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La reacción ciudadana, entre ellos de connotados referentes del periodismo nacional, a través de las redes sociales fue lapidaria, lo cual motivó que el propio medio reconociera el error, pidiera disculpas y se comprometiera en no volver a incurrir en el mismo desliz.
La discusión no es nueva en nuestro país. El propio Sindicato de Periodistas del Paraguay a través de un manifiesto público que data ya de abril de 2014 claramente delimitaba la conducta ética a seguir por sus asociados.
En una postura digna de admirar y acorde con la Doctrina de la Protección Integral e igualmente sin atentar contra las garantías constitucionales que protegen la libertad del ejercicio del periodismo, aquel pronunciamiento ya expresaba su preocupación ante la manera de abordar, en diferentes medios de comunicación, los casos de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes.
En consonancia con quienes somos operadores del sistema, el gremio periodístico se alarmaba –ayer y hoy– que se ignoren criterios fundamentales para un abordaje responsable en temas que involucran a niños, niñas y adolescentes. Algunos espacios noticiosos dedican sus dos primeros bloques a la noticia conocida en la jerga como “crónica roja” donde no se observan mínimos respetos a la dignidad humana, no se preservan la identidad de los niños o adolescentes, se los expone como culpables públicamente atentando contra la constitucionalmente garantizada presunción a la inocencia y lo que es peor, se facilitan datos que permiten que la identidad del mismo sea develada lo cual los expone a la doble victimización y hace trizas el cambio de paradigma de considerar al niño como un sujeto de derecho.
En esas circunstancias los niños se vuelven puro objeto de la noticia, mercancía de la morbosidad y eso es inaceptable a estas alturas de los acontecimientos.
No existen argumentos profesionales ni éticos que puedan sostener la inconducta de ciertas personas que se empecinan en emitir al aire todo lo que pueda despertar el morbo y la curiosidad de cierto segmento de la población.
El autor de estas líneas durante más de una década ejerció igualmente el periodismo y se siente identificado con el trabajo comunicacional, pero cada una de las profesiones tiene un límite y ese límite justamente es el impuesto por las normas éticas, que es cierto no tienen el carácter coercitivo como las normas jurídicas, pero una mínima noción de civilidad hace que cada postura asumida tenga una consecuencia esperada.
En cada profesión hay un rasgo de humanidad al cual uno se adhiere de acuerdo a sus convicciones, formación e intelectualidad.
Es ahí donde particularmente aquel comunicado del SPP, que para algunos asociados no tuvo la trascendencia debida a juzgar por su conducta, adquiere mayor relevancia ya que cita como acciones contrarias a la ética profesional del periodista: el sensacionalismo y la identificación de víctimas de delitos sexuales y a niños, niñas y adolescentes que hayan incurrido en delito o sean víctimas de ello.
Las recomendaciones son brillantes, ya que insta a sus colegas que cuando los protagonistas de la noticia sean niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual, o en general víctimas de algún delito o cuando se trate de niños, niñas o adolescentes infectados con el virus VIH, se deberán utilizar nombres ficticios en las informaciones y otros mecanismos como cubrir el rostro, no aportar datos que puedan revelar su identidad.
Ello, en cumplimiento estricto del Art. 28 del Código de la Niñez y Adolescencia igualmente recomienda proteger la identidad de los padres, hermanos, tutores, familiares o compañeros de los niños, niñas o adolescentes, con miras a no revelar su identidad. Tampoco se revelará la identidad del niño, niña o adolescente mediante texto, fotos, videos, descripciones, narraciones, o utilización de imágenes sobre su lugar de residencia, entre otros.
Desde el fuero de protección igualmente instamos a la ciudadanía en general y a los medios en particular a tomar las precauciones debidas en el tratamiento de cuestiones relacionadas a niños y adolescentes.
Diariamente observamos y principalmente a través de las redes sociales, la manera en que se atenta contra todas las garantías establecidas a favor de los mismos en los principios transversales de la Doctrina de la Protección Integral a la cual está suscripta la República del Paraguay.
Paralelamente es muy buena la reacción de gran parte de la sociedad ante el caso que motivó el presente artículo, entre quienes se destaca a propios referentes del mundo de la comunicación en nuestro país, quienes no dudaron un minuto en repudiar a través de sus posteos lo que ha ocurrido.
Por ello es importante que el hecho no haya pasado desapercibido y mucho más importante va a ser si día tras día estos acontecimientos coadyuvan para hacer posible el carácter prevaleciente de los derechos del niño garantizados por la Constitución Nacional, que se tenga en cuenta su dignidad humana, el respeto irrestricto a su vida privada (Art. 16 Convención sobre los derechos del Niño).
Debe prevalecer el interés público y no la morbosidad, se debe preservar y proteger la identidad (Art. 29 Código de la Niñez y Adolescencia), el principio de inocencia y el cuidado en el lenguaje utilizado e igualmente todas las normas coincidentes con la postura asumida a favor de los niños, niñas y adolescentes de la República del Paraguay.
Lo dispuesto por el Art. 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que textualmente expresa “Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal” no puede ser letra muerta y en tal sentido, todos: operadores del sistema, medios de comunicación, padres de familia y ciudadanía en general debemos darle vida con nuestras acciones.
* Juez de la Niñez y Adolescencia de Misiones.