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Bray y sus colegas Gustavo Ocampos y Miguel Said, quien integra la sala tras la remoción de Tomás Damián Cárdenas, deben resolver la recusación del juez penal de garantías Rubén Riquelme y la excepción de incompetencia que planteó la liquidación del Banco Paraguayo Alemán SA, a cargo de la Lic. Teresa Idoyaga.
Los abogados José Casañas Levi y Álvaro Arias presentaron la reposición a Riquelme, ya que pretendían que el caso quede en manos de un juez de ejecución. El magistrado había rechazado lo solicitado y el expediente subió en febrero pasado al Tribunal de Segunda Instancia.
Arias explicó que el magistrado denegó la intervención a la liquidadora (que no asumió querella adhesiva porque se considera víctima), y que además preopinó porque en primera instancia había rechazado el comiso de los más de US$ 4 millones y fue la Cámara de Apelaciones la que ordenó esto último.
“El juez ya sostuvo una posición distinta y ahora el expediente baja a primera instancia, siendo que el juez competente debe ser el de ejecución, quien debe disponer el destino del dinero decomisado”, expresó.
El profesional también argumentó: “Resulta que el juez penal de garantías es competente para intervenir en el proceso durante la etapa preparatoria e intermedia, el juez penal de sentencia durante la etapa de juicio oral y público y el juez penal de ejecución para el cumplimiento de la sentencia”.
Arias y Casañas Levi adelantaron que una vez resuelta esta cuestión, presentarán un incidente de devolución de fondos depositados.
Según averiguaciones, el camarista Carlos Bray Maurice es el primer opinante del caso. Luego, el expediente pasa a Ocampos y por último a Said.
Comiso, pero en Cámara
El comiso especial de los fondos del Banco Alemán en el exterior fue dispuesto por este mismo Tribunal de Apelación, 1ª sala, el 28 de abril del 2006.
Para el efecto, Bray Maurice, Cárdenas y Ocampos revocaron una resolución dictada por el juez de primera instancia, Rubén Riquelme. El mismo había rechazado el pedido realizado en aquel entonces por el fiscal de delitos económicos Adolfo Marín.
El magistrado había descartado la petición por dos motivos fundamentales. El primero, porque el dinero solicitado por el Ministerio Público estaba prendado a favor del Deutsche Bank, cuestión que a su criterio debía ser dirimida ante la justicia suiza, lo que finalmente sucedió.
El segundo motivo esgrimido por Riquelme fue que se debía iniciar un juicio penal de confiscación de fondos ante las autoridades del cantón suizo, para intentar recuperar el dinero. A su criterio, el comiso especial no era la figura adecuada para lograr la repatriación de dichos fondos. Notificado de la resolución de segunda instancia, el mismo juez dispuso su cumplimiento.
La remisión del millonario monto
Finalmente, el 3 de febrero de este año, en cumplimiento de una orden dictada por la jueza del Cantón de Ginebra Alix Francotte Conus, el Deustsche Bank transfirió US$ 4.815.792 (intereses incluidos) a la cuenta abierta a nombre de la causa “Juan Peirano Basso y otros sobre lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis”, en el Banco Nacional de Fomento.
El fallo de la justicia suiza reconoció también el derecho que el Deutsche Bank tiene de reclamar dicho dinero, ante la justicia paraguaya.
De acuerdo a los antecedentes, esta larga batalla judicial comenzó en el 2002, año en que el Banco Central del Paraguay intervino el BAPSA. Luego de la fuga de su presidente, el uruguayo Juan Peirano Basso, quedó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el sur de Brasil, zona donde operaba el Grupo Velox.
La prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior fue una de las maniobras ilícitas perpetradas por los hermanos Juan y José Peirano Basso, para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investment Company.
En el caso específico de BAPSA, se trató de 4.300.000 dólares americanos que se encontraban depositados en el Deutsche Bank de Ginebra.
Si bien no existe duda alguna respecto al origen ilegal de la prenda y precisamente por ello, la justicia suiza falló a favor del regreso del dinero al Paraguay, no existe garantía de que ese dinero regrese efectivamente al BAPSA.
Ello es así porque la plata regresó en cumplimiento de una orden de comiso especial, figura que establece que debe ser dividido en partes iguales entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Un comiso especial
El comiso especial está establecido como figura legal en el artículo 95 del Código Penal, que establece: “La propiedad de la cosa o el derecho pasará al Estado en el momento en que quede firme la decisión, siempre que, al mismo tiempo, el afectado sea propietario o el titular del derecho”.
En el caso de la US$ 4.815.792 transferencia del Deutsche Bank de Suiza, la situación legal permite la división del dinero en partes iguales entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Pero la norma legal especifica en su parte final que “no serán afectados los derechos de terceros sobre el objeto”.
Precisamente amparados en esta especificación, los representantes legales de la liquidación del Banco Alemán Paraguayo SA solicitaron a la justicia que se les restituya el dinero.
El fiscal René Fernández se excusó de adelantar postura al respecto, pues debe tomarse una decisión institucional primero, dijo.
Sin embargo, hay un interesado directo, la liquidación del BAPSA, que ya intentó tomar la intervención con un escrito y solicitó diligencias varias, pero rebotó en primera instancia; y uno indirecto, que es el Deutsche Bank, cuyo derecho de reclamar la entrega del dinero es reconocido por el fallo dictado por la justicia suiza, pero que hasta el momento no ha realizado petición alguna ante la justicia paraguaya.
Al margen del interés de ambas partes en la millonaria suma, el juzgado atraviesa una situación inusual, pues la repatriación de estos dólares se hizo en cumplimiento de una orden judicial de comiso especial, dictada por la Cámara de Apelaciones, 1ª Sala, en 2006.
El proceso contra banqueros
El fiscal de Delitos Económicos René Fernández busca que los hermanos José y Jorge Peirano Basso rindan cuentas con la justicia por el presunto perjuicio de US$ 13 millones causado al Banco Alemán Paraguayo, y con respecto a Fondos Mutuos, la suma alcanza los US$ 24 millones.
En ambos casos, la expectativa de pena de los exbanqueros uruguayos es de 10 años de prisión, por estafa, lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis, entre otros delitos.
En agosto de 2010, un Tribunal de Apelaciones del Uruguay cerró la causa abierta a los banqueros uruguayos Dante, José y Jorge Peirano Basso. Todos fueron encarcelados en 2002 tras la quiebra del banco de Montevideo y recuperaron su libertad en el 2007.
El Tribunal de Segunda Instancia argumentó que la causa judicial debe ser clausurada y los antecedentes penales de los Peirano suprimidos, debido a que el delito por el que fueron procesados fue derogado en noviembre de 2008 por el Parlamento.
La sentencia del tribunal no beneficia a Juan Peirano Basso, considerado el cerebro del grupo Velox, que fue procesado con posterioridad, tras ser extraditado desde Estados Unidos, y por un delito distinto.
Los Peirano eran los principales accionistas del Grupo Velox, propietario de los bancos Velox en Argentina, Alemán en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Trade and Commerce Bank de Islas Caimán.
El escándalo dejó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay y Uruguay, y tocó a Chile, Perú y el sur de Brasil, toda la zona donde operaba el Grupo Velox. Juan Peirano, “cerebro” del grupo, pasó a residir en Estados Unidos después de una multimillonaria estafa en 2002 que abarcó bancos de Argentina, Uruguay, Paraguay e Islas Caimán.
Larga espera para extradición
La espera para que los exbanqueros Jorge y José Peirano Basso rindan cuentas con la justicia paraguaya se hace larga. Si bien ya no quedan recursos legales para rever su extradición a nuestro país, es la Suprema Corte Uruguaya la que dilata resolver si se clausura el proceso penal, lo que significará el traslado a Paraguay.
A esto se suma el fantasma de la prescripción por el trascurso del doble del plazo del delito previsto (10 años).
“Tenemos en esta causa por un lado una orden de captura y un estado de rebeldía de los Peirano, lo cual implica que todos los plazos se encuentran suspendidos y que se reinicia su cómputo una vez que ellos sean puestos a disposición. Por otro lado, desde el punto de vista material, la fiscalía considera que el plazo de la prescripción se encuentra suspendida teniendo en consideración que ellos no están sometidos al proceso”, había señalado al respecto el fiscal René Fernández.
El mismo aseguró también: “Una vez que se sometan al proceso debería continuar computándose ese plazo; pero esa es una discusión que tendremos en su momento seguramente con los defensores que posiblemente tengan otra posición jurídica en su momento y que por supuesto va a ser objeto de sustanciación del incidente que corresponda”.
Fernández aseguró que Paraguay tiene el derecho de acusar incólume. “Sostenemos que el derecho de acusar de la justicia paraguaya se encuentra incólume, se han implementado todos los recursos a los cuales se puede recurrir sobre todo en la cooperación internacional para preservar el derecho de acusar, las pruebas, y como para que en un plazo brevísimo, una vez que los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público, se formule la acusación, se desarrolle la audiencia preliminar y se llegue a un juicio oral y público”.