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Dichos fondos, como manifestara, provienen de actividades ilegales y el objetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo lógico de algunas actividades legalmente constituidas o del giro normal de negocios de plaza. Una vez afectado este proceso, el dinero está disponible para la utilización, disponibilidad y circulación de las bandas delictivas y terroristas.
La sociedad se ha inclinado a aumentar la cantidad de bienes jurídicos que son objeto de protección penal, sin encontrar muchas veces la solución de los problemas a partir de ese fenómeno. No escapan a ello los conflictos vinculados al narcotráfico, el que ha comenzado a ser objeto de persecución penal, no solo en la actividad propia, sino también en lo referido al producido de sus ganancias.
El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo, que con el devenir normal de una actividad lícita con fines de lucro, resultaría prácticamente imposible conseguir. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de camuflar y ocultar sus orígenes ilegales.
Actividades criminales tales como el tráfico de armas, el contrabando de mercaderías en general o el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes generan grandes sumas de dinero, por lo que las organizaciones criminales necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos.
Remontando de donde surge, podemos señalar como uno de los antecedentes históricos el que al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad Media, tipificándola no solo como delito, sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por los préstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas que han servido de base a las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear el producto del delito. Su objetivo evidente era desaparecer por completo los cobros por concepto de intereses o hacerlos aparentar ser algo que no eran.
Las consecuencias dañosas de esta nueva realidad pueden describirse como la contaminación y desestabilización de los mercados financieros poniendo en peligro las bases económicas, políticas y sociales de la democracia. Dado que la integridad del sistema bancario y de los servicios financieros depende fundamentalmente de la percepción que de los mismos tenga la sociedad, dicha reputación, entendida como integridad, es uno de los valores más importantes de ambos sectores.
Si los fondos provenientes de actividades ilegales pueden entrar en una institución integrante del sistema por la participación intencional de un empleado o por su negligencia, la institución puede verse involucrada en una actividad delictiva asociada a una organización criminal afectando negativamente la reputación de la misma.
El Fondo Monetario Internacional ha señalado como consecuencias perversas del lavado de activos a escala macroeconómica el cambio inexplicable en la demanda de dinero, lo que aumenta los riesgos bancarios, contaminando transacciones financieras e incrementando la volatilidad del flujo de capitales y el cambio de las tasas de interés debido a cambios sin anticipación de capitales entre distintos países.
La presencia del “lavado de dinero” en la vida diaria está siendo objeto de muy diversas iniciativas con las que se pretende evitar sus devastadores efectos como son: la degradación de la sociedad, la corrupción de autoridades públicas, la afectación de la vida privada e incluso la peligrosa inestabilidad a la que pueden ser sometidos gobiernos y sistemas económicos completos. Para lograr su objetivo, los capitales blanqueados tejen y se apoyan en una amplia y complicada red económica, cuya desarticulación ha de ser el objetivo prioritario si se quiere luchar de manera eficaz contra el crimen organizado.
Las actividades que dan lugar al lavado de dinero adoptan formas múltiples y cambiantes en una metamorfosis que varía en función de la época, de la regulación y normatividad que pretende atacar su constitución, así como de la estrategia seguida por las autoridades, en tanto que, obviamente, el objetivo de los delincuentes es evadir tal persecución, continuar incrementando sus actividades ilegales y por ende obtener grandes rendimientos.
Según una estadística, el lavado de dinero asciende al dos por ciento de producto bruto mundial. La evaluación de la magnitud del problema requiere que se consideren: 1) los métodos de lavado, 2) los efectos económicos del lavado de dinero, y 3) el origen criminal de los ingresos.
1. Los métodos de lavado: El desarrollo de las organizaciones criminales, por una parte, y de los instrumentos monetarios electrónicos, por otra, cambió el panorama de los instrumentos de lavado de dinero. La globalización de la economía ha aumentado significativamente con el desarrollo de los mercados, la desregulación de los sistemas financieros y la reducción de los controles en las fronteras. Este proceso de globalización beneficia a las organizaciones criminales que desarrollan mecanismos de lavado de dinero que les permiten rápida y discretamente inyectar en los mercados mundiales el capital que resulta de actividades ilícitas. En este contexto, el dinero en proceso de lavado genera movimientos rápidos de capital y por ende participa en los movimientos especulativos.
Entre los instrumentos más utilizados para disimular el origen del dinero figuran las letras bancarias, fideicomisos, autopréstamos y “swaps”. Y como consecuencia del desarrollo de técnicas más modernas de lavado de dinero, existe ahora una demanda de profesionales tales como notarios (escribanos), abogados y contadores capaces de elaborar estructuras complejas para aprovechar las falencias en materia de regulación y control y las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de diversos países que puedan ser aprovechadas para la comisión de un delito que, como el lavado de activos, es eminentemente transnacional. En fin, el proceso de globalización no ayuda a medir el peso del lavado de dinero en la economía mundial y, al contrario, dicho proceso es aprovechado por la empresa criminal que mediante la diversidad de las técnicas y de los profesionales involucrados puede disimular las maniobras tendientes a blanquear activos.
Otro cambio en el panorama consiste en los instrumentos monetarios electrónicos que favorecen el carácter anónimo y la velocidad de las transacciones. A pesar de que el último reporte de la FATF destaca la permanencia de las técnicas clásicas de lavado como la compra en efectivo de objetos de lujo y los contratos de leasing, internet ofrece nuevas oportunidades de lavado de dinero y está menos reglamentada que los medios tradicionales de lavado. Los servicios financieros ofrecidos por internet no son, en puridad, originales; más bien son servicios tradicionalmente brindados por las entidades financieras, tales como pagos directos, transferencias de fondos y compra de títulos de valores que ahora se pueden obtener vía electrónica. El problema que acarrea la oferta de este tipo de servicio por internet radica en que hace dificultosa la identificación de las partes en proceso. En efecto, internet funciona mediante una serie de servidores que normalmente conservan una prueba de cada conexión (número IP y fecha de la conexión); no obstante, dicha prueba no existe si un servidor no cuenta con un “lo fiel”, quedando la transacción en el anonimato, sin posibilidad de ser registrada.
En conclusión, por su complejidad, los instrumentos de lavado participan directamente del “cáncer de la corrupción” que se beneficia de la globalización y de las nuevas técnicas financieras para facilitar el proceso de disimulación de los orígenes de los activos del crimen organizado.
Abogado y notario público. Docente. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Ocupó cargos de director general y director de Asesorías Jurídicas de distintas entidades públicas del Estado, como también asesor jurídico de varias instituciones privadas. Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA), de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), estudios de especialización en Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, Niñez y Adolescencia, Políticas Públicas, Narcotráfico y otros.