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El 5 de febrero de este año, los abogados Gabriela Portillo y Gabriel Fusillo, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaron la denuncia penal.
Tras las primeras pesquisas, el fiscal René Fernández pudo determinar que en el año 2011 la Embajada Paraguaya en la República Oriental del Uruguay convocó a una licitación para la refacción y reparación de esa sede diplomática propiedad del Estado paraguayo, siendo la jefa de misión la señora Mirtha Vergara.
En ese sentido, en el concurso de referencia, el día 15 de abril de 2011, se presentó una oferta elaborada por la empresa “Ing. Castillo & Lazogué Arquitectura”, firmado por el arquitecto Marcelo Castillo y el señor Rubén Lazogué, por un costo de US$ 486.953, incluidas cotizaciones extras de pasamanería, cortinados y luminarias. La oferta fue remitida en fecha 6 de mayo de 2011 por la jefa de misión a la viceministra de administración y asuntos técnicos, Lilianne Lebrón.
Posteriormente, en fecha 17 de junio de 2011, la embajadora Vergara remitió a la misma viceministra tres presupuestos de costos vinculados a la misma obra, en donde uno de ellos vuelve a ser de la firma “Ing. Castillo y Lazogué Arquitectura”, pero esta vez con un monto más elevado que el anterior, siendo este por valor de US$ 527.931. Además, conjuntamente remitió otros presupuestos presentados por la empresa “Este Construcciones”, cuya cotización fue de US$ 710.000, y la empresa “Casa Cerrada” por US$ 625.100, los que, según informes posteriormente recabados por el encargado de negocios en la misma Embajada, presumiblemente no fueron ubicados o no existen en los domicilios consignados en las ofertas, por lo que serían “fantasmas”.
Estos tres últimos presupuestos fueron evaluados por el Comité Permanente de Evaluación de las Ofertas de la Cancillería Nacional, integrado por el diplomático Carlos Scavone, representante del Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos; Lic. Juan Andrés Cáceres, director general de administración y finanzas, Lic. Juan José Verón, director de finanzas y la abogado Gloria Merlo.
Irregularidades en la evaluación
Según la pesquisa, en el proceso de evaluación se cometieron varias irregularidades, teniendo en cuenta que, antes de recomendar la adjudicación a la citada firma, se solicitó a Vergara varios papeles como ser “documentación legal, constitución de la empresa”, “capacidad técnica, copia de dos contratos de igual envergadura de hace 5 años o 7 años” y “capacidad económica, balances”, así como la póliza de fiel cumplimiento de contrato, entre otros.
La entonces embajadora, en fecha 21 de octubre de 2011, remitió solo un acta de manifestación realizada ante la escribana Graciela Baldovino, en la ciudad de Montevideo, por los señores Pedro Flavio Lazogué y Rubens Aldo Lazogué, donde la misma certifica que ambos han constituido una sociedad, entre otros documentos tributarios. Sin embargo, no se ha remitido una constitución de sociedad bajo la denominación de la firma adjudicada o por lo menos que sea conformada por Marcelo Castillo y Rubén Lazogué, inclusive esta constitución se ha realizado el 17 de octubre del año 2011, es decir, posterior a la presentación de la oferta y antes de la adjudicación.
Además, con relación al pedido de póliza de fiel cumplimiento de contrato, se remitió una nota emitida por la empresa donde refiere “que en la República Oriental del Uruguay la suscripción de un contrato ya constituye la garantía de fiel cumplimiento”, pero se contrapone con las normas paraguayas que exigen póliza, entre otros puntos.
Pese a dichas circunstancias, el Comité de Evaluación de la Cancillería resolvió recomendar la adjudicación a la firma citada el 25 de noviembre de 2011 y se autoriza el pago a la firma ganadora de US$ 527.531.
El 9 de diciembre de 2011, la embajadora Mirtha Vergara informó a Cáceres que el contrato con la empresa adjudicada iba a ser suscripto por el ministro Ricardo Caballero Aquino, además remitió un borrador del contrato, cuyo monto es distinto al adjudicado y hace una observación que en el punto 5) precio y pagos de la construcción “ya se realizó un primer pago del 50% del total de la obra”.
El ministro Ricardo Caballero, designado encargado de negocios suscribió el contrato el 7 de febrero de 2012 por el valor total de US$ 502.040 siendo que el monto aprobado fue por US$ 527.531 con el abono del 50% del valor de la obra, suma de US$ 250.000, lo que no estaba estipulado.
Otro detalle irregular detectado fue que el contrato recién fue suscripto en el mes de febrero del año 2012. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2011 la firma adjudicada expidió un recibo por valor de US$ 250.000.
A esto se suma el hecho de que según los documentos obrantes, durante el proceso de construcción se constataron varias deficiencias e irregularidades, mediante la intervención de funcionarios técnicos de la Cancillería, por lo que el embajador Ricardo Caballero, en fecha 12 de setiembre de 2012, a través de un telegrama colacionado, comunicó a la empresa contratada la suspensión temporal de la obra por falencias detectadas y falta de respuestas satisfactorias a diversos reclamos realizados, situación que persiste hasta la fecha.
Desde el comienzo de la obra hasta la fecha, la embajada paraguaya en Uruguay se encuentra instalada en un inmueble alquilado por un monto mensual entre US$ 7.000 a US$ 7.350, cuyo costo financiero, además del progresivo deterioro de la obra suspendida, asciende a la suma de US$ 362.050 hasta la fecha. De momento, el perjuicio al Estado por esta “refacción” supera los US$ 612.000.
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