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A través de un escrito presentado por el abogado Diego González Recalde, los hermanos José y Jorge Peirano Basso plantean que se archive la causa que se tramita ante el juzgado de garantías N° 1 referente al caso Fondos Mutuos Banalemán, con el único argumento de que ya han sido sancionados por hechos similares en su país.
Los Peirano, que soportan un proceso paralelo derivado del desvío de las inversiones de ahorristas del Banco Alemán, plantean la aplicación de la figura del criterio de oportunidad, mediante el cual el Ministerio Público prescinde de la persecución penal de los delitos. La aplicación de dicha figura está prevista en el artículo 19 del Código Procesal Penal, en los siguientes casos:
“1- el procedimiento tenga por objeto un delito, que por su insignificancia o por el grado de reproche reducido del autor o partícipe, no genere el interés público en la persecución;
2- cuando el Código Penal o las leyes permiten al tribunal prescindir de la pena;
3- cuando la pena que se espera por el hecho punible carece de importancia en consideración a:
3.1. una sanción ya impuesta,
3.2. la que se espera por los demás hechos punibles que constituyan el objeto de procedimientos pendiente, o
3.3. la que se impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
4- Cuando se haya decretado, en resolución firme, la extradición o expulsión del imputado por delito cometido en nuestro país”.
Asimismo, el mismo artículo establece que en los supuestos previstos en los incisos 1) al 2) “será necesario que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación”, lo cual no se da en este caso.
De hecho, la defensa pasa por alto dicha condición, para sostener su petición en el inciso 3, es decir, en el solo hecho de que han sido condenados en el Uruguay por hechos punibles similares.
“Las circunstancias actuales de mis defendidos hacen que esta causa penal reúna los requisitos para la aplicación del instituto del Criterio de Oportunidad. En primer lugar, ya existen condenas firmes (9 y 6 años de pena privativa de libertad) en el extranjero; la cuantía de estas condenas es más alta que el marco penal máximo del tipo base (5 años de pena privativa de libertad) de los hechos punibles por los cuales fueron imputados los señores José Peirano Basso y Jorge Peirano Basso”, alega González.
“Por lo tanto, cualquier condena que reciban en el marco de un proceso en nuestro país, no podría superar las ya impuestas en Uruguay, aún previendo una hipotética aplicación de las reglas sobre concurso de hechos punibles”, agrega el defensor.
La defensa resalta además que el excesivo tiempo transcurrido desde la supuesta comisión de los hechos hasta la fecha, constituiría una dificultad para la obtención de pruebas, pues mucha de la documentación ha sido destruida o archivada y los testigos podrían tener afectadas sus memorias.
“Finalmente, la circunstancia que esta defensa considera como las más importante es el hecho de que todas las personas imputadas en este caso y que fueron sometidas a juicio fueron absueltas de culpa y pena en sentencia firme. Esto nos da una prognosis de que el resultado de un eventual juicio podría ser ese mismo o, en caso de condena, alguna pena que no alcanzaría las ya impuestas por la justicia uruguaya”, concluye el defensor.
Cabe recordar que los exdirectivos de Fondos Mutuos fueron absueltos por la Corte (en mayoría) tras ser condenados en primera y segunda instancia, no así los exdirectivos del Banco Alemán, que a la fecha ya han compurgado sus penas. Esta causa, en la que los Peirano también están procesados, está a cargo de otro juzgado.
El juez penal de garantías Rolando Duarte fijó la audiencia preliminar para el próximo 9 de agosto, ocasión en que los exbanqueros prófugos participarán por videoconferencia.
Escándalo sacudió la región
El escándalo desatado en el año 2002 con la intervención del Banco Central del Paraguay al Banco Alemán y la fuga de los hermanos Juan, José y Jorge Peirano dejó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el sur de Brasil, toda la zona donde operaba el Grupo Velox.
Los hermanos Juan y José Peirano Basso eran los principales accionistas del Grupo Velox, propietario de los bancos Velox en Argentina, Alemán en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Trade and Commerce Bank de Islas Caimán.
La prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investment Company (representada por los hermanos Juan y José Peirano Basso), la captación y remesa de dinero de ahorristas al Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán por US$ 52 millones, así como la consignación de datos falsos en el balance de la entidad, fueron algunas de las numerosas irregularidades detectadas por la fiscalía paraguaya.
En el Uruguay, José Peirano Basso fue condenado en primera instancia a 9 años de cárcel por insolvencia societaria, el 14 de junio del 2013. En el mismo fallo, Jorge Peirano Basso fue sentenciado a 6 años de prisión. Este fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación el 13 de diciembre del 2014 y el 8 de mayo del 2017, la Corte Suprema de Justicia uruguaya desestimó el recurso de casación interpuesto por la defensa de los exbanqueros.
Paraguay solicitó la extradición de José Peirano, petición concedida por la Corte uruguaya en octubre del 2005. Juan Peirano fue capturado en Miami, Estados Unidos, en el 2006 y extraditado al Uruguay en el 2008, para su procesamiento.
Suiza remesó US$ 4 millones
La justicia paraguaya, que pidió en su momento al Uruguay la extradición de los hermanos Peirano, los acusa de desviar US$ 27 millones de los ahorristas depositados en el exterior para auxiliar a otras empresas del grupo que atravesaban problemas en Argentina y Uruguay.
Las prendas por los 18 millones de dólares que se encontraban depositados en bancos de los EE.UU. ( Brown Brother de Nueva York y Nueva Jersey) han sido ejecutadas, pese a una petición en contra formulada por la justicia paraguaya.
El 3 de febrero del 2012 la jueza del Cantón de Ginebra, Alix Francotte Conus, ordenó transferir US$ 4.815.792 a nuestro país, tras constatar la ilegalidad de la prenda realizada por Juan Peirano Basso.
El exsíndico de quiebras Camilo Benítez explicó que tras más de diez años de liquidación extrajudicial (realizada por la superintendencia de bancos del BCP) se solicita la quiebra de la entidad, declarada en julio del año 2012.
Ínterin se inician los trámites de liquidación judicial, llega a nuestro país el dinero que estaba en Suiza, por lo cual en noviembre del 2013, Benítez planteó la distribución provisional de fondos, a los efectos de pagar el 100% de los créditos privilegiados (mayormente del Banco Central del Paraguay) y el 67% de los créditos quirografarios o comunes.
“Esta fue la primera quiebra de entidad financiera que pudo pagar créditos comunes o de ahorristas”, explicó, y precisó que el monto de la primera distribución a los acreedores fue de 3.815.413 dólares americanos y en una segunda etapa, el 24 de septiembre de 2014 propuso la distribución de los 750.043 dólares restantes para cancelar todos los créditos comunes pendientes.
Benítez explicó que los ahorristas “en negro” de Fondos Mutuos y del Banco Alemán no pudieron recuperar sus ahorros.
Primero deben presentarse
El abogado Pedro Cano, representante de 25 ahorristas de Fondos Mutuos Banalemán, anunció que se opondrá a la propuesta de beneficiar a los Peirano con el criterio de oportunidad. El letrado lamentó la postura de la fiscalía, que no exigió que demuestren la supuesta restricción de salir alegada.
“Yo represento a 25 personas que tienen acumulados casi 825.000 dólares en total. Ellos (los Peirano) no quieren devolver ni un centavo, ni siquiera plantean la reparación del daño, simplemente plantean zafarse del proceso estando cómodamente en el Uruguay. ¡Es una cosa grotesca!”, expresó.
“Ellos están prófugos. En todo caso que vengan, se presenten al juicio y ahí hagan su planteamiento y no fuera del país por teleconferencia, ellos están prófugos, ellos tienen que ponerse a disposición de la justicia. Me imagino que hay medidas restrictivas de libertad que aún siguen vigentes, ellos pretenden zafar de esas medidas restrictivas de libertad desde afuera, así cualquiera. El buscado Messer (Darío) lo puede hacer con esa tesitura del Ministerio Público”, acotó.
Fiscala, sin interés en sanción
La fiscala Yolanda Portillo no opone reparos a la concesión del criterio de oportunidad a los banqueros prófugos, pues a su criterio el hecho ya no genera interés público necesario para proseguir la persecución penal. Portillo señala que las investigaciones determinaron que al 31 de julio del 2002, aproximadamente US$ 9.799.861 o el 38,91% de las inversiones realizadas por “inversiones Guaraní” se encontraban con paradero desconocido.
“(...) corresponde la aplicación de la figura procesal prevista en el artículo 19, inc. 3°, num. 1 del Código Procesal Penal, pues el hecho investigado a esta altura no genera el interés público necesario para proseguir con la persecución penal, ya que las sanciones impuestas a los señores Peirano Basso en la República del Uruguay superan las que podrían en su caso imponerse en la presente causa, ya que cabe destacar que la extradición fue concedida por el delito de lesión de confianza, no así de los tipos de conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones”, dictaminó la fiscala Portillo.
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