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Sánchez está de acuerdo con el criterio de sus colegas en cuanto a la responsabilidad, pero no en la pena. “Corresponde determinar la sanción aplicable al enjuiciado, ya que conforme a nuestra legislación se establecen gradaciones con respecto a la respuesta punitiva en este ámbito, y sobre el punto, lo inherente a las cuestiones procesales suscitadas en causas judiciales, constituye facultad propia de los magistrados que entienden en los respectivos procesos, por lo que los posibles errores o diferentes interpretaciones que sobre ella se hagan, hallan remedio oportuno en los recursos previstos en las normas adjetivas aplicables al caso”, señaló en su voto.
Añade: “Siendo así, no resulta idóneo sostener una remoción referente a que se habría configurado un desconocimiento o no aplicación de la legislación vigente, salvo que las consideraciones vertidas en sus sentencias constituyan delitos o traduzcan ineptitud moral e intelectual”. Pide una menor sanción “Por consiguiente, esa circunstancia, si bien no constituye fuente justificativa del mal desempeño funcional acreditado, la misma se erige en un elemento neutralizador en cuanto a la sanción a ser aplicada –lo que no implica, para nada, desdecir el criterio de la gravedad del mal desempeño de funciones–, con la apoyatura del artículo 17.1 de la Constitución de la República, y, en consecuencia, este órgano constitucional es de la convicción que corresponde aplicar la sanción de apercibimiento, decisión que deberá ser comunicada a la Corte Suprema de Justicia, a efecto que se sirva disponer el levantamiento de la medida de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo, que pesa sobre el magistrado en cuestión”.