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Díaz Verón fue convocado a declarar por los fiscales Victoria Acuña y René Fernández, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y un día antes presentó recusación contra ambos agentes por supuesta animadversión.
De acuerdo a los datos a los que accedimos, se debatió si el ex fiscal general era convocado en carácter de testigo o de futuro imputado. Finalmente, se consideró preservar el proceso y la citación fue a indagatoria, paso previo a una imputación.
Esto generó el disgusto del extitular del Ministerio Público, que reclama el hecho de que no aparece en ninguna de las conversaciones filtradas por ABC Cardinal.
Por este motivo recusó a Acuña y Fernández por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Mario Elizeche Baudo.
El ex fiscal general debía declarar el jueves de la semana pasada y finalmente no se presentó.
De acuerdo a los datos, los agentes fiscales querían que explique las determinaciones que tomó en las causas mencionadas en los audios.
Las principales son la de la Secta Moon y la imputación realizada aparentemente de forma irregular por el suspendido fiscal Igor Cáceres y las abiertas por el 31M (incendio en el Congreso y crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana).
Los investigadores pretenden que Díaz Verón explique los cambios de agentes fiscales y las determinaciones que se tomaron en las causas.
Además, pidieron los registros telefónicos para la pericia del cruce de llamadas que ya fue ordenada con relación a González Daher, Oviedo Matto, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva.
Además de Díaz Verón, la investigación se hizo extensiva al exsenador Adolfo Ferreiro, quien también aparece en uno de los audios.
El exparlamentario inclusive admitió que hizo la llamada a Óscar González Daher, pero aseguró que no había tráfico de influencias pese a ayudar a un procesado. El mismo también fue citado a una declaración indagatoria.
Animadversión
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, en su recusación contra los fiscales Victoria Acuña y René Fernández, alega que es víctima de una “animadversión” y que hay falta “total de objetividad” en el manejo de la investigación de la causa.
“Esta recusación se funda en la clara y notoria sospecha de enemistad manifiesta, no disimulada que se traduce en actitudes de animadversión hacia mi persona y en la falta total de objetividad en el manejo jurídico de la investigación que se encuentra a cargo de los mismos”, dice en su escrito el ex fiscal general.
También, Díaz Verón asegura que no aparece en ningún audio y que no puede ser convocado a indagatoria sin siquiera tener acceso a lo que hay en la carpeta fiscal.
“Además de ello y sin que tuviera conocimiento acabado del contenido de dichas conversaciones y aún cuando se me mencionara, tal circunstancia bajo ningún punto de vista puede ser motivo de una declaración indagatoria, pues es sabido que procesalmente una citación de esa naturaleza representa la antesala de una imputación, lo cual en este caso resulta groseramente insólito, puesto que reitero, no he sido protagonista de ninguna de las conversaciones grabadas”, se desprende del escrito de recusación.
Designan a Ruiz y Fúster
Tras la recusación de Victoria Acuña y René Fernández, la fiscala adjunta de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero nombró a los fiscales Nelson Ruiz y Natalia Fúster como interinos en el caso audios.
Los designados no pudieron realizar la audiencia indagatoria de Javier Díaz Verón porque su defensa pidió la copia de la carpeta fiscal y la suspensión de la diligencia.
En esta causa ya intervinieron varios agentes fiscales, entre ellos Francisco Torres, Alcides Corvalán, Josefina Aghemo, Claudia Morys y Martín Cabrera (quien renunció al cargo).
El proceso es engorroso y trabado desde el inicio y la Fiscalía tuvo que pedir prórroga extraordinaria para seguir investigando.
Imputados
A raíz del escándalo de los audios de aprietes y negociados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fueron imputados los senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), Raúl Fernández Lippmann y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva. Los hechos son tráfico de influencias, coima, soborno y asociación criminal.
Sin juez
Pese a que los imputados tienen pedido de arresto domiciliario como medida restrictiva, nunca se tuvo juez para que el proceso lleve su cauce normal. En un primer momento intervino el exjuez Hugo Sosa Pasmor, quien después se inhibió. Luego fue recusada la jueza Lici Sánchez y su competencia no se definió porque González Daher recusó a dos camaristas para trabar la causa.
Los audios
En noviembre del año pasado, ABC Cardinal filtró unos ochenta audios que tuvieron como protagonistas principales a Raúl Fernández Lippmann y su entonces jefe en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher. Las conversaciones dejaban en evidencia los aprietes y negociados de causas con fiscales y jueces. Le costó la investidura al senador, pero otra vez pudo jurar por un nuevo periodo.
Corte destrabó proceso luego de meses
Casi cuatro meses después, la Sala Penal de la Corte destrabó el proceso por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima), soborno y asociación criminal contra los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, con el rechazo de la recusación contra dos camaristas.
En abril pasado, el propio González Daher se encargó de dilatar la causa que tras una veintena de recusaciones en la Cámara de Apelaciones, se integró con los penalistas José Agustín Fernández y Arnulfo Arias, y el civilista Carlos Escobar.
Escobar intentó inhibirse pero el camarista Neri Villalba, miembro del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 3ª sala, impugnó su apartamiento, lo que fue aceptado por Fernández y Arias.
Tras esa situación que destrababa el proceso, González Daher recusó a Fernández y Arias.
Ahora, la Sala Penal de la Corte integrada por los camaristas Raúl Gómez Frutos, Carmelo Castiglioni y Arnaldo Martínez Prieto, rechazó la recusación por no ser seria.
El fallo indica que el legislador en su recusación hizo “alegaciones genéricas e imputaciones imprecisas, basadas en supuestos infundados como ‘celeridad nunca vista”.
Además, se indica que las causales de recusaciones son de “nomenclatura cerrada” y que González Daher reclamó tres aristas: supuestas irregularidades en la integración del tribunal, celeridad irregular e interés por parte de los juzgadores.
Para la Sala Penal de la Corte, “la separación de un juez solo puede darse cuando se prueba de modo categórico que el juez está incurso en una de las causales” y este no es el caso.
Con el rechazo de la recusación se da vía libre a que se resuelva la recusación a la jueza Lici Sánchez, que a este altura es innecesaria debido a que su competencia se objetó cuando interinó a su colega que estaba con permiso, Óscar Delgado. El citado magistrado ya se encuentra en labores desde hace meses.
Además, la Cámara de Apelaciones debe resolver el pedido de nulidad de imputación que plantearon González Daher, Oviedo Matto y los demás imputados, Raúl Fernández Lippmann, Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva.
Todos están imputados por tráfico de influencias y asociación criminal. Además, González Daher, Oviedo Matto y Fernández Lippmann tienen cohecho pasivo agravado (coima) mientras que los abogados Caballero y Silva, soborno agravado.
Pesquisa por enriquecimiento
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón soporta también una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El fiscal Leonardi Guerrero es el que lleva la causa actualmente, pero tropieza con el inconveniente de no tener la carpeta del caso desde hace tres meses. Su colega Victoria Acuña ya fue recusada ante la Corte por Díaz Verón, quien alegó animadversión.
De acuerdo con los datos, a principios del mes de mayo de este año, la Fiscalía General pidió la carpeta fiscal de la investigación, con la excusa de realizar un análisis de los hechos punibles que habrían cometido Díaz Verón y miembros de su familia.
La encargada de hacer la evaluación y el dictamen es la Dirección de Asesoría Jurídica, a cargo de la abogada Patricia Doria, la misma exdirectora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos que, en diciembre del año pasado, dictaminó que correspondía indagar los bienes de Díaz Verón.
De hecho ese dictamen a favor de la procedencia de la investigación le costó el cargo a Doria en esa Unidad. Luego de unos meses, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, le ofreció el alto cargo que hoy tiene.
La esposa del exfiscal general, la abogada María Selva Morínigo, y sus hijos Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo llegaron a ser convocados por el entonces fiscal José dos Santos, a declaraciones indagatorias, que son previas a una imputación.
El exagente había encontrado ya la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos en la conformación de la empresa Canto Rodado S.A. con un capital de G. 2.500 millones. Supuestamente, María Selva puso G. 1.500 millones y cada uno de sus hijos, G. 500 millones. Luego, dijeron que el capital fue integrado con pagarés, lo que no aparecía en la escritura pública. Además de esto, son indagados otros bienes como las mejoras a una estancia modelo de la familia y tenencia de vacunos por G. 1.000 millones.
Ferreiro estuvo pero no declaró
El exsenador de Avancemos País Adolfo Ferreiro se presentó pero no pudo declarar ante el fiscal Nelson Ruiz porque este tenía otra diligencia.
El mismo fue convocado en carácter de indagatoria por una conversación telefónica con Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del senador Óscar González Daher, y pidió que la fiscalía lo investigue. En audios se lo escuchó hablar con Fernández Lippmann sobre el blanqueo a la jueza María Angélica González y el sondeo de si el magistrado Rubén Riquelme era un “juez hablable”.
griselda@abc.com.py