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Tras años de lucha, audiencias públicas, manifestaciones, escraches y varios kilómetros de papel escrito, que intentaban crear conciencia cívica y comprometer a la clase política para que inicie una reforma judicial que implique, entre otros muchos cambios estructurales necesarios, la remoción de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de funciones, prevaricato y delitos comunes cometidos en el ejercicio del cargo, aparentemente, con la renovación de la mesa directiva del Congreso nos presentan un amague más.
MIS MIEDOS
Escuché pacientemente discursos plagiados a honorables referentes jurídicos de nuestro país en boca de senadores y diputados colorados y liberales –principalmente– defendiendo la tesis de iniciar cambios –vía juicio político– en la Corte Suprema de Justicia.
Por sus dichos surge evidente la falta de debate sobre el tema en el seno de los partidos políticos; al ser consultados atacan al ministro de la Corte que más les conviene.
Las respuestas torpes esbozadas cuando se les pide que profundicen sus argumentos hacen que me invada la duda razonable de sus verdaderas pretensiones.
Tengo miedo de la improvisación, de los acuerdos “políticos” de blanqueo judicial, de que nuevos mediocres e infradotados morales ocupen nuestra Corte Suprema de Justicia.
Miedo que la ciudadanía no acompañe la renovación pretendida involucrándose en el proceso de selección de los futuros ministros.
Siento pánico a los intereses mezquinos de Blas, Enrique, Víctor, José María, Hugo, Juan Carlos, Zulma, Enzo, Javier, por citar algunos de los que levantan frenéticamente la bandera de una justicia que nunca les importó y que siempre estuvo arrodillada para dar “su bendición” a quienes hoy la critican; a estos personajes de nuestra fauna política no les interesa el bien común, lo han demostrado con hechos cotidianos, con la nefasta influencia que han ejercido siempre en los estrados judiciales, nombrando operadores políticos como funcionarios judiciales, abogando por la designación de fiscales y jueces “a la medida”.
Para la mente retorcida de estos averiados institucionales el bien común se reduce a las sobras que “caen de su carreta”, la cual está cargada de corrupción e impunidad.
La clase política es y ha sido cómplice de la corrupción judicial, se ha beneficiado consuetudinariamente con los “pactos de impunidad”. La remoción de esta Corte Suprema de Justicia es necesaria y argumentos sobran. Lo hemos presentado hace mucho tiempo al Congreso Nacional, pero aparentemente el cambio no tiene como fundamento el pedido ciudadano y esto amerita una profunda reflexión de nuestra parte. Es verdad que resulta impensable tener una justicia humanizada y confiable si los que están a la cabeza andan asaltando vestidos de toga y corbata a todos los que pueden, pero también es verdad que el mayor enemigo del país es y ha sido siempre la falta de compromiso e irresponsabilidad de senadores y diputados.
Si queremos que esta renovación sea exitosa y no seamos instrumentados por políticos oportunistas que ahora nos invitan a “bailar” su cantinela de siempre, motivados –estoy segura– en sacar alguna “ventajita” al cambio debemos, los ciudadanos, exigir ALGO MÁS que la poda de hombres, debemos exigir argumentos sólidos para la remoción y, además, la persecución penal por los hechos punibles cometidos por los destituidos.
Debemos exigir que los mejores hombres y mujeres integren la futura Corte.
Debemos darles a nuestros futuros representantes del Poder Judicial reglas claras que deben cumplir.
Los nuevos ministros deben saber a qué van a la Corte y para eso es imprescindible conocer la hoja de ruta.
La democracia implica la construcción de la representación, los mandatos no son “cheques en blanco” que pueden utilizar los políticos a su antojo.
El desafío de la ciudadanía es precisar los límites de la representación política, en palabras más simples, podríamos decir que el valor de este pretendido cambio de ministros beneficiará al país en tanto y en cuanto nuestro mandato sea claro, y para eso es necesario que nuestra voz se escuche y que dejemos de actuar como “si nos escucharan”.
CONCLUSIÓN
La ciudadanía precisa una prueba de amor que se materialice en sentencias condenatorias a los políticos que han cometido hechos de corrupción, que han sobrefacturado compras para el Estado, que han contratado a capataces de sus lujosas estancias y niñeras para sus hijos con dinero público, que han comprado tierras inservibles y pagado alianzas políticas del presupuesto destinado a la reforma agraria. Esto depende del Poder Judicial.
Los ministros de Corte se tienen que ir, la sociedad debe sentar las bases de su mandato y la clase política asumir compromisos serios que los cambios no serán para beneficio de sus cúpulas mafiosas; para eso los políticos de turno deben explicarnos anticipadamente qué es para ellos “una reforma judicial”.
*Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay