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Es indudable que nuestra cultura política es presidencialista. En primer término, nuestro pasado colonial fuertemente centralizado en el poder imperial (a diferencia por ejemplo, de los Estados Unidos donde existió mucho más autonomía local) nos acostumbró a la idea del mandato radicado en una persona, cuyo éxito de gestión significaba el éxito de la nación y viceversa. Nuestros primeros años de historia independiente reforzaron el concepto de liderazgo fuerte centrado en la figura de un presidente.
Sería extenso, y además no exento de polémicas, repasar en estas líneas los lineamientos históricos que determinaron nuestra cultura del autoritarismo. En concreto, los constituyentes del 92, bien advertidos de los riesgos y tentaciones de volver por el camino de las dictaduras, establecieron claras limitaciones y contrapesos a la figura del presidente de la República. Algunas de estas limitaciones y contrapesos han funcionado bien, otras han traído problemas de gestión que ya hemos repasado en las entregadas anteriores.
Por lo pronto en estas reflexiones nos detendremos en las sugerencias que creemos prudentes considerar –en una eventual reforma a la Constitución– respecto de la elección y facultades del presidente de la República.
1.- La elección presidencial.
a) Duración del mandato. La duración del mandato presidencial de cinco (5) años se ha demostrado afortunada, pues se trata de un periodo de tiempo prudente para demostrar gestión y resultados. Un periodo más corto, en los países latinoamericanos que se ha aplicado, no ha dado buenos resultados (como por ejemplo Chile que redujo a 4 años el periodo).
b) Reelección. Somos partidarios de la reelección. El electorado paraguayo ha demostrado, más allá de que no hay elección perfecta, que ha madurado lo suficiente, para castigar malas gestiones, votar “cruzado”, afirmar liderazgos locales, y lo más importante, dejar de votar a su propio partido si estima que su gestión no es eficiente. Los últimos años demuestran que el país ha asimilado la democracia y la alternancia en el poder, sin que ello signifique más problemas que los propios de cualquier nación moderna.
En este contexto, no parece mal que un presidente en ejercicio someta su gestión al voto ciudadano. No nos quedan dudas de que si ha sido un buen presidente será reelecto, y en caso contrario perderá el poder. Hoy la elección (así ocurrió con Fernando Lugo y con el actual presidente electo) se define por el voto independiente que vota con entera libertad por gestión y carisma, y no por lealtades partidarias. Insistimos, en este contexto, nada hay que temer de la reelección.
c) Respecto de la segunda vuelta electoral, cuando ninguno de los candidatos a presidente obtiene mayoría absoluta en la primera elección, nos parece imprescindible incorporar el sistema de segunda vuelta. Es necesario que un presidente tenga alta representatividad y legitimidad de gestión, por ello es prudente que se busque que un candidato obtenga la mayoría absoluta o al menos que sea suficiente un mínimo de 45% de los votos, cuando tiene una diferencia de más de 10% con el segundo candidato más votado (como ocurre en el sistema argentino).
El sistema electoral sin segunda vuelta es un riesgo latente para el país, pues llegado el caso de una elección cerrada, definida por poco margen, el país puede quedar dividido y gobernado por un presidente que iniciará su gestión con serios problemas de gobernabilidad.
2.- Facultades ejecutivas.
Nos remitimos a lo que hemos expuesto en la entrega número tres de estas reflexiones, en las cuales hemos expresado cuáles son nuestras sugerencias y reflexiones respecto de la relación de facultades entre Congreso Nacional y Presidente de la República. En esas líneas hemos señalado que deben –a nuestro modesto juicio– limitarse las facultades parlamentarias en materia presupuestaria y de iniciativa legislativa en materia tributaria. Fuera de lo anterior creemos que el esquema actual de limitaciones de poderes y equilibrios de nuestra Constitución es adecuado como actualmente está.
3.- Gobernaciones
La idea original de las gobernaciones es básicamente descentralización. Se trata de poderes ejecutivos locales que –al menos en teoría– en coordinación con el Poder Ejecutivo central disponga las políticas de desarrollo humano, social y económico local.
Prácticamente todos los analistas que hemos consultado y las estadísticas demuestran que el sistema de gobernaciones ha sido en gran medida un fracaso. Al no existir un sistema realmente descentralizado en gran parte las gobernaciones parecen sobrar. Al ser elegido por voto popular, muchas veces no tienen ninguna afinidad política con el presidente de turno, de forma que no se produce ninguna coordinación de políticas de desarrollo.
Creemos que deben ser eliminadas las gobernaciones y fortalecer las intendencias municipales. Las intendencias de cada departamento de la República podrían formar un consejo de intendencias, presidido por el intendente de la ciudad capital departamental. Dichos consejos presentarían proyectos concretos de desarrollo a ser financiados por el Gobierno central. Esta, o alguna otra fórmula similar, nos parece ampliamente mejor que el actual sistema de gobernaciones, que prácticamente no tienen nada positivo que mostrar.
Es esta además una fórmula que permitiría reducir el aparato estatal y aumentar la eficiencia del Estado en su fase ejecutiva. Las intendencias tienen un contacto local directo con las necesidades y ha quedado demostrado que en los lugares donde los intendentes trabajan con honestidad y patriotismo han logrado importantes mejoras en sus comunidades.
Igualmente creemos que introducir la sana competencia entre ciudades y departamentos para obtener financiamiento para proyectos concretos será una forma directa de fomentar la preparación y el estudio en la comunidades, fomentar el trabajo local, lo que a su vez evitaría en alguna medida la migración a las ciudades más grandes. Las gobernaciones no han logrado nada de esto –ni aun en los casos en que los gobernadores han trabajado fielmente– pues sus facultades se superponen por una parte con el Poder Ejecutivo central y por la otra con las propias intendencias, de forma que termina siendo un desperdicio de recursos valiosos.
Si quisiéramos mantener la idea de gobernaciones, debemos optar por la regionalización efectiva (al estilo de Italia por ejemplo), pero ello resulta demasiado caro y en alguna medida algo absurdo en un país como el nuestro de escasa población, además concentrada en unas pocas ciudades.
La idea de gobierno local, en nuestro medio, debe ser a nuestro juicio, la idea de gobiernos municipales y comunitarios. La gran mayoría de nuestras intendencias son comunidades pequeñas, con conjuntos de población escasa que no justifica la existencia de toda una burocracia intermedia entre presidente e intendencias, que es en el fondo el único papel real que cumplen las gobernaciones. Se trata de una burocracia demasiado cara para sus resultados reales.
La anteriores son nuestras ideas, generales, sobre el sistema de Poder Ejecutivo administrador que ofrecemos al debate, con el único propósito de ello, es decir, que se debata, se discuta y se obtengan acuerdos que se revelan como necesarios en el proceso de construcción de la nación con la que todos, con nuestros defectos y virtudes, soñamos.
Ministro de la Corte Suprema de Justicia.