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Nuevamente la clase política está recurriendo al mismo método de casos anteriores, donde se decidió el cambio de ministros solo en función a nombres y a número de afectados según el partido político al cual pertenecían. Hasta el momento ya se tienen posibles nombres, pero nadie se preocupó de examinar los fundamentos para el posible juicio político y esto es absolutamente necesario para determinar si existen causales de mal cumplimiento de funciones o comisión de delitos por parte de los ministros a ser acusados.
La denominación de juicio político no implica que los acusadores (Cámara de Diputados) o los juzgadores (Cámara de Senadores) puedan actuar con absoluta discrecionalidad para remover a un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa de algunos parlamentarios solo pretende distraer la atención sobre cuestiones muchos más graves que se están planteando y que mancillan fundamentalmente a la clase política o, peor aún, tratan de imponer a sus propios ministros, quienes no serán molestados mientras sirvan cumplidamente a los inconfesables intereses de sus mentores.
La justicia no será mejorada cambiando ministros de esta manera. El 2 x 2 nunca ha brindado un mejor servicio de justicia y la prueba es irrefutable.
Que muchos ministros de la Corte Suprema de Justicia deben ser removidos del cargo, no cabe duda alguna y los motivos son incontables. Pero esas causas deben estar claramente expuestas en la acusación y deben ser probadas para servir de fundamento a la sentencia de remoción. Y los que largamente se han hecho merecedores de este juicio no son dos ni solamente cuatro, sino que la lista es mucho más extensa y con mayores fundamentos y merecimientos que –por lo menos– uno de los cuatro sindicados para ser sometido al juicio político.
En este sentido, no comprendo y tampoco puedo aceptar que uno de los posibles enjuiciados sea el ministro César Garay Zuccolillo, a quien se le puede endilgar numerosos defectos, incluyendo la excesiva demora para resolver, pero a quien jamás podrá imputársele haber sometido su conciencia de juzgador a los mandatos del poder político o del sucio dinero. Van a remover a César Garay y dejar impunes a varios corruptos que aguardan en silencio el desenlace de esta nueva crisis político-judicial.
La renovación del Poder Judicial está siendo enfocada erróneamente una vez más y solo servirá para cambiar de nombres pero absolutamente nada más.
Mientras tanto, la tremenda confusión que se está suscitando también está siendo aprovechada por los pícaros de siempre que pretenden introducir distraídamente proyectos de ley que solo contribuirán a agravar la tremenda crisis moral que nos afecta. Desde luego, algunos inconformes con el género que la naturaleza les dio pretenden aprovechar el momento para llevar adelante sus más inconfesables objetivos. Alguien tiene que poner el tono de seriedad que el país necesita en un momento de tanta desesperanza como este y para ello, solo necesitamos de alguien que piense en el país y no en sus propios intereses