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“En este sentido, el Ministerio Público ha solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva, solicitando que se les imponga el arresto domiciliario y la caución real de G. 500 millones para cada uno (cubierta con inmuebles y vehículos), a más de haber solicitado ya en el acta de imputación, que se trabe embargo preventivo sobre todos los bienes de esta pareja, como también de cuentas de dinero, valores y depósitos en el sistema financiero, y es así como el juzgado ha fallado en la forma solicitada por el Ministerio Público. En ese sentido, esta pareja va a guardar reclusión domiciliaria con control permanente de la Policía Nacional”, explicó el magistrado tras la audiencia de medidas.
Ambos tenían órdenes de captura, al igual que el tercer involucrado, Gregorio Luis Berthand Gómez, quien todavía no compareció ante la justicia.
Los esposos también cuentan con prohibición de salir del país, ante la eventualidad de que puedan fugarse de su domicilio, explicó Otazú.
Asimismo, sus abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma afianzaron cada uno G. 250 millones, por cada procesado.
Con relación a los embargos, el juez explicó que se intenta precautelar los bienes que poseen los imputados, por lo que se impuso sobre todos los inmuebles inscriptos a su nombre, y también se ofició a la Superintendencia de Bancos a los efectos de congelar las sumas de dinero que puedan tener en cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósito.
Inventario en la SET
La Fiscalía ya corroboró un perjuicio de G. 340.000 millones, pero ese monto es parcial ya que todavía no concluye el inventario de facturas incautadas, que se desarrolla en la Subsecretaría de Tributación. Hasta ahora, se especula que la suma evadida al fisco ascendería a unos G. 107.378.000.000 entre diez empresas grandes y otros noventa pequeños contribuyentes. De momento, están en la mira unas 277 firmas.