pedía la reelección.
Con este informe y otros con los que ya contaba el Ministerio Público se tornaban inminentes las primeras imputaciones, pero una vez más se recusó al referido fiscal Fabián Centurión. El agente ya contestó esta nueva recusación y se espera que no pase otra vez casi todo un año para que se resuelva.
Mientras se espera un desenlace también quedaron en suspenso la citación para declarar que le notificaron a Luis Guillén, presidente de la seccional de Zanja Pytã, Amambay; Luz Marilda Argüello, de Tomás Romero Pereira, Itapúa; Gustavo Ariel Brítez, de San Roque González, Paraguarí; Esmilse Concepción Bobadilla, de Limpio; Sandra Aquino, de Capiatá; y Roberto Cárdenas, de Lambaré.
Mientras no se destrabe la recusación no se podrá llegar a los responsables de completar las planillas en las que se pedía la reelección de Horacio Cartes, con más de mil personas que ya estaban muertas. Pese a que el caso se conoció ya hace casi un año, fueron pocas las diligencias que se realizaron para esclarecer el caso debido a las presiones políticas y chicanas judiciales.
victor.franco@abc.com.py