Los mismos se presentaban como funcionarios de Contrataciones Públicas y, según la denuncia, amenazaron a Leguizamón con la apertura de un sumario y la apertura de un proceso penal en San Lorenzo. Los tres implicados solicitaron G. 100.000.000 al denunciante (Leguizamón) para que su instituto siga contando con contratos de licitaciones para programas de capacitación. Se montó luego el operativo encubierto y fueron detenidos los denunciados.
Extorsión a un proveedor
El fiscal Javier Ibarra imputó a Édgar Yoni Soto Ortellado, Claudio Luis Caballero Fleitas y Elba Yolanda Gill Ruiz Díaz, quienes integraban un estudio jurídico y extorsionaron a Óscar Daniel Leguizamón Chaparro, propietario del Instituto San Luis.
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