Entre la justicia y el derecho: la ética

¿Qué es un país justo? Se habla mucho de seguridad jurídica en un tiempo inseguro cuando, en realidad, quizás se quiera referir uno a la previsibilidad jurídica como una sustentación de lo que podría lograrse en justicia.

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¿Es posible construir una institucionalidad jurídica sólida en un país de fuertes injusticias arraigadas? Esta introducción nos lleva a mirar desde la debilidad de las instituciones a la sociedad de donde ellas emergen. La clásica forma de definir que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece” parte de un concepto para mi equivocado. Es como si el gobierno que tenemos resultara de nuestros fracasos colectivos y se constituye en una forma de castigo en si mismo . Esto nos lleva a definir por lo tanto a las instituciones públicas como repositorios de personas carentes de autoestima, frustrados y sin capacidad de realización social, económica y afectiva. Mi afirmación es que “tenemos el gobierno que se nos parece”. Así como el gobierno sueco se parece a los valores y principios del pueblo sueco, así también lo que proyectamos es parte de lo que vivimos histórica y de manera presente.

El Paraguay nació con una estructura política autoritaria que representa el carácter mas claramente injusto de lo que entendemos por política. Un mal lector de Rousseau como Gaspar Rodríguez de Francia, entendió que su carácter de El Supremo Dictador del Paraguay lo hacía sintetizar el concepto del estado en sus manifestaciones mas simples y complejas. Fue Francia que decidía acabar con sus detractores y adversario políticos dependiendo de si el viento Norte –el Levante en España– se proyectaba con su tono de color y fastidio por sobre el territorio de Asunción. El era juez, abogado y fiscal acusador de sus adversarios a pesar de haber estudiado Teología con los Jesuitas en Córdoba. Nuestra génesis como República es autoritaria y por lo tanto injusta. Los López le agregaron el carácter nepotista sin arriar ninguna de las banderas de su predecesor. Nuestra matriz cultural como conjunto, como res publica.. tiene claramente un signo y un carácter no democrático. Las instituciones conformadas en este molde, en esta ánfora matricial nos ha llevado a construir instituciones poco sólidas a lo largo de la historia y la justicia es sin lugar a dudas como administradora de conflictos la que mejor resume la precariedad institucional que hemos levantado.

SOMOS LO QUE HACEMOS

La percepción que tenemos de la justicia es absolutamente aleatoria y no principista. Nos incómoda la ley, el contrato es letra muerta incluso a pesar de la redacción clara que ella tenga. siempre habrá alguno que la interprete a su manera y antojo. Nuestro bilingüismo define en su dualidad la dificultad de construir la exégesis de lo justo y de lo justo dejando un territorio y a medido arbitrario para interpretar en connivencia con el poder lo que es “justicia” de lo que no es “justicia”.

El concepto mas demoledor se da en las estadísticas que afirman que en Paraguay el que comete un delito tiene solo un 5% de posibilidades de ser procesado y solo un 1% de ser condenado. Hay mas de 60.000 órdenes de capturas emitidas y los jueces administran cientos de casos anuales imposibles de ser evaluados con criterios legales justos. Ni que hablar de nuestras penitenciarias que llaman mas la atención porque no registran motines como en cárceles donde el hacinamiento es tan alto como en el nuestro. Solo como ejemplo: Tacumbú tiene mas de 4.000 reclusos, muchos de ellos sin proceso, y solo 42 guardia cárceles. Sin embargo, entre estos y aquellos han conformado una asociación injusta que hace que los motines sean desalentados porque las condiciones de vida en la prisión son “mejores” para muchos que fuera de ellas.

Paraguay es un país injusto cuyas instituciones reflejan con claridad dicho carácter. Una sociedad que nuestra Constitución reconoce en la familia su célula fundamental muestra números altísimos de paternidad irresponsable sin casi ningún costo para el padre. Queremos una sociedad que no somos. Vemos y padecemos las consecuencias de la desestructuración del país en términos sociales agravados en los últimos años por la migración hacia otros países y la alta dependencia de las remesas para el consumo de millones de paraguayos. Nuestro sistema de propiedad de la tierra no tiene un catastro confiable ni cierto lo que hace que los títulos reflejen 100.000 kilómetros cuadrados mas que la extensión real del país. Un propietario de tierra, la mas fértil, paga menos de 2.000 guaraníes mensuales en concepto de impuesto inmobiliario cuando un asunceno de clase media alcanza a pagar a su municipio cerca de 4 millones de guaraníes por el mismo concepto. La relación familiar resquebrajada o rota, la propiedad de la tierra desordenada y escasamente tributada en términos fiscales son solo dos ejemplos de una sociedad injusta que pretende que una justicia institucional los repare. En países como EE.UU. con sistema jurídico diferente al nuestro y con decisiones de la Corte Suprema con alcance erga omnes ha modificado practicas políticas y ha estimulado el activismo individual para hacer de la búsqueda de la justicia un compromiso personal respaldado por una institución atenta a esas excitaciones de los individuos a reclamar justicia.

Uno de los grandes cuestionamientos que debemos hacer es cómo lograr que una sociedad injusta pueda ser remediada por instituciones creíbles, sólidas y actores confiables. Es evidente que vivir en un país injusto hace que la existencia tenga una alta dosis de precariedad y un escaso manejo de las relaciones interpersonales y de negocios que genere confianza y con ella estimule la inversión local e internacional.

El derecho es el instrumento de la justicia y padece como ella en términos reales deficiencias de forma y fondo. Por la cantidad de abogados matriculados y facultades que otorgan dichos títulos pareciera que el Paraguay tuviera una sed de justicia, un deseo reparador de cosas que históricamente no funcionan bien. Sin embargo entre los profesionales sobre los cuales mas desconfianza social existe quizás junto a los vendedores de autos usados, seamos los abogados. El nivel de disconformidad se extiende a los jueces que muchas veces recomiendan a sus amigos no litigar por las consecuencias que eso supone en términos económicos y neuronales. La formación académica es pobre, la cantidad de alumnos no se corresponde con la necesidad real y, en el caso de los magistrados y fiscales, como decía el primer presidente del Consejo de la Magistratura el Dr. Federico Callizo, “la argamasa es mala”, por lo que elegir buenos magistrados resulta ciertamente imposible. El deseo de la Constitución del 92 de involucrar a todos los sectores sociales relacionados al mundo del derecho (facultades, gremios de abogados, ministros de Corte o legisladores) desafortunadamente no ha dado resultados de calidad al punto que las elecciones de estos representantes han pasado a ser vistos con sospecha indisimulada por la sociedad toda. Hemos confirmado con esta institución que el país es el “cementerio de las teorías” y lo que funciona bien en otros países no necesariamente lo hace en el nuestro.

ACTUANDO DESDE LO ÉTICO

El sentido del deber ético, sin embargo, requiere ser rescatado e implica una labor colectiva. Necesita pensarse y medirse el impacto de lo bueno, lo justo y lo ético. Requerimos como sociedad entender que una relación basada en principios construye valores en su conjunto y hace la previsibilidad jurídica se convierta en un factor que estimule la inversión local e internacional. El saber que una ley se redacta para ser cumplida y no ser interpretada caprichosamente nos debe llevar a entender que la justicia como objetivo tiene en ella un sustento cierto y serio.

Cuando logremos que el debate de la norma sea en el contexto de la justicia y no en su auxiliar que es el derecho estamos construyendo una “oración gramatical democrática” sostenida en el civismo y en la confianza. Todo lo contrario solo trae consigo las consecuencias de las sociedades injustas: desigualdad, inequidad, pobreza, criminalidad, fractura social, migración y nula inversión.

Después de 25 años de experiencia democrática, los paraguayos nos debemos un gran debate sobre la justicia pero vista desde una perspectiva económica, social y política. Debemos mirarla desde nuestras matrices culturales porque solo ella nos permitirá en verdad construir una república democrática y libre donde entendamos que hacer bien las cosas no se corresponden ni con la picardía caricaturesca del procedimiento del derecho que desafortunadamente en muchos casos a acabado con el evangelio de la justicia. El ritual del derecho no debe agotar la sedienta búsqueda de la justicia en el Paraguay.

Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho y profesor de universidades paraguayas, latinoamericanas, europeas y de EE.UU. Ha realizado cursos de posgrado en Navarra (España), Oxford (RU), Minnessota, Syracuse y Harvard (EE.UU.); de esta última ha sido Visiting Scholar, en el 2008.

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