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El incidente registrado el pasado miércoles en Sargento José Félix López (ex Puentesiño), localidad situada a unos 200 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde una turba de 500 personas liberó un camión que transportaba varios “panes” de marihuana ocultos bajo un cargamento de postes de madera, fue interpretado por el ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, como un claro mensaje al Estado de parte de los narcotraficantes ligados al campo político en la frontera.
“El hecho fue un mensaje al Estado, un mensaje osado que será tenido en cuenta”, expresó Rojas.
El procedimiento a cargo de agentes especiales de la Senad y asistentes del fiscal Celso Morales requisó el camión y arrestaron al dueño del cargamento, quien resultó ser Odilio Sánchez, hermano del intendente de Sargento José Félix López, Gabriel Sánchez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Los intervinientes se disponían a trasladar el rodado con la droga hasta la base regional de la Senad en Concepción, cuando de repente se vieron acorralados por una turba compuesta por unas 500 personas armadas con palos, machetes, hachas y armas de fuego de corto calibre.
Tras rodear el camión, los atacantes despojaron a los agentes de la Senad de sus armas y celulares, al igual que a los asistentes fiscales. Más tarde llegaron como refuerzos siete policías de la comisaría jurisdiccional, pero resultaron ser insuficientes para controlar a la multitud enardecida.
Ante la situación se vieron obligados a renunciar al decomiso de la droga y liberar a Sánchez para evitar “un derramamiento de sangre”, según lo señalado un día después por el ministro del Interior, Francisco de Vargas.
El incidente generó molestas reacciones de parte de las autoridades, en especial del propio De Vargas y el ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, quienes prometieron actuar con firmeza ante este tipo de situación.
“Viven robando madera de los parques nacionales, hay zonas de plantación de marihuana y también varias pistas clandestinas. Es una comunidad vulnerable, la lectura que se le da a esto es la ausencia del Estado, el reconocimiento extremo que hace una comunidad de la actividad ilícita”, afirmó Rojas a un medio radial.
De Vargas, por su lado, reconoció que situaciones como estas “no se pueden permitir” y abogó por destinar todos los recursos posibles para ubicar y castigar a los responsables de este peculiar episodio. “No se cuenta, pero se está trabajando sobre eso”, garantizó el ministro, al tiempo de insistir en que “no podemos permitir que narcos gobiernen el país”.
Concejales y funcionarios
El agente del Ministerio Público Celso Morales, quien tuvo a su cargo la fiscalización del procedimiento, aunque no participó, indicó por su parte que, por lo menos un concejal y un funcionario de la Comuna de José Félix López fueron identificados y anunció que tomará medidas una vez que se logre la individualización de más involucrados.
“Al menos un concejal fue plenamente reconocido por los uniformados. El vehículo del intendente iba y venía del lugar. Incluso un secretario de la Municipalidad formaba parte de la turba de 500 personas”, dijo Morales, quien también dictó una orden de detención contra Odilio Sánchez.
Denuncian zona liberada
El diputado del PLRA Édgar Acosta indicó que el episodio ocurrido en la localidad de Sargento José Félix López (ex Puentesiño), donde una turba compuesta por unas 500 personas liberó una carga de droga con aparente protección política, confirmaría la existencia de zonas liberadas en las que las autoridades no pueden actuar ni aplicar la ley, lo cual consideró “una locura”.
El legislador apuntó que lo ocurrido en ese lugar indica que estamos ante un Estado inexistente y una “zona liberada”.
Destacó que el mismo director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Alberto Rojas, dijo que debieron indicarle a sus agentes la ruta para que salieran, lo cual confirma la ausencia total de seguridad.
Señaló además que todos saben que Puentesiño es un lugar por donde pasa el contrabando no solo de drogas, sino también de toda clase de productos. Consideró que si el presidente de la República y los organismos de seguridad no toman acciones concretas, esto se va a agudizar porque lo ocurrido indica además que las instituciones pierden toda fuerza para actuar.
Manifestó que esta situación amerita que se sienten a conversar los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad para adoptar políticas de Estado.
Señaló además que no se trata de una cuestión partidaria ni una simple crítica de la oposición sino que tratándose de seguridad compete e interesa a todos los sectores que sea exitoso.
“Todas las autoridades de los organismos de seguridad deben hacer acto de presencia en el lugar, y si existen conexiones políticas con el narcotráfico, como se ha evidenciado en los últimos tiempos, sean del partido que sean, deben ser sancionados e ir presos. De otra manera, el destino que tendremos será desastroso”, aseguró el diputado liberal.
Otros casos similares
Los vínculos de figuras políticas del Norte del país con el tráfico de drogas tiene un frondoso historial que involucra a gobernadores, intendentes, concejales departamentales y municipales, como así también a diputados.
El más notorio y escandaloso de estos casos fue el “destapado” en el departamento de Canindeyú, tras el asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, y la joven Antonia Maribel Almada, ocurrido el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí.
Los investigadores descubrieron no solo que el atentado fue ordenado por el intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, y ejecutado por su hermano Wilson Acosta Marques y el hijo de este Flavio Acosta Riveros. También se reveló la existencia de plantaciones de marihuana en inmuebles pertenecientes al clan, que además contaba con estrechos vínculos con políticos colorados de la zona.
Otro caso que relaciona al narcotráfico con el mundo de la política se evidenció con la extraña sustracción de 252 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Amambay, en Pedro Juan Caballero, el 17 de enero del presente año. Por este caso fueron imputados los concejales César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Luis Bogado Martínez (ANR).
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